Durante el último mes, los más importantes Centros de Planificación Energética Internacional (BP, EIA, IEA, etc.) anunciaron que el fin de la Era del Petróleo se está acercando. La supremacía del Oro Negro se limitaría a la próxima década y en parte, ello podría verse influenciado por el resultado electoral en los EE.UU. De allí en más será cada vez mayor la participación de las energías renovables en la matriz energética mundial. Mientras tanto, en algún lugar del Tercer Mundo, se anuncia el lanzamiento de un Nuevo Plan Hidrocarburífero que vendría a dar sustentabilidad al sector y un respiro a la macroeconomía del país por los próximos 4 años. Lo que se dice un auténtico dejá vu.
Escribe Alberto Montebello
Hasta lo que se conoce de los prolongados anuncios y postergadas puestas en marcha, este Plan no es sino la continuidad del que, con algunas interrupciones operativas, estuvo vigente desde 2013 (cuando irrumpe el potencial de Vaca Muerta como maná potencia de divisas salvadora) y que, con horizontes cuatrienales, ha mostrado un viso de continuidad en un sector signado por los cambios de rumbo político.
La clave del programa consiste en que el Estado le asegura al productor un valor acordado por el gas suministrado, que es independiente del precio contenido en la tarifa. Inicialmente fue 7,5 dólares por millón de BTU y hasta la aplicación de la Resolución 48/17, que con serios errores de diseño al no considerar un tope de producción subsidiable se focalizó en la producción No Convencional, se definía un esquema descendente, partiendo del mismo valor (vagamente justificado), y reduciéndolo en 0.5 dólares por año. En términos generales la lógica del programa consiste en que existe un precio que paga la demanda y otro, muy superior, que recibe la oferta. La diferencia la pone el Estado, es decir la sociedad en su conjunto. Y ese aporte está definido, institucionalmente, en las pautas y Programas del Presupuesto Nacional.
Más allá de los resultados estadísticos que funcionarios y especialistas del sector se han dedicado a revelar y cotejar, la evidencia irrefutable observada es que la oferta de hidrocarburos responde a incentivos de precios o; en otros términos, la elasticidad precio es positiva, con más o menos rezago temporal. La continuidad de los sucesivos Plan Gas, iniciados a partir de la Resolución 1/2013, implicaron una notable transferencia de la renta petrolera en favor de las empresas hasta el año 2018, con un máximo histórico en el año 2015, como lo muestra Alejandro Einstoss en un estudio reciente .
La historia a partir de mediados del año 2018 muestra cierta continuidad del modelo de incentivos a la oferta, aunque la incorporación de un esquema de subastas (que vino a establecer un régimen de competencia con impacto favorable en los precios que paga la demanda), con la llegada del Secretario Iguacel, incorporó una lógica “hacia los mercados”, que también estaría contemplando el Plan GasAr o Plan Gas IV. Otro componente del próximo programa sería que el precio que percibiría la oferta tendría un techo inferior a los 4 dólares por millón de BTU, con lo que la asignación de renta petrolera encontraría una posición más balanceada entre productores, consumidores y Estado.
Lamentablemente la falta de políticas económicas consistentes ha generado en Argentina recurrentes crisis cambiarias, y por tanto la formación de precios de la energía en el mercado interno mostró, bajo los distintos signos políticos, relativa inviabilidad del modelo de negocio, en un contexto en que los costos dolarizados no pueden ser sostenidos por tarifas en pesos. De allí que el modelo regulatorio del gas natural, dado por la Ley 24.076, resulta insostenible.
Prueba de ello es que los ajustes por devaluación que fueron irrelevantes durante el período de Convertibilidad, pero que eran parte del modelo tarifario, se volvieron inaplicables en el año 2018, cuando el Decreto 1053 dispuso que fuera el Estado quien le retribuyera a las empresas por ese concepto, en varias cuotas. No obstante, de acuerdo a la interpretación de la Intervención actual del ENARGAS ello constituye una violación a la ley, y hay ex funcionarios imputados penalmente por esa decisión. Asimismo, parte de la inacción del Secretario de Energía que se fue en septiembre pasado estuvo, entre otra serie de factores, vinculado a la incertidumbre en la gestión de la política sectorial (en términos de la legalidad de la deuda a cobrar por parte de las empresas petroleras) que existía en función de este proceso. Más allá de esta incertidumbre, la falta de liderazgo político y ejecutivo ha sido, hasta el momento, una debilidad manifestada al interior de la coalición de gobierno.
De instituciones y liderazgos a mezquindades personales
La capacidad de liderazgo no es un atributo menor en nuestra sociedad. Según el gran escritor Tomás Eloy Martínez, el fracaso de la Argentina en relación a otros países de la región consiste en que la elite que conduce los destinos de nuestras Pampas no muestra aptitudes por encima del ciudadano promedio, sino todo lo contrario. Puede que esa teoría sea aplicable al sector petrolero en que existe algún grado de correlación (intuitivo) entre liderazgo y desempeño. Ha habido algunas figuras que dejaron su impronta, como Mosconi o Estenssoro, para mencionar sólo algunos ejemplos. Otro liderazgo positivo apareció tras la nacionalización de YPF.
Se ha cuestionado el endeudamiento de la compañía post (más reciente) nacionalización, pero en este caso el incremento del pasivo de la Compañía vino acompañado por un aumento de sus activos y un meritorio proceso de aprendizaje en la explotación del recurso No Convencional. Según trascendidos, existía un interés genuino del nuevo presidente de la Nación en la continuidad en la gestión de Galuccio, tras el cambio de gobierno de diciembre 2015, pero el contundente “o él o yo” del flamante ministro torció el rumbo y terminó en un muy pobre desempeño de la empresa de bandera durante esa gestión de Gobierno. Podríamos imaginar (inútil y tristemente) cuán distinta hubiera sido la historia si el tiro de esa bala de plata hubiera salido por la culata.
De la YPF de los años 2016-2019, conducida por un financista, queda en la estadística una baja performance productiva y la expansión hacia proyectos antieconómicos como los casos de la exportación de GNL o la pobre gestión de energías renovables y otros proyectos antieconómicos vinculados al sector eléctrico. Sin mencionar que la conducción operativa de YPF estuvo a cargo de un nuevo CEO que duró poco más de un año en el cargo.
Simultáneamente el ex CEO de YPF fue consolidando el gerenciamiento de su nueva firma VISTA OIL que, junto a otras empresas locales, como PAE y Tecpetrol han tenido un rol sectorial muy activo, y dan cuenta del potencial de la burguesía nacional que podrían liderar un nuevo y prolongado ciclo de crecimiento y desarrollo económico, tan largamente esperado. Seguramente este potencial productivo podrá dar todo de sí en la medida que el liderazgo político se consolide, de la mano del rol protagónico que se espera de YPF y en la medida que la estructura productiva se adapte a convivir con la (post) pandemia.
Otro liderazgo relevante se ha visto en la figura del gobernador de Neuquén, que es quien mejor interpreta la necesidad que el nuevo Plan GasAr se ponga en marcha cuanto antes. Su empuje está vinculado posiblemente a la plena conciencia que, de no existir un Plan sustentable, tanto en lo macroeconómico como en lo energético (con plena coordinación de ambos), los recursos de Vaca Muerta terminarían enterrados y desaprovechados, como su propia gestión. Pero si finalmente se pone en marcha, podría tener aspiraciones políticas a nivel Nacional. Es notoria, en este sentido la diferencia en la capacidad de liderazgo respecto a su par de la provincia de Rio Negro, que compartió el anuncio del lanzamiento del Plan desde el corazón de Vaca Muerta, pero que a diferencia del líder neuquino no termina de consolidar un liderazgo ejecutivo ni político en su provincia.
El núcleo de la contradicción y su posible Resolución
Como señalamos, el problema del pase a tarifas en el precio del gas forma parte del conflicto distributivo en términos del reparto de la Renta petrolera, y constituye el nudo gordiano a desatar.
La posibilidad de financiamiento desde el Estado es uno de los principales interrogantes bajo un esquema de “ventanillas múltiples” donde las demandas sectoriales y federales sobrepasan ampliamente los recursos disponibles, produciéndose así una puja entre una multiplicidad de proyectos, donde la emergencia sanitaria también impone sus prioridades.
El Plan GasAr es sin dudas un paso adelante para la salida de la situación crítica del sector, pero que requiere de mayores precisiones aún por definir, en especial en materia presupuestaria. Y sobre todo dirimir el conflicto entre asequibilidad y sostenibilidad económica del servicio energético a suministrar. El conflicto parte del diferencial que existe entre el costo del servicio y sobre todo la posibilidad de acceder al mismo, y la capacidad de pago de los usuarios, en un contexto de escasez de recursos fiscales.
El dilema no es de fácil resolución. La solución debe encaminarse a un modelo temporalmente auto sustentable con inclusión social, a partir de mejorar el foco de la población a subsidiar tanto como la modalidad del subsidio. En este sentido, si bien el modelo de Tarifa Social ha sido un avance en términos distributivos respecto al modelo de los años 90’, su resultado ha sido parcial para los usuarios del servicio y mucho menos eficaz para los no usuarios. Por más que se incluyan criterios de elegibilidad de la población a incorporar bajo esta tarifa diferencial (como lo anunció recientemente el Enargas), el problema está en la génesis del modelo, amén que la mayor inequidad está dada por la restricción de acceso al servicio, pues más de un tercio de la población carece del mismo.
En regiones frías el problema se plantea con más evidencia. Ocurre que los pobladores con acceso y menores recursos consume más cantidad de gas, pues son quienes peores condiciones habitacionales poseen, y si bien perciben un descuento tarifario, los niveles de gasto energético siguen siendo abrumadores. Son “pobres energéticos con tarifa social”. Es por eso que el diseño del mecanismo de subsidio debería apuntar a financiar mejoras en la infraestructura, de la mano del paquete tarifario. Naturalmente este tipo de medidas requiere de un apoyo de información estadística y geo referencial sustantiva.
Este tipo de medida sería de más fácil concreción en un régimen nacional como el del gas natural, con delegaciones dispersas en todo el país, que podrían coordinar un seguimiento más cercano hacia los usuarios, del tipo del aquí propuesto.
Necesariamente, esto también requiere de mayor coordinación con el área de infraestructura y obra pública, pero a su vez garantiza una mejor asignación de recursos ya que mayormente se trata de inversiones (ej: aislación térmica; mejoramientos de combustión; cambios de instalación, etc.) relativamente menores. Ciertamente el manejo de datos censales no es ni ha sido muy eficiente en nuestro país, pruebas al canto, las deficientes estadísticas de contagios de COVID han motivado críticas internacionales, y correcciones sobre la marcha, bastante inquietantes. Pero justamente, sin un buen diagnóstico, basado en datos estadísticos, no habrá medidas correctivas eficaces.
La otra gran carencia que tiene nuestra política pública es el análisis costo-beneficio. Y en este sentido hay un llamado de atención para mejorar las condiciones de acceso. Mientras el país exhibe con orgullo varios avances tecnológicos en el uso del GNC y GNL para suministros en localidades sin red de gas natural, y en usos para el transporte, resulta controversial que predomine el uso de GLP y combustibles líquidos, allí donde el gas natural tiene amplio espacio de sustitución con ahorros presupuestarios y mejora en las condiciones ambientales.
En síntesis, Argentina mantiene una iniciativa interesante en el campo de la innovación y la aplicación de buenas prácticas productivas a nivel del sector privado (aspectos de tipo microeconómicos). Pareciera que están faltando ideas desafiantes, mayor coordinación en la gestión (aspectos macro), y otro modelo de liderazgo en el plano de las políticas públicas (institucional) para lograr convergencia y uniformidad de criterio en las medidas a aplicar, y así poder cumplir el arduo objetivo de poner a la Argentina de pie.
