Semanas atrás, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) presentó el proyecto de las nuevas disposiciones administrativas de carácter general (DACG) para la generación distribuida en México, las cuales contemplan un nuevo modelo de contraprestaciones en media tensión, el término de generación distribuida colectiva y la adopción de sistemas de almacenamiento, entre otras cuestiones.
Desde la Cámara Nacional de Profesionales en Energía Fotovoltaica (CPEF) se hicieron eco de ello y analizaron los pros y contras de las nuevas reglas para las instalaciones eléctricas con capacidades menores a 500 kW.
“Estimamos que la modificación permite un modelo de negocio más controlado para el distribuidor, justo las condiciones que buscó establecer en la práctica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera regional, impulsando el control en la calidad de la energía en las instalaciones tanto de baja como de media tensión, contribuyendo con el cumplimiento del Código de Red actualizado hace un par de años”, sostuvo Aldo Díaz Nuno, presidente nacional de CPEF.
Y el principal punto a favor que encontraron desde la entidad es que se exigirá que el personal de la industria esté capacitado y certificado bajo la normativa CONOCER, lo que acarrearía una “profesionalización del sector, procurando por la seguridad del instalador, el distribuidor y del usuario final”.
“Sin embargo, también se señala que las certificaciones que están por vencer, por lo que deja obsoletas las nuevas versiones que emite el mismo Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), dejando al descubierto una falta de comunicación entre entidades o el desconocimiento de la industria”, aclaró Díaz Nuno.
Asimismo, desde CPEF también remarcaron que no todo son buenas noticias en los cambios propuestos para el sector, ya que advirtieron que limitar las instalaciones por sobre de 10 kW en baja tensión significará un retroceso en materia de desarrollo energético.
“No hay una fundamentación o sustento técnico que señale la viabilidad de esta modificación. Por el contrario, limita de manera arbitraria y contundente el potencial de México para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030”, detalló Díaz Nuno.
“En el proyecto de Disposiciones aún hay muchos lineamientos que quedan vacíos, vagos, sin una definición exacta o justificación, por lo que emitir las nuevas disposiciones tal y como se publicaron en la CONAMER afectaría a la industria, ya que no permite tener certeza sobre los criterios que se establecen provocando que se afecte su implementación”, agregó.
Ante ello, el especialista consideró que aunque se establecen las condiciones técnicas para un sector “más seguro” y profesional para todas las partes involucradas, todavía resta un mayor impulso hacia una transición energética que no se puede postergar.
