Tras la declaraciones de Alberto Fernández sobre el nuevo Plan de Desarrollo Federal en materia energética en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, surgió la información de que el gobierno trabaja en un proyecto de desdolarización y pesificación de contratos eléctricos Power Purchase Agreement (PPA).

Carlos Cueva, socio del estudio Beccar Varela, analizó la situación y las consecuencias que podría acarrear en el sector: “Creo que es una jugada muy fuerte, porque no es un cambio o hecho que esté previsto en los contratos. Ni siquiera prevé que las partes puedan sentarse a cambiar la moneda del contrato, en este caso de los dólares”. 

“No está permitido. Implicaría un cambio sustancial en los contratos y hay que ver cómo resulta. No sólo en los PPA se fijan el pago del precio en dólares, sino que en todas las demás variantes de pago, de garantías, multas o de lo que fuere de cualquiera de las partes, está previsto en dicha moneda”, agregó.  

Y más allá del análisis de si es una jugada política o técnica para reducir el precio, el especialista señaló que hay otro elemento a tener en consideración: “El impacto de los contratos de los PPA en dólares en todo el mercado eléctrico es mínimo. El beneficio directo o indirecto a los usuarios finales es lo que le puede interesar al gobierno”. 

Esta situación la comparó con “un caballo de batalla” durante las convocatorias del Programa RenovAr o del Programa GENREN, que “preveían precios en dólares para hacer más atractivos la inversión en el sector”. 

“La discusión que se plantea en los contratos que no avanzaron es ver si se aplica la ley y la regulación contractual a rajatabla, o si hay cierta flexibilidad para que aquellos que tengan una chance de terminarlos, lo puedan hacer”. 

“Si van a tocar el precio del pago del contrato, en dólares a pagar en pesos, debería ser con acuerdo de la contraparte en el caso por caso”, opinó Cueva. 

Ante la pregunta de si existe el riesgo de que se presenten amparos en caso que se confirme la ley, el abogado mencionó que “sí, pero deben darse darse ciertas circunstancias, un cambio muy sustancial del derecho de alguna norma o contrato que no revise mayor debate y prueba y que un juez tome una solución rápido”. 

Aunque no sabe si los jueces se adentrarán en dichos temas ya que los PPA tienen previsto al arbitraje como método o mecanismo de resolución de conflictos y controversias entre las partes, aunque son procesos de mayor tiempo y complejos. 

En cuanto a las consecuencias conceptuales, Carlos Cueva destacó que se puede dar una “pérdida de seriedad institucional”. Ya que, al tratarse de contratos que se promovieron en dólares para atraer inversiones, y ahora “se deje de lado de manera unilateral, es una señal muy negativa para el mercado”. 

“Y en los casos particulares de cada uno de los proyectos que se realizan, las partes verán los reclamos que pueden hacer, ya sea rescindir el contrato u optar por la cláusula de venta del mismo al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables, dos consecuencias alternativas”. 

“Eso dependerá en función de cómo esté escrito el proyecto. Dispara muchas consecuencias. Si la pretensión del gobierno es tocar una de las variables, razonablemente tendrán que tocar todas”, argumentó.