Las últimas declaraciones de Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, y Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, movilizaron al sector privado de las energías renovables y almacenamiento.

Durante su participación en el evento anual de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA por sus siglas en inglés) estos líderes del sector público se pronunciaron a favor de acelerar la transición energética del archipiélago puertorriqueño.

La secretaria Granholm no solo se alineó completamente con la política pública para mover Puerto Rico rápidamente a 100% de energía renovable; además, enfatizó el mensaje de que dicha transición tiene que ser “liderada por el sector privado y facilitada por el gobierno” (private-sector led, government enabled).

De allí, expresó su gran inconformidad con la lentitud del flujo de fondos federales para energía y destacó su encomienda presidencial para vencer la burocracia y agilizar esas inversiones al máximo.

Desde SESA confiaron a Energía Estratégica que, durante su evento anual, la secretaria Granholm reveló que esperan que antes de que finalice este año el Grupo de Trabajo PR100 (en el cual trabajan los Laboratorios Nacionales bajo el DOE -como NREL- y múltiples partes interesadas) publique los resultados preliminares de sus estudios, incluyendo tres caminos específicos sobre cómo lograr 100% de generación renovable en Puerto Rico.

En ese rumbo se encuentran medidas como las convocatorias a Solicitudes de Propuestas (RFP) que ya se encuentran transitando su segunda edición. Sobre estas hizo hincapié el gobernador Pierluisi reafirmando los cerca de 900 MW firmados en el tranche 1 y proyectando superar aquel volumen contratado en el tranche 2.

El gobernador también enfatizó el apoyo del DOE (US Department of Energy) en torno a las metas renovables a la vez que reiteró su rechazo a cualquier “impuesto al sol” como parte de la solución a la quiebra de AEE y ratificó su apoyo a la política de medición neta y al Fideicomiso de Energía Verde (Green Energy Trust).

Aquello no es menor. Y, al respecto, desde SESA remarcaron: “El Gobernador expresó su intención de transferir $500M al Fideicomiso de Energía Verde, entidad que puede establecer mecanismos para financiar eficiencia y renovables”.

Más incentivos para renovables

Tras las declaraciones de la secretaria Granholm y el gobernador Pierluisi, el ojo inversor de las energías renovables y baterías volvió a mirar hacia Puerto Rico.

¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que falta? Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas en la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) comentó que por un lado, desde la industria están atentos a cómo se implementa la cláusula del Ley 17-2019 que provee un proceso expedito de 6 meses para los permisos de construcción para proyectos utiilty scale.

Por otro lado, indicó que hay expectativas en las reglas del Departamento del Tesoro Federal (las cuales podrían estar listas antes de finalizar este año) para ver la forma en que podría aplicarse en el territorio de Puerto Rico el incentivo fiscal conocido en inglés como Investment Tax Credit, el cual fue renovado en la ley climática conocida como “Inflation Reduction Act”.

«El ITC, de ser localmente aplicable, según se aclare en las reglas del Tesoro federal, sería de no menos de 30% del costo de inversión de un proyecto y en algunos casos podría ser de 50% o mayor», estimó Rúa-Jovet.

Más certidumbre al mercado 

Durante la Cumbre de SESA fue también donde por vez primera la secretaria de Energía Granholm se pronunció respecto a la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico, aclarando la mirada del gobierno de los Estados Unidos frente a la discusión de si LUMA debe o no continuar como operador independiente del mercado.

“La secretaria de Energía Granholm expresó que una retirada de LUMA retrasaría la reconstrucción eléctrica de Puerto Rico. Ese planteamiento de la secretaria Granholm cambió toda la discusión al respecto en la isla, al punto que ya apenas se discute seriamente el tema de rescindir el contrato de dicha operadora de la red de transmisión y distribución”, expresó Rúa Jovet.