El secretario de Energía, Darío Martinez, ex diputado nacional por Neuquén y ex presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja, formuló en los últimos días una serie de declaraciones periodísticas procurando transmitir los trazos gruesos de la política energética del gobierno nacional, a los diversos co-protagonistas de la industria hidrocarburífera, del sector eléctrico, y a la población en general. Esos trazos y las definiciones de medidas específicas, advirtió, están condicionadas por la Pandemia del Covid-19 que continúa afectando al país y al mundo.
En tales declaraciones, realizadas por separado, a diversos medios gráficos, radiales, televisivos y en sitios web especializados, Martínez hizo hincapié en que el gobierno de Alberto Fernández se encontró con una “situación compleja” (también en el rubro energético) por lo que “resulta indispensable generar confianza en todos los actores del sector”.
“La política energética debe analizarse de manera integral”, remarcó, y en tal sentido dijo que considera “un acierto del Presidente poner a la Secretaría en la órbita de Economía”, dado que muchas decisiones en el sector, por caso precios, tarifas y subsidios, están en relación directa con la situación y las perspectivas macroeconómicas del país en el corto y mediano plazos.
Con relación a la política tarifaria para los servicios de gas y de electricidad en la etapa post pandemia, el Secretario señaló que “tenemos tarifas congeladas hasta diciembre en función de la pandemia, estamos trabajando en cuanto a la aplicación de herramientas como el subsidio focalizado (a nivel residencial) para llegar de una manera mucho más eficiente a aquel que la está pasando mal y no puede pagar” la tarifa completa.
En tal sentido, aludió a una serie de reuniones que él mismo viene manteniendo con empresas distribuidoras gasíferas y eléctricas de todo tipo, y estamos buscando la manera mucho más eficiente de llegar a cada uno de los usuarios.
“No podemos escuchar sólo a un sector que nos dice que las tarifas están atrasadas, si (a fin de año) estamos mejor , si la economía y la capacidad de producción se recuperó, y si hay un ciudadano que puede pagar , veremos cual criterio tarifario aplicar. Si todo se complica, veremos si se siguen congelando o no”, comentó el funcionario, quien considera que tras el congelamiento habrá una surte de transición tarifaria hacia un esquema de más largo plazo.
“Queremos que lo que el usuario residencial destine al pago de la energía que consume tenga una cierta proporcionalidad y estabilidad, pero a eso se llegará a más largo plazo”, explicó Martinez.
Acerca de la revisión sugerida por los interventores en los entes reguladores del gas (Federico Bernal) y de la electricidad (Federico Basualdo) a las RTI dispuestas durante el gobierno de Cambiemos para las tarifas de ambos servicios, el Secretario de Energía sostuvo que ello está “entre las funciones propias de los Interventores en el ENRE y en el Enargas”.
“Son su responsabilidad, son totalmente compatibles y no contradictorias con la política que hemos encarado desde la Secretaría, queremos ver que pasa con la caja de las empresas prestadoras de estos servicios, cuantos recursos destinan para hacer obras, y vengo hablando el tema con los interventores”, remarcó el funcionario , quien consideró que ”con un análisis mas fino de lo que ocurre se puede llegar a mejores decisiones”.
Con relación a la situación de distribuidoras de gas y de electricidad que no están pagando a las productoras-proveedoras del insumo, y a CAMMESA, Martínez afirmó que “esta misma semana tendremos reunión con Economía para analizar la situación de algunas distribuidoras (que argumentan no poder pagar por la afectación en sus ingresos debido al congelamiento y a la pandemia, que redujo la demanda industrial y comercial).
“Estas empresas deben entender que teníamos un Estado quebrado al asumir el gobierno y se verá que hacer”, indicó.
Con relación específica al transporte de electricidad y el estado de las redes del sistema, el Secretario estimó que durante el verano “van a haber cortes de energía por alta demanda sobre todo residencial”, y explicó que se trabaja en el diseño de un plan a dos años para adecuar las redes de transmisión”.
Martínez refirió que el tema esta siendo analizado con los intendentes de los partidos del AMBA . “Necesitamos que las distribuidoras cumplan con los compromisos de inversión para la mejora del servicio, y también tenemos que hablar sobre las deudas con CAMMESA. Tienen que tener mayor voluntad de pago”. advirtió.
En otro orden, y acerca de la situación de los proyectos adjudicados pero inconclusos en materia de energías renovables (Plan RenovAR 2), con plazos de realización varias veces diferidos, el Secretario Martínez señaló que “les dimos veinte días a las empresas adjudicatarias para ver por qué no se realizaron, queremos analizar los contratos, ver bajo que condiciones se firmaron, y resolver”.
“Aquel que no tenga intenciones de seguir con el proyecto puede dejar el lugar a otros interesados”, agregó. “Entendemos la energía renovable es la que viene, pero no a cualquier precio”, indicó, en relación a las remuneraciones por tal energía.
Con relación al rubro Combustibles, el Secretario de Energía explicó una política gradual en curso indicando que “las empresas (refinadoras de crudo, elaboradoras de biocombustibles ) fueron tomando un sendero de precios, a lo que se sumó una actualización del ICL ( Impuesto a los Combustibles Líquidos) que se venía postergando”. “Están pidiendo mucho mas pero ha sido gradual y lo iremos viendo según evoluciones la situación macroeconómica”, señaló.
Acerca del esquema del Barril Criollo, que se comercializa entre productores y refinadores para el mercado interno, Martínez explicó que “Argentina no resiste un esquema de desocupación como consecuencia de las oscilación de los precio del crudo”. “Cuando el precio del petróleo está por el suelo, eso tiene repercusión en el nivel de actividad en la pérdida de puestos de trabajo, y si el precio (internacional ) se va muy arriba ello no se derivará automáticamente a precios en el surtidor. Hay que tener un precio que sostenga la actividad”, puntualizó.
El funcionario destacó en este orden que “es importante considerar para el sector no sólo el tema del barril criollo sino la baja de retenciones que el gobierno dispuso para el petróleo ya que ello abrió una ventana de posibilidad para la exportación, pero sin descuidar el mercado interno”.
En otro orden, y mientras se aguarda la publicación del decreto detallando el Plan Gas Argentino 2021-2023 anunciado la semana pasada para estimular la producción de gas convencional y no convencional, Martínez destacó en sus varias declaraciones que el programa apunta a las productoras, a la mayor participación de las pymes locales proveedoras de bienes y servicios, a preservar puestos de trabajo en la industria, y a garantizar adecuado abastecimiento a los usuarios.
“El Plan apunta a establecer un esquema de confianza y de previsibilidad para todos los actores”, señaló. Y remarcó que “analizaremos las inversiones de las empresas y el valor agregado nacional aplicado al desarrollo de la actividad”, señaló Martínez, quien reivindicó el esquema de subastas para definir precios y volumen de abasto a contratar.
“Entendemos que las empresas obtendrán un precio que permita recuperar costos y reinvertir el incentivo (diferencial con precio tope) que dispondrá el Estado para revertir el declino de la producción y tener menor necesidad de importación”. “Hemos contemplado un esquema de garantía respecto al pago de los incentivos del plan”, refirió. Y “ habrá 5.600 millones de ahorro de divisas en tres años”, remarcó.
Acerca de las condiciones para participar del nuevo programa, Martínez sostuvo que “queremos que todas las empresas productoras participen”.
Pero Remarcó que “tenemos que cuidar los recursos del Estado; Hay juicios cruzados con alguna (Tecpetrol) y queremos llegar a un acuerdo para que pueda participar. Tiene que renunciar a eso para ingresar al nuevo esquema” puntualizó el Secretario.
Acerca de la infraestructura de transporte del gas a producir hasta los centros de consumo, Martínez refirió que “estamos analizando el mercado del sur del Brasil, pero hay que ver por cuantos años nos puede estar comprando Brasil (que tiene en desarrollo el Presal) y si hay que hacer un gasoducto nuevo”.
Mientras tanto, reveló que se analiza la inversión de unos 600 millones de dólares para aumentar en 10 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte en el sistema de gasoductos existente (operados por TGN y TGS).
