Con fecha del 6 de octubre pasado, Ibereólica Cabo Leones II S.A., filial local del español Grupo Ibereólica, envió una carta -VER- al Coordinador Eléctrico Nacional manifestando su insolvencia ante deudas que se le generó a la empresa por haber consumido más energía de la que pudo producir.

Ibereólica Cabo Leones II (“ICLII”) “se encuentra impedida de realizar dichos pagos atendida la difícil situación financiera que enfrenta, derivada de circunstancias que escapan enteramente al control y diligencia de ICLII”, expresa la carta.

Por ende, se le solicita a la autoridad eléctrica: “Ejecutar la boleta bancaria de garantía oportunamente entregada por ICLII como garantía de cumplimiento de la cadena de pagos del sistema eléctrico nacional, por un monto de $964.993.635, que se encuentra en poder de este Coordinador, y que ICLII, atendida su situación financiera, no podrá renovar luego de su ejecución”.

Esta situación está generando inquietud en el mercado renovable de Chile dado que ahora son dos las compañías que atraviesan la misma situación.

Es que la semana pasada, Energía Estratégica señalaba que la empresa María Elena Solar S.A., filial de la española Solarpack, -VER ARTÍCULO- también ingresaba en insolvencia con su proyecto solar Granja Solar, de 105 MWac (123 MWdc).

¿Qué ocurrió? Esta energía comprometida debe inyectarse para satisfacer a usuarios del mercado regulado. Si no se puede generar la energía suficiente, ésta debe comprarse al mercado al spot a un precio determinado por el Coordinador.

Por congestiones en la red eléctrica, María Elena Solar no ha podido inyectar toda la energía generada por Granja Solar. Estos vertimientos provocaron que la empresa deba consumir más energía de la que pudo producir e inyectar al sistema; es decir, deba comprar energía.

De ahí comienzan a generarse deudas. Y acá el segundo inconveniente: Durante las horas diurnas el mercado spot muchas veces llegó a cero, provocando que mucha de la energía entregada no pueda ser rentabilizada.

En conclusión: María Elena Solar no pudo volcar toda su energía por congestiones en la transmisión, a lo que tuvo que comprar el faltante en el spot y ahora no puede afrontar esos pagos porque buena parte de su energía inyectada a través de Granja Solar la vendió a cero peso, debido a la sobreoferta que se genera durante horas diurnas.

“De acuerdo a nuestros registros, las deudas derivadas de distintos Balances del Coordinador que María Elena Solar S.A. mantiene impagas (y que en su mayoría corresponden al Balance del mes de julio y agosto de 2022) en total ascenderían a un poco más de $2.788.000.000”, explica la filial de Solarpack en su carta dirigida al Coordinador.

Por tanto, la compañía solicita que se le liquide la Boleta de Garantía que se presentó oportunamente (conformada por $2.507.094.197) para cancelar los saldos impagos. Pero advierte que de continuar dándose este tipo de escenarios se vería afectada la cadena de pagos.

“Yo creo que este podría ser el primer caso de varios que van a darse. Creo que se va a repetir porque hay empresas que no tienen muchos proyectos, que se formaron y avanzaron para participar de una licitación, se adjudicaron y funcionan así; y que no tienen espaldas para cubrir estas deudas”, había advertido Andrés Guzmán, Socio de la consultora Austral, en una entrevista con este medio.

El especialista había indicado que lo más preocupante no es lo que le ocurre a las empresas de manera individual, sino la situación que la propia María Elena Solar expresa en su carta al Coordinador: La posibilidad de una ruptura en la cadena de pagos.

“Esto que se está produciendo horada uno de los principios de la operación del sistema, que es la certeza de los pagos. En el fondo le está metiendo un nivel de inestabilidad y riesgo muy alto al sistema eléctrico”, señalaba Guzmán.

Como efecto de esto, el consultor sostenía que las autoridades deberán tomar cartas en el asunto más temprano que tarde por el problema que se puede llegar a desencadenar.

Indicaba: “Las empresas, cuando firmaron contratos evaluaron cierto escenarios; y en función de esos escenarios, adquirieron una deuda, construyeron un proyecto, ofertaron un precio en la licitación y adjudicaron. Pero cuando las empresas ven que el escenario de la realidad se está separando mucho del evaluado, lo que hacen es levantar la mano y decirles a las autoridades. Y, por lo que se vio, todos estos inconvenientes fueron alertados ya: Vertimientos, necesidad de desarrollo de transmisión, de desacople, de que falta flexibilizar la operación”.