Por Antonio Rossi

Anunciada a fines de diciembre, la venta de las acciones mayoritarias de Edenor que acordaron el holding Pampa Energía controlado por Marcelo Mindlin y la sociedad conformada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti sigue generando ruidos y reclamos al Gobierno para que no apruebe la transacción sin una intervención previa que evalúe a fondo los antecedentes y la capacidad patrimonial de los compradores.

En medio de un llamativo silencio de los legisladores oficialistas y de la oposición, los principales cuestionamientos contra el traspaso accionario de la distribuidora eléctrica que surgieron hasta ahora provienen de centros de estudios integrados por especialistas y técnicos ligados al Justicialismo y sectores de izquierda.

El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) -que agrupa a especialistas, académicos y ex reguladores identificados con el Justicialismo-planteó que “resulta urgente y necesario que el Estado, a través del ENRE y de otros organismos públicos competentes en tema, intervenga para clarificar tanto los alcances de la venta, como toda otra circunstancia que pueda vulnerar la prestación del servicio público que se encuentra en juego”.

“Si los compradores no pueden dar explicaciones satisfactorias para garantizar una adecuada atención del servicio público, es de esperar que se rechace esa transferencia y se tomen los recaudos necesarios para el mantenimiento del suministro eléctrico dentro de los parámetros contractuales de calidad que hace años se incumple, a pesar de los beneficios otorgados por el anterior gobierno a los actuales dueños de Edenor por alrededor de $ 50.000 millones en un proceso oscuro que hoy se está investigando en la justicia penal”, destacó el IESO.

En un reciente documento, el IESO -que integran, entre otros, Marcos Rebasa, Andrés Repar, Ernesto Quiles y Juan Carlos Tesso- advirtió que “es posible que el grupo Manzano-Vila-Filiberti busque evitar la intervención del ENRE sosteniendo que no es el mismo que posee las acciones mayoritarias de Edemsa, subterfugio formal que el ente regulador está habilitado para evaluar y, eventualmente rechazar, en virtud de sus amplias facultades legales establecidas por la ley 24065 para controlar la competencia en los mercados, actitudes monopólicas o de abuso de posición dominante”.

“Mientras el ENRE no se exprese, no puede adquirir vigencia la transferencia de acciones. Lo sabremos cuando se realicen las audiencias respectivas, que por la importancia del tema deberían ser públicas para que no haya dudas sobre la transparencia del cambio de dueños y la futura prestación del servicio en la región metropolitana”, señaló el IESO.

Con respecto a la situación actual de Edenor y el currículum de los compradores, el informe del IESO resaltó los siguientes puntos:

–Los actuales operadores de Edenor tienen una deuda con la Cammesa por la compra de electricidad que ronda los 18.000 millones de pesos que resulta casi el doble del valor declarado por la venta de sus acciones mayoritarias.

–El precio de las acciones que informaron los vendedores y compradores es sospechosamente bajo y es uno más de los diferentes aspectos que tiene que considerar y evaluar el ENRE para autorizar la transferencia.

–El grupo adquirente no acredita, en principio, los recaudos establecidos en el proceso de privatización de SEGBA para Edenor y Edesur y que suponen una acreditada experiencia en empresas de magnitud similar en distribución eléctrica y una solvencia financiera y técnica adecuada para la magnitud de la gestión a emprender.

–El grupo Manzano-Vila-Filiberti no cumple de manera evidente con esos requisitos. La empresa provincial mendocina Edemsa -que tiene bajo su operación- está en crisis hace más de una década, arrastra litigios con el gobierno mendocino, presenta resultados económicos que no la favorecen y, además, le debe alrededor de 9.000 millones de pesos a la Cammesa por energía que no ha pagado en los últimos años.

Por su parte, el denominado Grupo Bolívar -que tiene entre sus principales componentes a Claudio Lozano, Víctor De Genaro y Fernando Vaca Narvaja-también salió al ruedo con una posición crítica que reclama la entrada en escena de la ANSES.

Por medio de un documento, el Bolívar le solicitó al Gobierno de Alberto Fernández que, a través de la ANSES que ya tiene el 27,8% de Edenor, salga a ejercer la opción de igualar la oferta en juego y se quede con el control de Edenor.

Tras señalar que los 100 millones de dólares del valor declarado de la transacción “se ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene la compañía”, el Grupo Bolívar advirtió que existe “una excelente oportunidad para que la ANSES incremente su participación accionaria, dotando al pueblo argentino del control de la principal eléctrica del país y poniéndola al servicio de los intereses nacionales”.

Además, el documento del Bolívar pidió “revisar los mecanismos de funcionamiento de los entes reguladores que están cooptados por las empresas concesionarias para que sean públicos todos los sumarios abiertos por infracciones y para que puedan registrarse las irregularidades que permitan el día de mañana rescindir los contratos sin costo para el Estado”.

Nota Editada en Transporte y Energía