A mediados de julio pasado, la Unión Europea dio a conocer un amplio paquete de reformas legislativas con las que esperan reducir el volumen de emisiones un 55% respecto a los niveles preindustriales.

Entre las medidas que se están contemplando, se destaca la de un arancel basado en las emisiones de carbono (denominado Carbon Border Adjustment Mechanisms) para las importaciones de productos que, para su elaboración, hubieran demandado mayores emisiones gases de efecto invernadero del umbral que se imponga para sí misma la Unión Europea.

De aprobarse en el Parlamento Europeo, este impuesto, sin precedentes en el mundo, empezaría a aplicarse en el año 2026.

“Es algo que afecta a los distintos sectores productivos de nuestra región, pero también de alguna forma pone algunos elementos para que nuestros sectores productivos sean cada vez más eficientes, cada vez menos intensivos en carbono y que, de alguna forma, logremos mantener los mercados que demandan los productos de nuestra región”, opina Alfonso Blanco, en diálogo con Energía Estratégica.

El Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), observa que “en el futuro nos vamos a ver enfrentados a estos distintos mecanismos para-arancelarios” por lo que “es algo que se viene y debemos adaptarnos”.

Por su parte, los demócratas en Estados Unidos ya propusieron una medida similar de aranceles climáticos a las importaciones de países que carecen de políticas medioambientales robustas. La medida hace parte de un plan presupuestario de 3,5 billones de dólares.

Al respecto, Blanco enfatiza: “Todos aquellos que sean proactivos en su accionar empresarial deberían tener estos elementos en consideración y ser activos en ello, ya que ser reactivos, y considerar estos cambios de forma tardía, es lo peor que le podría pasar a nuestra región porque perderíamos espacios en el mercado internacional”.

¿Una oportunidad para Latinoamérica?

Reuters publicó que un estudio de varios ‘think-tanks’ europeos, Sandbag y E3G, en el que se indica cuáles serían los países más afectados en sus exportaciones de materias primas, como el aluminio, fertilizantes o el acero, hacia Europa de aplicarse este impuesto al CO2.

Según un estudio elaborado por Sandbag y E3G, Rusia sería el más afectado. Podrían recaer impuestos por 442 millones de euros a sus productos, de cara al 2026, y 1.884 millones de euros al 2035.

China también sería una gran damnificada: de cara a 2035 el impacto económico llegaría a los 484 millones de euros. Pero no tanto como Ucrania o Turquía, que alcanzarían cifras más altas: de 870 y 824 millones de euros, respectivamente.

En esa línea, Blanco destaca que Latinoamérica cuenta con “ventajas competitivas”. “Mientras el resto del mundo tiene una generación eléctrica basada en carbón, nuestra región tiene sólo un 6% de la generación eléctrica consumiendo este combustible. Y tenemos la matriz de generación más verde del planeta”, enfatiza.

No obstante, el Secretario Ejecutivo de la OLADE indica que eso no significa que la región deba relajar sus políticas ambientales, sino todo lo contrario, continuar sobre ellas.

“Vamos a tener que trabajar en ello, y eso va a requerir mayor inversión. Además, podría tener un impacto importante en nuestra región, donde posiblemente algunas áreas de producción puedan quedar desplazadas, lo cual podría originar un impacto económico importante. Pero también esto nos obliga a la necesidad de ir transformando nuestros sectores productivos para ser cada vez menos intensivos en carbono”, subraya Blanco.