“Haremos que Colombia transite de una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva”.
Con estas palabras comienza el Programa de campaña del ahora presidente electo Gustavo Petro en lo concerniente al cambio climático (ver).
El líder del partido Colombia Humana, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, propone además “desescalar” al modelo extractivista. “Si bien no plantea acabar de un día para el otro con el Oil&Gas y la minería, sí habla de desincentivarla, sin afectar los contratos ya adjudicados de concesión, pero sin promover nuevos proyectos”, observa Alejandro Lucio, Director de Óptima Consultores.
En diálogo con Energía Estratégica, el experto observa: “Imaginamos que (el de Petro) será un Gobierno pro energías renovables, pero habrá que revisar el cómo”.
“El movimiento hacia las renovables ya empezó y debería pensarse en construir sobre lo construido independientemente de la ideología”, sostiene el experto y argumenta: “Ya venimos con un desarrollo de proyectos, con una subasta y lo más importante será que se mantengan las reglas”.
En este sentido, una de las cuestiones que preocupan a la industria es la mencionada reforma tributaria que revisará incentivos. “Si nosotros queremos que las renovables sigan creciendo, no se pueden tocar los beneficios de la Ley 1715 (aprobada por Juan Manuel Santos) que se ampliaron con la Ley de Transición Energética (N°2099, ejecutada por (Iván Duque)”, indica Lucio.
“Muy buena parte de todo este progreso de las renovables tiene que ver con inversión privada local y, especialmente, extranjera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la estabilidad jurídica que se le da a esta inversión”, remata.
Ley de Consultas Previas
Otro de los puntos que advierte el Director de Óptima Consultores tiene que ver con que la preocupación de la nueva administración de Petro sea que los proyectos entren en operación comercial a tiempo.
“Puedes tener todas las subastas que quieras, una nueva reglamentación para toda la capacidad de conexión, como la resolución 075, incentivos tributarios, pero a la hora que esos proyectos empiecen a construirse hay asuntos relacionados al licenciamiento ambiental de los proyectos, y especialmente el licenciamiento social que deberán ser atendidos”, explica Lucio.
Para el experto, será importante que este Gobierno, que está fundamentado en lo social y promete darle protagonismo a las regiones y comunidades, intente diseñar una Ley de Consultas Previas que sean favorables para todas las partes y permita el desarrollo de las energías renovable. “Se necesitan señales de este nuevo Gobierno en ese sentido”, indica.
Cabe recordar que, de los 9 proyectos eólicos por 1584 MW adjudicados durante el año 2019 en las subastas a largo plazo de energías renovables y la de Cargo por Confiabilidad, son tres los que avanzan sin mayores inconvenientes.
Por un lado, el parque eólico Windpeshi, de 200 MW, de Enel Green Power; por otro, Alpha, de 212 MW, y Beta, de 280 MW, ambos de EDPR. Estos casi 700 MW estarían operativos durante el 2023, aunque hay expectativas de que alguno de ellos se adelante para finales de este mismo año.
Como contracara, se encuentran los proyectos Casa Eléctrica (180 MW) y Apotolorru (75 MW), de AES Colombia; y Tumawind (208 MW) y Chemesky (99 MW), de Enel, que no dependen tanto de su propia construcción y puesta en funcionamiento, sino de la línea eléctrica que les permitirá despachar su energía al centro del país: la Colectora I.
Se trata de una obra de gran envergadura, que recorrerá 475 kilómetros desde el centro-norte de La Guajira hacia el centro-sur del Cesar, y entraría en operaciones durante el 2024, según indican fuentes a Energía Estratégica.
La Colectora requiere el visto bueno de más de 200 comunidades. Lo han logrado con unas 140 a pesar de la pandemia del COVID. Pero restan otras 70 para concluir con este procedimiento, que son catalogadas como las “más difíciles” porque entre ellas tienen conflictos internos, lo que suma aún más complejidad.
Independientemente de la Colectora, explican que, al no haber una ley que estandarice las negociaciones, el arreglo al que se llegue entre las partes no siempre es parejo, lo cual podría ser en algunos casos beneficios para las comunidades pero en otros no.
