Uno de los requisitos que debe cumplimentar un proyecto de energía eléctrica para poder construirse en Colombia es que el operador de red emita un concepto favorable sobre su estudio de conexión. De este modo el Estado se hace de un control sobre cómo una nueva planta interactuará con todo el sistema.

De aprobarse ese concepto, luego es la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) quien lo analiza y, según la situación, lo aprueba.

Pero desarrolladores de proyectos están denunciando que el ente de planeación energética recibe el concepto favorable del operador de red pero luego el trámite queda demorado bajo el concepto “Supeditado a expansión”.

“Con esto la UPME dice que necesita ampliación de capacidad, pero cuando se le pregunta de qué trata tal ampliación, ya que el operador de red no la solicita, y quién debe afrontar esa ampliación, si nosotros (los privados) o el Estado, la UPME sólo repita que falta ampliación, sin dar justificaciones de nada”, reclama un desarrollador damnificado, en diálogo con Energía Estratégica.

No se trata de casos aislados, advierte la fuente, que prefirió no revelar su identidad. Según el último reporte de proyectos de generación elaborado por la UPME, en total, bajo el concepto de “supeditado a expansión”, se encuentran un total de 76 emprendimientos de energía eléctrica, por un total de 6.581 MW.

De ellos, 62, por 4.529,5 MW, son renovables, en su mayoría eólicos (15 por 2.321 MW) y solares fotovoltaicos (36 por 1.713 MW). El resto del padrón “supeditado a expansión” lo constituyen 11 emprendimientos hidroeléctricos, por 494 MW, y 14 térmicos por 2.052 MW.

Cabe destacar que algunos de los emprendimientos están bien justificados, como es el caso de los eólicos de La Guajira adjudicados en la subasta de renovables pasada y en la de Cargo por Confiabilidad, como Casa Eléctrica (180 MW) o Windpeshi (200 MW), por mencionar algunos, que están a la espera de la expansión de la línea Colectora 1.

Pero otros emprendimientos, sobre todo solares fotovoltaicos, se encuentran con la incertidumbre de no saber cómo se resolverá esta “supeditación” y en qué plazos se deben aguardar.

“Se pierde mucho dinero esperando este tipo de cosas de las que se desconoce su resolución. Estamos pagando el alquiler de predios, ingenieros. Además nos complica la negociación de PPAs y el trato con los inversionistas, que ante esta incertidumbre amenazan con recoger sus maletas y e irse a otras latitudes”, se queja uno de los damnificados.

La fuente asegura que las demoras de todos estos trámites del organismo de planeación pueden tardar más de dos años en definirse. “La UPME no está siendo proactiva. Ante un problema así nos tiene que convocar para que podamos resolverlo. Están actuando de manera muy pasiva ante una situación que se torna compleja pero es muy fácil de resolver”, remata el desarrollador de proyectos.