El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de Chile rechazó una medida precautoria que frenó la evaluación de ofertas económicas de la Licitación Pública Internacional de Obras Nuevas fijadas por Decreto Exento N°229/2021 y de las Obras de Ampliación Condicionadas fijadas por Decreto Exento N°185/2021.

Medida que surgió ante la demanda interpuesta por Ferrovial Power Infrastructure Chile contra el Coordinador Eléctrico Nacional por haberlos descalificado en la convocatoria destinada a la realización de seis nuevas obras eléctricas y nueve de ampliación.

En aquel entonces, Ferrovial fue una de las nueve compañías que competían en el proceso, pero dentro de sus propuestas económicas hubo ofertas con un valor de USD 1 respecto Grupo de Obras G1 (Aumento de capacidad línea 2×220 kV Tarapacá – Lagunas – Tramo Nueva Lagunas – Laguna), las cuales fueron desestimadas automáticamente por no cumplir determinados requisitos / precios mínimos.

Ante ello, Ferrovial presentó una demanda contra el CEN, alegando que la descalificación inflingían o no eran consideradas, pese al libre comercio que rige en Chile. Hecho que puso un parate al proceso de evaluación y adjudicación.

Pero a raíz de la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de rechazar la medida cautelar, el proceso podrá continuar tal como estaba previsto, según explicaron desde especialistas del sector. 

“La licitación en cuestión terminó. Se adjudicaron los ganadores y debe estar en trámite el Decreto del Ministerio de Energía que oficializa la adjudicación ya realizada por el Coordinador Eléctrico Nacional”, explicó Daniela González, experta en regulación del sector energía y derecho administrativo y fundadora de la Consultora Domo Legal.

Este acontecimiento resultó muy particular para el sector energético de Chile, tanto por la oferta de USD 1 para el aumento de capacidad de las líneas de 220 kV Tarapacá – Lagunas, tramo Nueva Lagunas – Laguna, como por la demanda interpuesta contra el CEN. 

Por lo que Daniela González no descartó que en las futuras rondas licitatorias sí se empiecen a solicitar precios mínimos para llevar a cabo las nuevas obras de transporte y de ampliación del sistema, con tal de que no se repita el mismo conflicto. 

Cabe recordar que la cuestión judicial demoró todo el proceso por más de lo debido, ya que la adjudicación estaba estipulada para el miércoles 14 de septiembre, es decir, hace más de tres meses. 

Y aún se espera el decreto ministerial, el cual dará inicio al plazo de las empresas para asumir la construcción de las líneas, montaje que podrá ser de 30, 36 y hasta 48 meses, dependiendo el grupo de obras correspondiente.