En el cierre de este 2021, a seis meses de su primera denuncia a Panamá NG Power, Moisés Bartlett ha sido objeto de denuncia penal, de secuestro civil por la suma de 125 mil dólares y de demanda civil por 1 millón de dólares. Todo esto, serían “acciones emprendidas por Panamá NG Power como mecanismo de intimidación y venganza”, en palabras de Bartlett.
Es preciso recordar que el Estado panameño otorgó el contrato a Panamá NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.
Este 2021, ocho años después, el contrato pasó a estar en poder del consorcio conformado por InterEnergy Group (51%), AES (24%) y el Estado panameño (25%), quienes se encaminan a realizar próximamente el proyecto a gas natural Generadora Gatún.
Ahora bien, la licencia definitiva otorgada a NG Power -necesaria para tener vigente el contrato de suministro de energía y potencia- habría vencido. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá certificó que no habían prorrogado la licencia y a partir de ahí inició el camino de esta batalla legal embanderada por Bartlett “yo solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación, pero no se pronunciaron”, indicó el abogado.
Cuando empezó a hablarse de tres contratos para el suministro de energía y potencia vinculados a la Generadora Gatún, el estudio Bartlett Quiel acudió a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar su nulidad a mediados de año.
“La demanda de nulidad no fue admitida por «excusas» de formalismos. Apelamos la decisión unilateral del Magistrado Carlos Vasquez. Se ha concedido el recurso de apelación”, explicó Moisés Bartlett a este medio.
Actualmente, esta se encuentra en la Sala Contenciosa Administrativa donde tres magistrados deben decidir si admiten la demanda.
Hasta tanto eso suceda, en exclusiva para Energía Estratégica, el director del estudio Bartlett Quiel adelantó que prepara nuevas denuncias para que finalmente se pueda cancelar la licencia al proyecto a gas, declarar la nulidad de las prórrogas del contrato para liberar la capacidad comprometida y licitar renovables.
“Dependiendo de la decisión que tomen los magistrados, es decir, si no admiten la demanda de nulidad por causa de extremos formalismos, ya he preparado tres demandas de nulidad pendientes de aquella decisión”, aseguró.
Desde la perspectiva del abogado que impulsó las primeras demandas en el primer semestre de este año, lo que corresponde en derecho es que el Estado a través de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza por no ejecutar el proyecto a tiempo, exija el resarcimiento, e inclusive llame a una nueva licitación. En una entrevista previa, consideró:
“En el mundo de hoy lo adecuado para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá”.
