Alberto Fernández y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, comandado por Juan Cabandié, presentaron el programa “Edificios Públicos Sostenibles”, por el cual el gobierno nacional prevé implementar buenas prácticas sostenibles de consumo y de habitabilidad.
Durante el discurso de presentación del programa, el presidente de Argentina se jactó de que “se está viendo la forma de cambiar el método de obtener energía, pasar de la quema de los combustibles fósiles hacia la utilización del litio, hidrógeno verde y de los paneles solares”.
Mientras que Cabandié aseguró que “siempre se piensa en la transición, en leyes ambientales, en más parques nacionales e incrementar nuestro compromiso frente a Naciones Unidas para bajar la emisión de gases de efecto invernadero con más energía renovable”.
Sin embargo, este discurso contradice aquel dado por el propio presidente el pasado 1° de marzo del 2023 durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde no sólo no mencionó a las renovables o al H2V como parte de la transición energética, sino que priorizó el uso de los combustibles fósiles y del gas natural.
Declaraciones presidenciales que parecen estar lejos de sus dichos del 2020, cuando aspiraba a ser «el primer abanderado» de la energía renovable en Argentina, sumado al hecho que en ningún momento se mencionaron objetivos a futuro ni la forma en la que se buscará dar mayor participación en la matriz, considerando que Argentina aún se encuentra por detrás de las metas de la Ley N° 27191.
Tal es así que desde el sector energético criticaron que no haya metas concretas en el corto plazo, mediano o largo plazo y que haya acciones y dichos contrarios de forma seguida por parte del gobierno nacional en lo que refiere a la generación sustentable.
“Los resultados o propuestas son nulos en materia de política de renovables. Todo lo que vemos activo en el país, es protagonizado y empujado por el sector privado, llámese Mercado a Término (MATER) o generación distribuida, con marcos políticos y económicos totalmente adversos”, sostuvo Juan Carlos Villalonga, consultor en temas energéticos, en conversación con Energía Estratégica.
“Las políticas públicas hay que medirlas con números y objetivos cuantificables y medibles. Todos los días se presentan programas, que suelen servir para hacer anuncios, pero por ejemplo no se detalló cuánto se desarrollará de distribuida de acá al cierre de gestión”, agregó.
Un claro ejemplo de ello es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (PNAyMCC), ya que durante la presentación en noviembre de 2022 se recalcó la necesidad de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero con líneas de acción destinadas a las energías limpias y renovables.
Pero en la estrategia, el Poder Ejecutivo no incluyó el aumento de las metas de participación de la generación renovable hacia el 2030 y para la GD se mantuvo el norte de alcanzar 1 GW para dicho año, es decir que se marcaron objetivos a mediano y largo plazo que ya fueron planteados desde hace varios años.
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Incluso, si se analizan los números de la capacidad renovable que se sumó al SADI en los últimos años, la mayoría corresponde a centrales adjudicadas durante rondas del Programa RenovAr y el Mercado a Término.
Mientras que la actual gestión estuvo marcada por la demora para destrabar decenas de contratos truncados del RenovAr y del MATER y cambios en la cartera energética nacional, por lo que sólo pudo lanzar la convocatoria RenMDI para proyectos de pequeña y mediana envergadura, por un total de 620 MW asignables.
Aunque cabe recordar que tanto dicha licitación como la continuidad de la generación distribuida podrían ser afectadas si continúan las dificultades para importar los equipos y productos necesarios para la construcción de proyectos, ya sea por no estar alcanzados por licencias no automáticas de importación o porque no se los considera como bienes de capital.
