En noviembre del año pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que en junio próximo se lanzará una nueva subasta a largo plazo de energías renovables.
Si bien aún faltan muchas precisiones sobre cómo serán las bases y condiciones de la convocatoria, desde el Gobierno ya adelantaron que se enfocará a abastecer a los clientes no regulados (empresas e industrias). En marzo se darían a conocer mayores detalles.
Algunos sectores celebraron la iniciativa, pero otros pusieron algunos reparos. Tal es el caso de las entidades gremiales Acolgen, Andeg, Asocodis, Andesco y Andi, que representan a buena parte de las empresas del sector energético colombiano.
El 4 de enero pasado, las cámaras enviaron una carta –firmada conjuntamente por sus máximos referentes- al despacho del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, haciendo algunos planteos de fondo sobre la convocatoria.
Energía Estratégica tuvo acceso a la misiva. En principio, las entidades exhortan a que “antes de llamar al desarrollo de una nueva subasta de largo plazo, se realicen los esfuerzos necesarios para materializar los proyectos adjudicados en la última subasta”.
Y agregan: “específicamente en lo concerniente a su oportuna conexión al Sistema Interconectado Nacional”, señalaron haciendo mención implícita de las demoras que presenta la línea Colectora, de la que dependen todos los parques eólicos adjudicados.
En conclusión, piden que el Gobierno termine garantizando la posibilidad de que los emprendimientos que se vayan a adjudicar puedan construirse en los plazos establecidos de antemano.
Que compitan todas las tecnologías
No obstante, las cámaras empresarias solicitan un cambio radical: que el Gobierno abra el juego no sólo a las renovables no convencionales, como está estipulado, sino a todas las fuentes. “En la actualidad pueden competir en igualdad de condiciones frente a las tecnologías convencionales”, opinan, en clara referencia a las represas hidroeléctricas y a las centrales termoeléctricas.
Sugieren que el hecho de que no se haga diferenciación por tecnología permitiría “una mayor concurrencia de oferentes”, lo que redundaría en menores precios de energía ofertada.
Confiabilidad del sistema
Como tercer punto, los gremios advierten sobre la necesidad de “armonizar el esquema de expansión”. Señalan que un exceso de fuentes de energías variables, como la eólica y la solar fotovoltaica, podrían traer problemas de confiabilidad.
“Consideramos adecuado actualizar los estudios de flexibilidad técnica del sistema frente a la penetración gradual de fuentes renovables no convencionales”, explican.
Sugieren la elaboración de un análisis que incluya variables de beneficio-costo de agregar fuentes variables al sistema, y que determine los impactos que podría ocasionar en la red eléctrica
Contratos en dólares
No obstante a lo planteado, la carta explica que si el Gobierno decidiera avanzar en la subasta a largo plazo de energías renovables, sería “importante” una “asignación equilibrada de riesgos entre la oferta y la demanda”.
En ese sentido, los gremios firmantes disienten sobre la idea de que la contratación de energía sea en pesos colombianos, como ocurrió en la subasta pasada. “Contribuye a asignar el riesgo cambiario a los desarrolladores de los proyectos”, aseguran. Se intuye que las cámaras solicitan que los contratos sean en dólares.
Participación voluntaria de la demanda
Del mismo modo, plantean que la participación de la demanda en la futura subasta (dirigida, según adelantaron las autoridades, a clientes no regulados) no sea obligatoria, como ocurrió en la convocatoria anterior.
“Una porción significativa de usuarios no regulados tiene proyectos en desarrollo y contratos de largo plazo, una participación ‘obligada’ en una subasta de contratos originaría una sobrecontratación”, advierten.
