De acuerdo con el Climascope de BloombergNEF publicado en 2022, México se ha desplomado del lugar 8 al 63 entre los mercados emergentes y ocupa el número 90 en el ranking global.
El estudio establece que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las inversiones destinadas a proyectos de energías limpias se han reducido ido drásticamente, pasando de 5,893 millones de dólares en 2017 y 4 mil 254 millones de dólares en 2019 a tan solo 705.9 millones de dólares en 2021.
En este marco, Juan Carlos Machorro, socio de la firma de abogados especializada en proyectos de energías limpias, Santamarina + Steta y su asociada, Norma Álvarez, destacan: “Se generó una parálisis administrativa sustancial, en donde, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no le da trámites a los expedientes de las empresas privadas, privilegiando únicamente las solicitudes de Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
“Estamos atravesando una situación de incertidumbre absoluta en donde las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica están en buena medida suspendidas en el Poder Judicial Federal. No hay certeza jurídica, no hay inversiones y hay un número muy importante de litigios en proceso”, agregan, en diálogo con Energía Estratégica.
Según la revista Expansión, la inversión en energías renovables ha vuelto a un piso mínimo en 2022. México sumó en ese año inversiones por 1,000 millones de dólares relacionados con cualquier negocio enfocado en energía eólica y solar.
La cifra se sitúa como la más baja desde 2016, cuando apenas se realizaban las primeras subastas de largo plazos impulsadas tras la reforma energética. En ese período las compañías también comenzaron a anunciar y desplegar grandes inversiones en algunas centrales eléctricas.
El insignificante número de inversiones sumado durante todo 2022 contrasta con la inversión récord de 2017, de 6,200 millones de dólares. Y es aún más baja que en los años previos a que la reforma energética comenzará a surtir efecto y aún no existían grandes medidas para fomentar la inversión en el sector. Por ejemplo, en 2014 la inversión fue de 2,200 millones de dólares.
Por su parte, el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (“PRODESEN”) 2022-2036 , publicado en junio de 2022, señaló que la Generación Total de energía eléctrica proveniente de permisionarios (incluyendo CFE y abasto aislado) y de los proyectos financiados por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así como de la Generación Distribuida Fotovoltaica, para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 fue de 313,978.24 GWh, 321,584.42 GWh, 317,268.51 GWh y 328,597.98 GWh, respectivamente.
En el 2021, el 29.5 % de la energía generada provino de fuentes limpias (70,563.43 GWh), mientras que el 70.5% de fuentes convencionales (231,747.91 GWh). En este sentido, en el 2021 se registró un incremento de la generación con energía limpia de 2.9% respecto al año 2020.
“El gobierno del presidente López Obrador hizo cambios muy drásticos, con una visión más ideológica que técnica o económica. Canceló subastas y licitaciones para redes de transmisión y ha venido modificando las reglas del juego, lo cual ha ahuyentado a las inversiones. Este será un sexenio perdido en materia de avances en energías renovables”, comenta Machorro.
El riesgo de caer en un panel arbitral con Estados Unidos y Canadá
Ante esta coyuntura, el gobierno de los Estados Unidos presentó el año pasado una solicitud de consultas, para un procedimiento formal de solución de controversias entre los países miembros del tratado comercial T-MEC.
Si México no soluciona voluntariamente estas solicitudes, se instalaría formalmente un panel arbitral que podría imponer sanciones al país por violar el tratado con el objetivo de forzarlo a cumplir.
“Estas sanciones pueden consistir en el retiro de beneficios como aranceles preferenciales en los productos mexicanos que EEUU decida. No hemos llegado todavía a esta situación porque aparentemente los países siguen platicando”, explica el socio de Santamarina + Steta.
¿Algo de luz al final del túnel?: la CRE debe reactivar los permisos
No obstante, Álvarez, advierte que sería cuando menos posible una pequeña luz al final del camino que comenzaría a asomarse en forma por demás tenue desde año pasado.
“A partir de esta acción de los gobiernos estadounidense y canadiense, existe la posibilidad de ver un cambio de postura del Gobierno mexicano. La CRE podría empezar a emitir permisos y a destrabar estos expedientes que tenía guardados con el pretexto de que la pandemia había retrasado los trámites”, vislumbra.
Sin embargo, la experta del sector refiere: “Aún cuando el Gobierno está trabajando en un acuerdo para levantar los plazos de suspensión derivados del COVID, la alternativa planteada no parece ser satisfactoria al incluir limitaciones importantes en cuanto al número de trámites que pueden iniciarse por sector y por parte interesada, sin que el problema de fondo se resuelva, al contrario.”.
En el contexto de la COP 27, México presentó nuevas metas, más allá del compromiso previo de 30%, incluyendo el compromiso de aumentar la reducción de GHG del 22% al 35% en los próximos 8 años, invertir 48 mil millones de dólares con el apoyo de EUA y reducir emisiones en 52 millones de toneladas de carbono, generando 40 GW más de energía limpia, lo que implicaría casi duplicar este tipo de generación en la matriz energética nacional.
“Estamos nuevamente en la presencia de antinomias que se han vuelto costumbre en nuestro país; resulta sencillamente impensable lograr estas metas sin un cambio drástico de rumbo en las políticas aplicadas por esta administración en el sector energético, como resulta impensable salir bien librados del proceso de consultas al amparo del T-MEC y de aquellas otras consultas y arbitrajes de inversión que se activen en el futuro próximo”, concluye Machorro.
