La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) celebró esta semana un diálogo de alto nivel entre el sector público y privado sobre la realidad eléctrica en Honduras.
Retomar licitaciones abiertas, transparentar compras directas, disminuir pérdidas y reducir los costos de generación fueron los ejes del debate al que asistieron Erick Tejeda, secretario de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); Wilfredo Flores, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); Carlos Hernandez, director ejecutivo de la ASJ; y Kevin Rodríguez, experto en temas energéticos.
“El subsector eléctrico se ha convertido en una limitante para potenciar el desarrollo económico y la estabilidad fiscal del país. Reconocemos y valoramos que en el 2022 hubo esfuerzos por rescatar a la ENEE que constituyeron inyección de fondos de la administración a la empresa pero aún así las pérdidas y las moras siguieron creciendo. La cobertura aumentó pero de manera mínima y tuvimos más apagones faltando suministro a buen precio”, introdujo Carlos Hernandez, director ejecutivo de la ASJ.
En su presentación el referente de la ASJ precisó que en 2022 se ejecutaron L 3,879 millones, equivalente al 48% del presupuesto de seguridad, para la reducción de pérdidas y mora. Sin embargo, el año pasado las pérdidas de energía aumentaron un 3.1% en 2022 comparado al 2021, con el agravante de que las pérdidas fueron las más altas de los últimos 6 años, teniendo una repercusión económica de L 18,213 millones (USD 740 millones). Y que a la par del aumento de la mora de usuarios, la tarifa promedio continuó incrementándose; según cifras compartidas durante el debate, de junio del 2018 a diciembre de 2022 en promedio aumentó un 60%, dando como resultado que, si bien algunos usuarios obtuvieron subsidio del 100%, los hondureños promedio pagaron más por kWh que residentes de New York, Houston y Chicago en el pasado año.
Erick Tejeda, secretario de energía, señaló que como estas temáticas se están abordando desde la política energética “holísticamente y a largo plazo” sus efectos no serán tan inmediatos pero promete generar estabilidad para todos los actores del mercado principalmente para los usuarios finales alineándose a la Ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social (ver).
“Entendemos, desde que asumió la presidenta y desde que estamos en la gestión, que el problema de pérdidas es fundamental, es vital y junto con los costos de generación son los dos problemas probablemente más importantes del subsector. Por ello, el 5 de julio lanzamos el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (…) [además de la renegociación de contratos] pero hay que entender que el gobierno y la burocracia tiene tiempos diferentes a una empresa privada porque se manejan mecanismos públicos y hay que seguir mecanismos de transparencia”, sostuvo.
El tema transparencia también se trató en lo relativo a contrataciones directas. Kevin Rodriguez sumó una consideración al debate en lo vinculado a evitar contrataciones directas “un peligro para el país es la contratación directa. No amerita bajo ninguna circunstancia una contratación así de emergencia. Porque una contratación sin licitación está abierta a corrupción, no tiene transparencia”, subrayó el experto energético.
Sobre el tema “licitaciones” se abordaron dos perspectivas. Por un lado, la convocatoria de 450 MW que sigue pendiente de lanzarse y que genera expectativas por la apertura que podría generar para que ingresen nuevos jugadores en el mercado; ahora bien, se advirtió que sería preciso minimizar riesgos para asegurar que se den nuevas inversiones. Por otro lado, la propuesta de licitaciones públicas simplificadas de corto plazo en el Mercado Eléctrico Regional se trató como un gran punto de oportunidad para cubrir rápidamente las demandas actuales del sistema.
A partir de allí se desprendió otro tema de valor y son los costos de generación. ¿Cómo quedó el promedio de precios tras la renegociación de contratos? ¿Qué tecnologías son más competitivas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene ofertar conjuntamente potencia y energía? Son algunas de las preguntas que quedaron en el tintero.
