Por Santiago Magrone

Los componentes tarifarios del gas natural por redes que corresponden a los servicios de transporte y de distribución domiciliaria tendrán un aumento promedio de entre 6 y 7 % para los usuarios residenciales y de 4, % para las pequeñas y medianas empresas a partir de mayo.

Así lo anticipó el interventor en el ENARGAS, Federico Bernal, para ratificar el descongelamiento de estas tarifas que no se modifican desde 2019.

Consultado por Energía & Negocios, el funcionario precisó que estos porcentajes representan el ajuste final del VAD en las facturas al consumidor.

Otro componente principal de la estructura tarifaria del servicio, como lo es el ítem Valor o Costo Gas, es administrado por la Secretaría de Energía, que deberá resolver si al menos una parte del nuevo precio de este insumo se traslada al usuario o si resulta totalmente a cargo del Estado vía subsidios.

Al respecto, desde el Enargas se consideró que cualquier ajuste de este componente del servicio (PIST) deberá ser tratado en una audiencia pública, de manera tal que una actualización de este rubro no ocurrirá en mayo.

Desde Energía se indicó a E&N que lo referido a este componente de la tarifa del servicio “se sigue evaluando”.

Cabe referir que en oportunidad de la audiencia pública realizada en marzo  las empresas transportadoras troncales y las compañías distribuidoras de gas natural por redes solicitaron al Enargas, la puesta en vigencia a partir de abril de los nuevos cuadros tarifarios “de transición”, y que éstos permitan sostener la operación normal de sus respectivos servicios para el 2021, mientras se encara una Revisión Tarifaria Integral para el sector, tal como lo dispuso el gobierno nacional.

En sus respectivas presentaciones en el marco de una Audiencia Pública convocada por el ente regulador, las licenciatarias TGN y TGS plantearon la necesidad de activar incrementos del 44 % y 58% en el componente Transporte del suministro,  ítem que representa aproximadamente 13 por ciento de la estructura de la factura del servicio, y cuya incidencia en la factura final ronda del 6 al 8 por ciento en el usuario residencial.

En cuanto a las distribuidoras, Metrogas, Naturgy, Gasnor, Camuzzi, Gas Cuyana, Litoral Gas, solicitaron en sus exposiciones una actualización de entre  el 50 y 58% en el componente Distribución (VAD), ítem que representa en promedio el  23 % de la estructura de la factura por lo cual el ajuste pedido  incide entre el 12 y el 16% en la factura final del servicio de gas a nivel residencial.

La estructura de la factura de este servicio se completa con proporciones de 40% para el precio del gas en origen, y 24 por ciento para impuestos.

La RTI realizada en 2017 por el gobierno de Cambiemos fue suspendida y contemplaba un ajuste semestral de estos componentes tarifarios en base al índice IPIM. Se aplicó hasta mediados de 2018. en el segundo semestre el gobierno macrista suspendió el IPIM y compensó a las empresas autorizándoles bajar proporcionalmente sus compromisos de inversión para ese año.

Desde 2019 a febrero de 2021 el IPIM acumuló 128% promedio, y por ello las empresas aclararon que su participación en la Audiencia no implicaba renunciar a esa RTI, aunque admitieron una “tarifa de transición” en el marco de la emergencia.

Las distribuidoras señalaron al respecto que sus propuestas no contemplaban inversiones en la expansión del sistema durante la transición. Se verá ahora que sostiene el gobierno acerca de esta cuestión ya que es una alternativa incluir como obra pública inversiones necesarias para expandir el servicio.

De hecho, está planteado desde Energía el interés de impulsar el tendido de un nuevo gasoducto troncal que llevaría gas desde Vaca Muerta hasta el sur de Brasil. Habría financiamiento de China para este proyecto.

Las distribuidoras también pidieron solucionar la situación planteada en 2018 con las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)  entre la tarifa en pesos cobradas a los usuarios y el precio del gas en dólares al  que compraron a las productoras.

La fuerte devaluación de ese año generó un monto que el gobierno de Cambiemos primero pretendió trasladar a los usuarios, y luego derivó a cargo del Tesoro Nacional, habiendo pagado sólo una cuota de 24 programadas. El DNU firmado por Mauricio Macri al respecto fue anulado por el Congreso.