El Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Tecnológico de Costa Rica continúa apoyando al Ministerio de Ambiente y Energía en estudios para brindar herramientas a empresas privadas que les permitan reducir su huella de carbono, ser más eficientes y sostenibles energéticamente. 

Bajo el proyecto de Acuerdos Voluntarios de Producción Más Limpia, el CIPA viene asesorando técnicamente al menos a 15 empresas costarricenses para que logren su carbono neutralidad. 

Entre las medidas aconsejadas, el aprovechamiento energético de residuos y la instalación de paneles solares para la cobertura de parte de la demanda eléctrica en fábricas y oficinas ya se está implementando en algunas empresas.

A principios de año se firmaron los primeros acuerdos entre el Ministerio de Ambiente y Energía y las empresas Pipasa y Galletas Pozuelo. Y referentes del CIPA aseguraron que se podrían suscribir nuevos compromisos muy pronto. 

“Hay tres acuerdos más en negociación y son los que eventualmente se notificarán en los próximos meses”, adelantó Luis Valerio, consultor de medio ambiente y energía en el Centro de Investigación en Protección Ambiental.

El referente del CIPA indicó que esta iniciativa se podrá continuar aplicando con las empresas que pagan el canon de vertidos de aguas a modo de “retribución” por parte del Estado, para bajar sus impactos ambientales.  

¿En qué consiste? En líneas generales, el trabajo que se estuvo realizando con las primeras empresas en Costa Rica consistió en un diagnóstico de cómo están manejando los residuos sólidos o sustancias peligrosas y qué actividades del proceso productivo generan más emisiones, entre otros indicadores. 

En base a los resultados, se fueron identificando las oportunidades de mejora y ahorro. Y, a raíz de aquello se pueden empezar a firmar los Acuerdos Voluntarios de Producción Más Limpia entre empresas y el MINAE.

No es menor indicar que en aquel acuerdo se dejará expreso el compromiso de reducción de emisiones con una meta a cumplir en un periodo no mayor a dos años, lo que ayudará al país en sus compromisos internacionales en torno al Acuerdo de París.