Las bancadas de la Asamblea Nacional se preparan para el debate del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Y, a menos de una semana de conocer el documento oficial, hay quienes ya se declaran a favor y en contra.
No es menor aquel pronunciamiento preliminar de los miembros del parlamento unicameral, ya que, hasta la fecha, expresan mayoritariamente una oposición. En el caso del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que se encuentra analizando el documento, se informó que -hasta las 18 horas del día de ayer 29 de septiembre- no había votos suficientes aún para que el proyecto pase al análisis de una de las comisiones especializadas.
Por lo pronto, los legisladores definieron que el proyecto no tiene “unidad de materia” y la devolvieron al ejecutivo. Pero, si el proyecto llegase a avanzar en una segunda instancia, la situación continúa siendo compleja en lo que respecta al pleno de la Asamblea. Es preciso recordar que allí el oficialismo es minoría, cuenta con sólo 19 asambleístas activos, mientras que Pachakutik suma 26 y el correísmo casi el doble.
Se comenta que “no será una tarea sencilla su aprobación” y hay quienes hasta aseguran que, ante una posible negativa definitiva, podría encontrar la forma de ser viabilizado luego mediante consulta pública.
De allí es que, mientras avanza el procedimiento legislativo, empresarios de las energías renovables se encuentran analizando preliminarmente el documento y los eventuales cambios que podrían efectuarse en el mercado, para que -en caso de que prospere la consulta pública- puedan elevar a tiempo sus comentarios fundamentados.
Según pudo saber Energía Estratégica, desde el día viernes 24 de septiembre -en el cual el presidente Lasso presentó su iniciativa de ley ante la Asamblea-, ejecutivos de empresas del sector energético renovable se han reunido con sus asesores financieros y abogados para evaluar los posibles impactos.
Entre las primeras consideraciones realizadas, celebran la claridad con la que se expone que el gobierno de Lasso tiene la intención de viabilizar e incentivar la inversión privada en generación y autogeneración de energía eléctrica “priorizando los proyectos de energía renovable”.
Esto implicaría impulsar los mecanismos de compra como los ya anunciados Procesos Públicos de Selección (PPS) y además “otorgar títulos habilitantes [por un plazo determinado] (…) cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables que no consten en el Plan Maestro de Electricidad”, Artículo 236.
De este modo, la reforma abriría la puerta a un mercado de electricidad dinámico en el que se podrían impulsar nuevas inversiones renovables, ya sea con contratos con el sector público como entre privados.
Ahora bien, una contradicción advertida por el subsector fotovoltaico y la prensa local es que, producto de modificaciones contempladas en el mismo proyecto de ley precisamente, se iría a dar el beneficio del 0% de IVA a la importación de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural para el consumo interno.
Y, por el contrario, se iría a gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) a algunos bienes que estaban previamente exentos; entre ellos, los paneles solares.
En caso de que se diera curso a aquello, empresarios consultados coincidieron en afirmar que si se grava el IVA a paneles se atentaría al bajo costo de la tecnología y como solución plantearon contemplar eventualmente otros beneficios, tales como los que contempla el proyecto: “tarifas de incentivo, estabilidad jurídica y otras condiciones preferentes establecidas mediante regulación expedida por la ARC [Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales]”.