Por Santiago Magrone

Las empresas transportadoras troncales y las compañías distribuidoras de gas natural por redes solicitaron al Ente Nacional Regulador del Gas, (ENARGAS), la puesta en vigencia  a partir de abril de cuadros tarifarios “de transición” hasta fin de año que permitan sostener la operación normal de sus respectivos servicios para el 2021, mientras se encara una Revisión Tarifaria Integral para el sector, tal como lo dispuso el gobierno nacional.

En sus respectivas presentaciones en el marco de una Audiencia Pública convocada por el ente regulador ENARGAS, las licenciatarias TGN y TGS plantearon la necesidad de activar incrementos del orden del 58% en el componente Transporte del suministro,  ítem que representa aproximadamente 13 por ciento de la estructura de la factura del servicio, y cuya incidencia en la factura final ronda el 8 por ciento en el usuario residencial.

En cuanto a las distribuidoras, Metrogas, Naturgy, Gasnor, Camuzzi, Gas Cuyana, Litoral Gas, solicitaron en sus exposiciones una actualización de entre  el 50 y 58% en el componente Distribución (VAD), ítem que representa en promedio el  23 % de la estructura de la factura por lo cual el ajuste pedido  incide entre el 12 y el 16% en la factura final del servicio de gas a nivel residencial.

La estructura de la factura de este servicio se completa con proporciones de 40% para el precio del gas en origen, y 24 por ciento para impuestos.

La RTI suspendida contemplaba un ajuste semestral de estos componentes tarifarios en base al índice IPIM que se aplicó hasta mediados de 2018. en el segundo semestre el gobierno macrista suspendió el IPIM y compensó a las empresas autorizándoles bajar proporcionalmente sus compromisos de inversión para ese año. Desde 2019 a febrero de 2021 el IPIM acumuló 128% promedio, y por ello las empresas aclararon que su participación en la Audiencia no implicaba renunciar a esa RTI, aunque admitieron una tarifa de transición en el marco de la emergencia.

Las distribuidoras señalaron al respecto que sus propuestas no contemplan inversiones en la expansión del sistema durante la transición. También, pidieron solucionar la situación planteada en 2018 con las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)  entre la tarifa en pesos cobradas a los usuarios y el precio del gas en dólares al  que compraron a las productoras. La fuerte devaluación de ese año generó un monto que el gobierno de Cambiemos primero pretendió trasladar a los usuarios, y luego derivó a cargo del Tesoro Nacional, habiendo pagado sólo una cuota de 24 programadas. El DNU firmado por Mauricio Macri al respecto fue anulado por el Congreso.

En el contexto de la emergencia económica y social, agravada por la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández suspendió en 2020 la aplicación de la RTI que había sido aprobada para el período 2017-2022. Cuestionó el criterio aplicado por el gobierno anterior para su definición,  planteó la “desdolarización” de las tarifas,  y su adecuación a los ingresos en pesos de los usuarios.

Desde el Ente y las empresas se coincide en rescatar al Marco Regulatorio del Gas, también en señalar que éste hace hincapié en “tarifas justas y razonables para usuarios y para las empresas”, pero no coinciden en cómo evaluar los antecedentes (históricos) en la materia a la hora de proyectar los nuevos cuadros tarifarios del servicio, ya sea para la transición o a los efectos de la futura RTI.

Las empresas  afirman que están operando con deterioro de ingresos por la crisis económica y la pandemia. Desde el ENARGAS se sostiene que se saldrá del congelamiento tarifario vigente desde abril de 2019 pero priorizando “el derecho al acceso al servicio de gas como derecho humano esencial”, y que hay que revisar cuestiones conceptuales de fondo respecto a la prestación de este servicio, al igual que el de la electricidad.

El criterio del Ente apunta a rescatar la gran cantidad de usuarios que dejaron de serlo en los últimos cuatro años, aliviar la situación de muchos otros que se endeudaron para pagar las facturas, y expandir el servicio.

Esta postura fue respaldada en la audiencia por numerosas entidades de defensa de usuarios y consumidores y por algunos legisladores nacionales y provinciales, que plantearon una ampliación de la cobertura con la Tarifa Social, e incluso plantean que no están dadas las condiciones sociales para descongelar las tarifas.

Aunque no formaba parte de la convocatoria, un tema recurrente planteado en la audiencia fue el reclamo al Ente de una reconsideración de la situación de varias ciudades del sudeste bonaerense y de Mendoza para que sean clasificadas como “zona fría” al momento de diseñar los cuadros tarifarios del servicio. Ello implicará incorporarlas como beneficiarias del fondo específico que subsidia parte de la tarifa.

A estos ítems de la tarifa se debe sumar el del costo del gas PIST que no será subsidiado por el Estado Nacional y cuya aplicación fue analizada en la audiencia pública convocada el lunes 15 por la secretaría de Energía.

Un miembro del cuerpo de Defensores y  Defensoras oficiales de los usuarios planteó que “entre   2015 y 2019 las empresas tuvieron una rentabilidad extraordinaria”,  y que caducaron unos 800 mil medidores (3,6 millones de personas)  que pasaron a ser “pobres energéticos” porque  no pudieron pagar el gas. Alrededor de 13.700 pymes tuvieron que dejar el servicio, añadió.

El total de inscriptos como oradores en la audiencia fue de 226. Entre los expositores estuvieron las licenciatarias de transporte y distribución del gas por redes, legisladores, representantes de las defensorías del pueblo, asociaciones de defensa del consumidor, directivos de entidades empresariales y de organizaciones no gubernamentales y público en general.

El interventor Bernal cuestionó el “abordaje neoliberal que se hace al tratar el tema de las tarifas de este servicio público. Lo único que se pone sobre la mesa es su relación en el impacto fiscal (subsidios), si ganamos o perdimos capacidad exportadora del gas, y brilla por su ausencia la consideración del usuario como ser humano y su derecho al acceso a un servicio que es tan esencial como el derecho a la salud o a la educación”.

“La salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo, y entre 2917 y 2019 el gobierno anterior produjo 3 millones de hogares empobrecidas energéticamente”, señaló.

“El acceso al gas y electricidad tienen garantía constitucional, similar al derechos humano a la vivienda, a la educación y a la salud”. “Todos estos rubros necesitan contar con energía a costos accesibles , justas y razonables”, señaló.

En las próximas semanas el ENARGAS deberá resolver que hará con las tarifas de este servicio también atendiendo a los parámetros fiscales presupuestados por el ministerio de Economía.