El ministro de Economía, Martín Guzmán, es uno de los principales impulsores de la suba de tarifas dentro del gobierno. En el presupuesto 2021 estableció que la ratio de subsidios sobre el producto permanecerá constante respecto de 2020, lo que implicaría autorizar un incremento de al menos un 30%. En el informe de base presentado este lunes en la audiencia pública que se llevó adelante para discutir qué porcentaje del precio del gas en boca de pozo debe ser subsidiado se dejó en claro esta situación. El dato sorprendente del día es que entre los que le salieron al cruce reclamando la continuidad del congelamiento no solo estuvieron las asociaciones de consumidores sino la diputada oficialista Fernanda Vallejos, quien encabezó la lista del kirchnerismo en 2017 por decisión de Cristina Fernández de Kirchner e integró OETEC, el think tank energético fundado por el interventor del Enargas Federico Bernal, otra persona de confianza de la vicepresidenta.
A comienzos de febrero, Guzmán defendió la suba de tarifas en C5N. “Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir y esa emisión en la economía argentina termina presionando sobre el tipo de cambio”, aseguró entonces y ratificó esa postura este lunes por la noche en La Nación +.
Vallejos, quien expuso anteúltima en la audiencia, cuestionó con dureza la postura del ministro, aunque tuvo la delicadeza de no nombrarlo. “Durante el gobierno de la actual vicepresidenta, la crítica a la política tarifaria, tanto por los subsidios como por la desdolarización que se había instrumentado a partir de la emergencia, estaba a la orden del día. El argumento más difundido se daba bajo el imperio de una mirada fiscal monetaria de la inflación como parte del ideario monetario neoliberal, compartido por los neoclásicos y por la versión más edulcorada que expresan los neokeynesianos. Se trataba del clásico planteo ortodoxo que sostenía que los subsidios económicos entendidos como gastos del Estado, financiados con emisión, eran los responsables de la inflación”, sostuvo.
Luego remarcó que esas críticas fueron funcionales a la política energética de Mauricio Macri, quien cuando llegó al gobierno comenzó a reducir los subsidios y eso derivó en fuertes aumentos de tarifas e inflación record. “La política de tarifazos del período 2015-2019, que impulsó sistemáticamente al alza el componente de precios regulados, fue responsable junto con la devaluación de los elevadísimos niveles inflacionarios de esa época”, aseguró la diputada.
Vallejos se manifestó abiertamente en contra de cualquier tipo de aumento. “Los ingresos de los argentinos y las argentinas no se han recuperado como para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso, a esta Secretaría le toca la inmensa responsabilidad de determinar en base al costo real de producción del gas, la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad. De racionalidad, además en pandemia, donde el lucro empresario debe subordinarse a un fin superior que es el pleno goce de un derecho social, de un derecho humano, que es el acceso del conjunto del pueblo argentino a un servicio público esencial con tarifas justas y razonables”, remarcó Vallejos.
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