En el marco de una emergencia climática global, América Latina se presenta como un destino clave para inversiones en energías renovables.

Si bien México tiene una potencialidad enorme para este nicho por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y asociaciones comerciales, el sector privado advierte que la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lejos de alentar la transición energética, pone trabas para el otorgamiento de permisos y autorizaciones por lo que inversionistas están optando por migrar hacia otros países donde la burocracia es menor, y existe un clima más amigable a las energías renovables.

En diálogo con Energía Estratégica, Gerardo Prado Hernández, Socio de Sánchez-Devanny Eseverri, firma de abogados que se especializa en asesoría legal en materia energética destaca: “Hay un riesgo en el crecimiento de las energías renovables por los retrasos en el otorgamiento de permisos y autorizaciones para proyectos existentes y nuevos, por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y otros reguladores” .

“Antes de la entrada de este gobierno el período de espera era de entre dos a cinco meses para obtener permisos y autorizaciones. En la actualidad tenemos clientes que han estado esperándolas por años. Lo mismo sucede en el caso de modificaciones a los términos y condiciones de los permisos”, agrega.

Existen clientes que tienen listos parques fotovoltáicos para iniciar operaciones y que no se les dieron las autorizaciones para iniciar las pruebas.

Según el especialista, eso lanza a los potenciales inversionistas el mensaje de que probablemente en México sus proyectos no puedan ser surtidos de energías limpias y eligen radicarse en otros países.

En este sentido, argumenta: “Si el país pretende que para el 2030, tengamos el 80% de consumo de energías limpias, México tiene que ser generador de políticas que permitan cumplir con esa meta. Como no sucede, muchos eligen migrar hacia otros países como Costa Rica”.

Prado Hernández, afirma que es frecuente la llegada de empresas solventes, con altas tecnologías y unidades de negocios sólidas en materia de energías renovables. Sin embargo, por falta de autorizaciones se desalienta la inversión.

“Hemos sentido una baja importante en la inversión en el sector de renovables en particular y también en el sector de petróleo y gas. En algunos casos, iniciamos acciones legales ante los tribunales para forzar a las respuestas, pero se siguen demorando”, enfatiza.

 

 Existe un riesgo inminente de iniciar un panel arbitral por violaciones del T-MEC. 

Según el especialista, si la situación no se revierte, es probable que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, o ambos, detonen un procedimiento arbitral en contra de México por las violaciones del T-MEC, en materia energética.

“Si bien ha habido esfuerzos muy tenues del gobierno mexicano, para demostrarle a los socios comerciales que iba a acelerar los procesos administrativos de aprobación de permisos y autorizaciones por parte de los reguladores, no creo que sean suficientes para zanjar estas tensiones que se vienen acumulando y es probable que se inicie el procedimiento del panel arbitral”, alerta.

En este sentido, Prado Hernández, explica los riesgos económicos que puede traerle a México llegar a esa instancia.

“Eso puede traer como consecuencia que muchos empresarios que invirtieron bajo los esquemas del T-MEC, inicien procedimientos individuales para reclamar sus deudos. Sobre todo aquellos que invirtieron, finalizaron sus instalaciones y las tienen paradas porque no les han dado un permiso y tienen a sus acreedores encima porque no pueden generar y vender energía”, describe.

De hecho, asegura que la invitación al gobierno americano para participar en el Plan Sonora, una serie de megaproyectos de energías renovables en Puerto Peñasco, son un intento de México por demostrar que está trabajando con sus mejores esfuerzos en la matriz energética.

“Sin embargo, a pesar del discurso del gobierno federal, se está haciendo algo distinto. Si queremos realmente salir adelante, necesitamos alinear lo que se dice con lo que se hace”, asevera. 

Para el letrado, el Estado tiene que invertir en los reguladores, contratar personal adicional bien capacitado para resolver los asuntos y establecer períodos cortos que den previsibilidad a los inversionistas. Debe dar un mensaje acompañado de acciones concretas para demostrar a sus socios comerciales que México sí cumple con el marco normativo y apoya a las energías renovables.

“No pueden seguir con esta situación de que a un proyecto le dicen que sí y al otro que no. porque todos son inversionistas. La energía es un commodity muy demandado por todas las industrias”, destaca.

 

La luz al final del túnel: que proyectos se vienen

No obstante, el especialista es optimista y cree que más allá de la falta de seguridad jurídica en la aprobación de proyectos renovables, México tendrá una inminente transición energética en gran parte de sus industrias.

En efecto, vislumbra un fuerte crecimiento en la producción de hidrógeno verde y en la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional.

“Van a instalar fuentes de recarga en las principales ciudades del país. El sector viene creciendo paulatinamente. Vemos un incremento en el uso de los autos eléctricos en el país y de la infraestructura relacionada”, asegura.

También, señala que aumentará la instalación de paneles solares en hogares y pymes y el uso de baterías para almacenamiento generalizado.

En este aspecto, apunta que habrá mucha más presión a nivel federal en el futuro para que flexibilicen la regulación de la generación en sitio de energía eléctrica y también para que den mayores incentivos fiscales y otros a la industria para la migración a renovables.

“De momento, los beneficios fiscales en México para la energía eléctrica son bastante relativos. No hay un subsidio importante de los gobiernos, pero va a empezar a darse”, augura.