Las áreas legales y técnicas del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) vienen siguiendo la evolución de la ley 27191, régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica, y su contraste con la realidad objetiva en su implementación.
Las energías renovables son aquellas que utilizan recursos que no son de origen fósil e incluyen a la energía eólica, la solar fotovoltaica, la geotérmica, la biomasa, la mareomotriz y la pequeña hidráulica.
En su artículo 2: “Se establece como objetivo del presente régimen lograr una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017”. Situación muy lejos de la viabilidad según las informaciones oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), quien señala que la producción de energía renovable oscila hoy entre el uno y dos por ciento.
La normativa también establece que las metas deberán ser cumplidas individualmente por los grandes consumidores de energía. Es decir, están incluidas unas 300 mil organizaciones empresarias y públicas, desde grandes plantas industriales hasta instalaciones comerciales y edificios públicos. Para cumplir los objetivos, podrán optar por autogenerar o contratar la compra de energía de fuentes renovables a generadores o comercializadores privados o proveerse de Cammesa.
Con los proyectos adjudicados del Plan Renovar se podría incrementar la oferta y generar el 3,5% de la energía eléctrica con fuentes renovables para fines de 2018. Pero recién en 2020 generarían lo suficiente para alcanzarse el ambicioso 8% establecido por el Congreso en el 2015. Además, al Ministerio de Energía le resta emitir una resolución para reglamentar la venta de este tipo de energía entre privados y convocar a una licitación para ampliar la capacidad de transporte.
El Cedyat cuenta con reconocimiento y trayectoria por su trabajo en distintos niveles del Estado en pos de impulsar la transición energética como el vector estratégico para una nueva matriz. Realizó el estudio de impacto ambiental para la extensión por treinta años de la Central Nuclear de Embalse, Córdoba, Argentina. Instaló los paneles solares en la Legislatura porteña. Junto al BID desarrolló el Plan Delta Sustentable, un valioso aporte a la nueva normativa de los humedales que fuera declarado de interés legislativo.
La transición energética basada en combustibles fósiles hacia las renovables requiere para Argentina aplicar también la legislación vigente en materia ambiental tanto nacional como provincial de los diversos proyectos en carpeta, ubicándonos racionalmente en el contexto para la superación del déficit energético para aprovechar la importancia del conocimiento tecnológico en la creación de riqueza.
Desde el Cedyat no tenemos ninguna duda de que resulta más que necesario incrementar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica en forma importante para reducir las emisiones de dióxido de carbono para evitar los daños del cambio climático. Pero también sabemos que para ello no es suficiente apostar solamente a la energía eólica y solar, sino que también es necesaria la hidroeléctrica y la nuclear, las cuales en la actualidad producen casi el 25% y el 6%, respectivamente, de la energía eléctrica del país.
Fuente: http://www.infobae.com/opinion/2017/08/07/las-energias-renovables-en-la-argentina-aun-estan-lejos-de-la-vida-real/
