De aprobarse por el Poder Legislativo, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno de México desmantelaría a la industria de energía renovable en nuestro país. Esto encarecería la generación de electricidad y produciría daños irremediables al medio ambiente, cancelando la transición energética en el país y posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático.
La iniciativa de reforma busca eliminar la lógica económica y ambiental en el despacho de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esto significa que se le dará prioridad a energía sucia y más costosa, transformando dos de las principales ventajas de la energía renovable de nueva generación, ser barata y limpia, en desventajas irremontables ante la Constitución , imposibilitando su operación.
Al hacer a un lado a las energías renovables, México violaría flagrantemente el Acuerdo de Paris y las metas obligatorias de energía limpia en la legislación nacional. También se imposibilitarla el cumplimiento de los ambiciosos compromisos de mitigación de emisiones de empresas líderes , al forzarlas a consumir energía sucia, y se impactaría irremediablemente la competitividad mexicana.
Los generadores eólicos y solares hemos contribuido responsablemente al desarrollo sustentable del país. El 99% de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Su generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts, representan 19 mil millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos en todo el país.
Además, a través de la generación distribuida, hemos instalado paneles que suministran de electricidad limpia, renovable, a más de 240 mil hogares, comercios y pequeñas industrias.
En contraste, CFE ha preferido históricamente la generación eléctrica con fuentes fósiles. Mientras la capacidad instalada de energía renovable del sector privado se multiplicó por 7 en los últimos 7 años, la contribución de CFE al desarrollo de capacidad instalada en energías eólicas y solares fue cercano a cero.
Hemos ganado nuestra participación de mercado compitiendo en costos. Relegar, o incluso excluir, a los actores privados que han invertido en el desarrollo y la sustentabilidad del país, tiene efectos retroactivos y expropiatorios y, lo más grave, elevaría el costo de la electricidad. Ello impactaría en la economía de las familias y debilitarla la competitividad de la economía en su conjunto.
Estamos en un momento critico para revertir los efectos del cambio climático que hoy ya generan inundaciones, incendios y sequias con dolorosos efectos en la población . La semana pasada, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario General António Gutiérrez recordó que a nivel global «necesitamos un recorte del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030».
Este gran reto demanda la suma de esfuerzos de todos, sociedad y gobierno, para enfrentar un desafío inédito. Tan sólo en México hay que invertir más de 6,200 mdd anuales para llegar a las metas antes de 2030. Esto es 3 veces el presupuesto anual de inversión de la CFE. Hacemos un llamado al Poder Legislativo a considerar los múltiples e irreversibles efectos adversos de esta iniciativa en su discusión y eventual votación.
