Durante el presente año ha comenzado a tomar fuerza en la opinión publica el término “transición energética”. Algunos informes de instituciones de alto prestigio, como la Agencia Internacional de Energía, o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos dicen que nuestra sociedad no está haciendo los esfuerzos suficientes para limitar el incremento de la temperatura media global del planeta hacia fines del presente siglo por debajo de 1, 5º C respecto de las temperaturas preindustriales (siglo XIX). Los últimos registros indican un incremento de 1, 1º C hasta la fecha, con el agravante que la mayor parte de este crecimiento se registra a partir de los años 70 del pasado siglo, es decir que la aceleración en los últimos 50 años ha sido notable.
Con el ritmo actual de emisiones, la ventana de 1, 5º C se alcanzaría en poco menos de diez años, y de no realizar acciones expeditivas y urgentes las transformaciones en los ecosistemas serian en muchos casos irreversibles con daños enormes en términos de bienes y vidas.
Hasta aquí, lo que nos dice la ciencia. La opinión pública ha comenzado a percibir el problema, quizás como consecuencia del fenómeno global de la pandemia que puso en alerta a las sociedades respecto a acontecimientos de carácter global que se escapan de control y que son causantes de gran sufrimiento.
Una de las cuestiones que plantean los científicos es que estas alteraciones climáticas producen eventos meteorológicos cada vez más violentos y frecuentes. Y este año, desde China hasta la costa oeste de Estados Unidos hemos visto como estos eventos se desencadenan como la memoria no recuerda anteriormente: incendios, olas de frio polar, olas de calor extremo, inundaciones, mayor frecuencia y violencia de los huracanes en prácticamente todo el hemisferio norte han azotado a los indefensos habitantes de distintos países que perdieron casas, trabajo, bienes y lo que es peor de todo, vidas.
La pandemia ha generado una sensibilidad especial frente a estos eventos y la sociedad comienza a tomar conciencia y hablar de la transición energética ya es un lugar común.
¿En qué consiste esta transición? En sustituir la quema de combustibles fósiles, por fuentes de producción de energía no emisoras de gases de efecto invernadero. Ello implica la desaparición del carbón, de casi tres cuartas partes de la industria petrolera y de la mitad aproximadamente de la industria gasífera (Informe Net Zero Emissions, Agencia Internacional de Energía 2022).
¿Es posible semejante transformación? Para responder a esta pregunta tenemos tres grupos intelectuales: a) los que creen en la ciencia y en la potencialidad de la humanidad en superar estos problemas; b) los negacionistas, para quienes se trata de teorías conspirativas (el ex presidente Trump se destaca entre ellos) y c) los escépticos, que creen que el proceso está en marcha pero las velocidades son mucho más lentas de lo que se dice, y que por lo tanto las industrias condenadas a desaparecer todavía pueden seguir jugando un papel determinante en el abastecimiento de energía primaria. (los encontramos entre los más lúcidos exponentes de la industria petrolera).
¿Las tecnologías están disponibles? Indudablemente la respuesta a esta pregunta es positiva, sin embargo, algunos argumentan que los costos de pasar a estas tecnologías serian insoportables para la sociedad, como si los costos de los desastres climáticos fueran aceptables.
¿Como esta la Argentina en este contexto? Nuestro país es uno de los firmantes del Acuerdo de Paris, y ha presentado ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero al 2030 en su Contribución Nacional Determinada (NDC 2020). El presidente comprometió ante el G20 y la comunidad internacional que Argentina será carbono neutral en 2050.
¿Como cumplir con estos objetivos, en una economía descalabrada con subsidios insostenibles? Este ano los subsidios energéticos llegaron a 10.000 millones de US$, y algunos expertos estiman que de no realizar profundos cambios se ubicarían en un piso de 11.000 millones de US$ y un techo de 15.000 millones de US$.
Cualquier observador se da cuenta que la falta de consistencia en las políticas sectoriales hace dudar sobre la seriedad de las posiciones argentinas en las negociaciones internacionales. El intento de promoción industrial de la industria de hidrocarburos, la nueva ley de biocombustibles con la reducción obligatoria de los cortes, el subsidio al consumo de gas natural en las “zonas frías”, entre otras, son todas acciones concretas que van en contra de los objetivos comprometidos. La presentación de la recientemente rechazada ley de Presupuesto 2022 ratifica el rumbo equivocado.
Sin embargo, ello se contrasta con otras señales si se quiere más débiles, pero no por ello menos importantes, como los intentos de impulsar la electromovilidad, o la capacidad, experiencia y antecedentes de nuestros técnicos y científicos en dominar la tecnología del hidrogeno. Nuestra industria, que sobrevive a las tormentas económicas ,se esfuerza por estar en la punta del desarrollo tecnológico, un ejemplo lo tenemos en lo que respecta a la medición inteligente y la gestión de la demanda sobre las redes eléctricas.
Los vientos de cambio en el mundo soplan cada vez con mayor fuerza. Esta vez no se trata de un pequeño grupo de intelectuales y científicos que alertan sobre un peligro no muy cercano, sino las sociedades que perciben que ese peligro se aproxima a una velocidad inusitada.
Si no entendemos que la dirección del futuro apunta hacia esos objetivos, entonces nuestro país con su posición ambigua quedará cada vez mas relegado en la revolución tecnológica y económica que se está gestando y no podremos salir de la pobreza y el atraso en el que hoy estamos sumergidos.
La consolidación de planes de largo plazo para el desarrollo de tecnologías, como la nuclear, las energías renovables, la electrónica inteligente aplicada a la gestión de la demanda y de los consumos energéticos, debidamente coordinados con la macroeconomía, y transversales sectorialmente alcanzando los usos energéticos en el transporte, la vivienda y el agro es la que dará consistencia a nuestros compromisos y progreso y protección a nuestra sociedad.
Los próximos dos años serán de intenso trabajo y de búsqueda de consensos que reduzcan la incertidumbre de los inversores de largo plazo, que son los que requiere el sector energético, si se quiere que en la segunda mitad de la presente década la Argentina se presente atractiva para comprometer un proceso de inversión nacional y de acceso a fuentes de capital internacionales, y si eso ocurriera entonces podríamos ser optimistas en retomar la senda de crecimiento en la segunda mitad de la presente década. En caso contrario la tendencia decreciente no se podrá revertir y nuestro país tendrá serias dificultades para retomar la senda del crecimiento, generar empleo y disminuir la pobreza.
Las negociaciones sobre el clima continuarán en el futuro con exigencias cada vez mayores hacia los países y cualquier paso en la dirección equivocada nos llevará a una situación difícil de revertir en el corto y mediano plazo. La Argentina que ha demostrado mantener una participación proactiva en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático quedaría desacreditada por sus decisiones de corto plazo en la dirección contraria.
En este contexto, desde el Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” consideramos imprescindible que desde el Gobierno se elabore y se proponga cuanto antes un Plan Energético Nacional 2030-2050, coordinado entre sus Ministerios y organismos específicos y sometido a la aprobación del Congreso de la Nación.
*Vicepresidente 2º Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
