Por Juan Carlos Doncel Jones (*)

Desde que se inventaron y desarrollaron las máquinas para generar cargas eléctricas y a medida que esa tecnología fue evolucionando e incorporando a la actividad industrial, comercial y luego en forma masiva a la sociedad, la electricidad se ha convertido en un bien irremplazable para toda la comunidad. Nos resulta imposible, en el siglo XXI, imaginarnos un mundo sin energía eléctrica, y debiéramos remontarnos a la época de nuestros abuelos o bisabuelos para entender cómo se las ingeniaban. El aislamiento vivido durante la pandemia hubiese sido muchísimo más perjudicial sin energía eléctrica, que nos permitió mantenernos conectados, activos y en alguna medida “entretenidos” gracias a la cantidad de dispositivos que funcionan a partir de la misma.

Pero la energía eléctrica es parte de una industria compleja e integrada, que por su relevancia y singular importancia requiere sucesivas inversiones en equipamiento para ponerlas en funcionamiento y servir al fin para el que ha sido concebida.

En nuestro país, esa actividad o servicio se encuentra regulado por las Leyes 15.336, 24.065, la Ley 26.190 de fomento a las energías de fuente renovable. Bajo esas reglas de juego los agentes del denominado MEM -Mercado Eléctrico Mayorista- interactúan entre sí y con la administración pública para instalar su equipamiento, producir la energía y entregar ese bien indispensable a la comunidad, procurando el menor costo para el sistema en su conjunto.

Pero como en cualquier actividad industrial, comercial o de servicio, aparece entonces el “socio oculto” –en las buenas- que a todos alcanza y del que nadie escapa[1] con su carga tributaria. Ahí es donde nace la tentación de algunas jurisdicciones de salir de tour de cacería en busca de la presa acorralada y que ni siquiera pueda saltar el alambrado en busca de otras praderas.

Hoy, la presa de caza son las centrales de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y los cazadores los gobiernos provinciales / municipios, que ven en esas industrias el milagro, como si se tratase de maná caído del cielo.

A través de las leyes XVI N° 100 y XV N° 101 –ambas del año 2019-, la Provincia de Chubut, extendió los límites del “zoológico”, a través de la ampliación de los ejidos municipales de las localidades de Rawson y Puerto Madryn. Ambos municipios, tendrán a partir de entonces una superficie mayor al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese “gesto político”, le permite a los municipios percibir tasas por servicios, que hasta entonces no tenían capacidad o competencia para gravar. Dato al paso, y no menor, es que dentro de la delimitación de los nuevos ejidos municipales, se encuentran dos de los parques eólicos más grandes del país. Oh casualidad!

Lo que en apariencia surge como una decisión de política expansiva en materia territorial, no es otra cosa que la salir en la búsqueda de contribuyentes, que no tienen escapatoria. Decisiones de esa naturaleza, si bien aparentan legalidad, resultan arbitrarias e inconstitucionales, en cuanto pretenden quedarse con parte de la renta del generador disfrazado como tasas, por servicios que no solo no se prestan sino que tampoco están en condiciones de prestar.

El sector de energías renovables, sobre un total de 41.564 MW de potencia instalada, alcanza al día de la fecha a 4025 MW. La demanda cubierta con dicha fuente de energía alcanzó en el mes de octubre del año 2020 un 12,7% de la demanda total del país; ello significa que nos encontramos aún a mitad de camino entre lo que exige la ley y las necesidades de inversión para duplicar la capacidad de equipamiento a partir de fuentes renovables, con inversiones que no solo proveerán mano de obra local, sino también la complementariedad de proveedores nacionales.

Ese cambio de las reglas de juego a poco de comenzar significa un retroceso y no solo afecta la seguridad jurídica, sino que amenaza proyectos futuros en proceso de análisis y evaluación.

Por último, esta ¨sutileza” producirá incrementos de costos del sistema energético en forma artificial, de manera distorsionada y en un “teórico” beneficio para comunidad en donde se establezcan, en claro detrimento del resto de la sociedad.

A fuerza de ser reiterativo, cito nuevamente aquella frase del libro Cuentos Chinos (Andrés Oppenheimer, 2006), en donde cita al reconocido economista del MIT –Rudiger Dornbush– explicando las dificultades de ciertos países de América Latina para superar sus problemas.

“Los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido. Ustedes tienen normas rígidas de cumplimiento flexible. O sea, en los países que funcionan, los Congresos actualizan sus leyes periódicamente, pero una vez que lo hacen sus gobiernos las hacen cumplir. En los otros, las leyes son estáticas pero no necesariamente inflexibles. Mientras no se respeten las leyes y no exista confianza, los países no recibirán inversiones nacionales ni extranjeras, y tendrán que seguir”.

Por último, recordemos las palabras de Schiller: «Mediocridad, el más peligroso de los enemigos«.

[1] Benjamon Franklin en su carta a Jean-Baptiste Le Rey le dice: “Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes”.

(*) Abogado especialista en Derecho Público y en temas energéticos.

La entrada “La recurrente tentación de salir de cacería por el zoológico” se publicó primero en EconoJournal.

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