El incremento de los impuestos al carbono destinado a acelerar la transición energética disparó en los últimos meses el precio de la electricidad en Europa. España fue uno de los países más afectados con subas interanuales en las facturas de luz de 45% en medio de la crisis provocada por la pandemia y con una inflación anual que no llega al 3%. En respuesta, el gobierno de Pedro Sánchez diseñó un nuevo esquema de facturación y además propuso una reforma para reducir la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas y así aminorar el impacto del impuesto.

La organización Facua-Consumidores en Acción presentó el pasado martes un estudio basado en el análisis de miles de facturas emitidas hasta el 15 de junio. El estudio señala que para una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo de 366 kilovatios hora mensuales, un consumidor pagó en junio casi 28 euros más con respecto al mismo período del año pasado, al pasar de 60.58 a 88,11 euros un año después. Es decir, una suba interanual del 45,4%.

¿Por qué se dispara el precio?

En lo que va del año, el mercado mayorista eléctrico viene registrando precios altos, sobre todo en los horarios de mayor consumo energético. Las subas se explican por los altos precios del gas natural y el impuesto al CO2, a través del mercado europeo de derechos de emisiones. La tonelada de CO2 que cotizaba a 20 euros en mayo de 2020 rompió en las últimas semanas la barrera de los 50 euros. Ese precio es el que una empresa esta pagando a otra por adquirir los derechos de emisiones que le sobraron por haber generado menos toneladas de CO2 que el límite anual permitido por empresa. Industrias como las acerías o compañías generadoras de electricidad a carbón y gas suelen comprar esos títulos para justificar legalmente sus emisiones por encima del límite.

Para tratar de aminorar el impacto de la suba de los precios mayoristas, el gobierno español diseñó el nuevo esquema de facturación con tres franjas horarias que contemplan diferentes precios del kWh. El objetivo es desconcentrar el consumo de los horarios habituales para que sea más eficiente. Por ejemplo, el gobierno sugiere que la gente programe su lavarropas para usarlo en el “horario valle” de 00 a 08, la franja con el kWh más barato. La idea de desplazar los consumos entre franjas generó burlas y críticas de las asociaciones de consumidores porque no todos tienen la opción de hacerlo para pagar menos y hay consumos inevitables como el aire acondicionado o la calefacción eléctrica que se van a encarecer.

En el gobierno entienden también que las compañías dueñas de centrales nucleares e hidroeléctricas están teniendo ganancias extraordinarias que distorsionan el mercado. Argumentan que esos activos ya están amortizados, y como prácticamente no generan emisiones, están vendiendo caros sus derechos.

El gobierno razona que si interviene para disminuir las ganancias generadas de alguna manera influirá a la baja en el precio de la tonelada de CO2 y así en el precio mayorista eléctrico. Con ese fin, presentó a principios de mes un proyecto de ley para reducir esa retribución a las centrales nucleares e hidroeléctricas. En términos de ingresos, podrían dejar de percibir hasta 1000 millones de euros anuales. Con esta medida confía en poder rebajar las boletas en un 5%.

El proyecto generó un rápido rechazo de las grandes empresas de generación por entender que el criterio empleado para seleccionar a las centrales nucleares e hidroeléctricas resulta arbitrario. La calificadora Fitch Ratings advirtió que la medida representa una “intervención política” que “desafía el diseño del mercado de costes marginales a escala de la UE” y que “disminuye la predictibilidad del marco regulatorio energético español para los inversores”. El temor es que en el futuro se aplique un criterio similar para los parques de energías renovables por estar amortizados.

Las compañías negaron además que las centrales nucleares están amortizadas y señalaron en cambio que están dando pérdidas debido a las tasas especiales que pagan por la energía generada. La mayoría de estas plantas pertenecen a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. En los últimos días hicieron saber al gobierno que así dadas las cosas, necesitarán de un precio sostén de 58 euros por MWh para poder seguir operando hasta el cierre definitivo programado en 2035. La nuclear aporta el 20% de la generación eléctrica española anual.

Precios a las emisiones de carbono

España no es el único país preocupado por los impuestos al carbono, aunque si fue el más afectado. La Unión Europea considera la política de fijación de precios a las emisiones de carbono una de sus principales herramientas para acelerar la transición energética. El mercado europeo de derechos de emisiones abarca a las industrias con alto consumo energético, pero podría sumar a nuevos sectores en breve.

La Comisión Europea presentará durante el verano europeo una serie de propuestas para dirigir a la Unión Europea hacia el cumplimiento del objetivo de recortar sus emisiones en un 55% para el 2030. Una medida en carpeta es la creación de un mercado de derechos de emisión para los sectores de transporte y calefacción edilicia. El transporte vehícular y los edificios representan el 17% y el 36% de las emisiones en la Unión Europea, respectivamente.

No obstante, el impacto de las políticas climáticas sobre los gastos en los hogares más vulnerables es una perspectiva que preocupa a las autoridades. Frans Timmermans, vicepresidente y responsable de la política climática de la Comisión Europea, garantizó que habrá medidas para mitigar el impacto social de las políticas para reducir las emisiones. “Tengan la seguridad, si damos este paso y si los hogares enfrentan costos crecientes como resultado, que nos aseguraremos de que exista un mecanismo social, un fondo social de acción climática, que pueda compensar cualquier posible efecto adverso, sobre todo para los ciudadanos más vulnerables”, dijo Timmermans.

Tarifa al carbono

Otra propuesta en discusión es un mecanismo para incrementar el precio de los bienes importados en función de las emisiones asociadas con su producción y país de origen. La Comisión Europea niega que se trate de una “tarifa” o “impuesto” al carbono y prefiere hablar de un Mecanismo de Ajuste sobre el Carbono en la Frontera. Se espera que sea presentado el 14 de julio.

El mecanismo contemplará tanto las emisiones directas como indirectas generadas en la fabricación de un bien, según documentos del proyecto a los que tuvo acceso el sitio Euractiv. Habrá una autoridad especial para hacer cumplir el mecanismo, con miras a que entre en funcionamiento en 2023 y en operación plena en 2026. Aplicará sobre las importaciones de acero, hierro, cemento, fertilizantes, aluminio y electricidad en una primera etapa, con un método para calcular las emisiones involucradas en su producción.

La industria europea asumirá mayores costos debido a la transición energética. El Carbon Border Adjustment Mechanism servirá para nivelar la competencia con los bienes y productos importados. La propuesta genera tensiones con los principales socios comerciales. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron el martes llevar adelante conversaciones sobre este mecanismo. “Dijimos que conversaremos sobre ello. Y que la Organización Mundial de Comercio podría facilitar esa conversación”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consultada sobre la reunión que mantuvo con el presidente estadounidense Joe Biden.

La entrada Cómo funciona el impuesto al carbono que disparó los precios de la electricidad en Europa se publicó primero en EconoJournal.

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