Por Julián Rojo
Director Depto. Técnico IAE Mosconi

Hacia el término del primer semestre de 2023 el gobierno ha tenido que tomar medidas algo drásticas no por convicción sino por la urgencia que transita y, también, por exigencias plasmadas en compromisos con el FMI.

Los subsidios y tarifas a la energía siguen siendo un problema. Aunque no es el único, y posiblemente tampoco el más importante del sistema energético, es el que se encuentra en el centro de la discusión por explicar nada menos que del 90% del déficit fiscal.

La decisión de política tarifaria más relevante del año fue, sin dudas, que los hogares de altos ingresos, aproximadamente el 30% del total, pagarán el costo pleno de la energía eléctrica a partir de mayo de 2023. Esto no sucedía, para cualquier hogar argentino, desde el año 2001 y elimina cualquier tipo de subsidio hacia ese segmento de la demanda.

A pesar de esto, y de que se espera que suceda lo mismo en el caso del gas natural por redes, la cobertura de costos energéticos sigue siendo escasa y todo indica que con la alta inflación conviviente tenderá a empeorar hacia finales del año.

Al término de 2023 el escenario más probable incluye subsidios aún elevados y una muy fuerte distorsión de tarifas entre segmentos de ingresos, dos situaciones indeseables e insostenibles en el tiempo. En este sentido, el 70% de la demanda residencial (ingresos bajos y medios) continuará con un importante subsidio, similar al que se tenía en el año 2015, mientras que solo el 30% restante pagará el costo de la energía.

Dicho de otro modo, el 70% de la demanda tendrá el mismo problema de atraso tarifario que el observado en diciembre de 2015 a la vez que se agrava aún más por la distorsión existente: un hogar de altos ingresos paga 5.5 veces más que un hogar de ingresos medios y 7 veces más que un hogar de ingresos bajos por el mismo servicio eléctrico.

Esta situación genera una enorme distorsión que no es buena para el comportamiento ante el consumo energético ni para las cuentas públicas. Y su resolución, hacia un sistema más sano y sostenible, encuentra límites muy claros tanto en los agravantes que impone la actualidad económica como en los hechos estilizados de la historia reciente.

Entre los primeros se destaca la pobreza que supera el 40%, la inflación proyectada por encima del 130% anual y los salarios en niveles bajos. A esto se le suma una dimensión política deteriorada, antes de las PASO, con importante fragmentación, escasa voluntad de realizar acuerdos y nula inclusión de sectores sociales en discusiones relevantes. Esto indica que resolver la cuestión tarifaria es realmente un desafío desde todo punto de vista.

Por otra parte, a esta altura de las circunstancias no cabe duda de la necesidad de un plan de estabilización. Sin embargo, la historia es bastante clara respecto a las limitaciones de cualquier iniciativa de este tipo.

En primer lugar, una devaluación con aumento de salarios y de tarifas a la vez no parece ser una idea brillante. Estas medidas han derivado en un incremento de la inflación e inestabilidad política y social y por lo tanto tienen que ser descartadas. La experiencia indica que no se pueden mover todas estas variables a la misma vez y que se necesita que algunas de ellas funcionen como ancla en el marco de un plan.

Y, en segundo lugar, otros límites concretos a la luz de la experiencia son las restricciones judiciales como, por ejemplo, el fallo CEPIS que pone jurisprudencia clara sobre los incrementos tarifarios y la aceptación social para encarar un proceso de reforma racional de precios y tarifas a la energía.

Una situación como la actual no puede ser sostenible en el tiempo y necesita algún tipo de corrección que, en el marco de un plan, se torna irrelevante su caracterización como gradualista o shockeante. En este sentido, sin plan de estabilización con claridad de metas y objetivos, sin voluntad de acuerdos políticos, sin capacidad técnica y sin sectores sociales involucrados no hay posibilidad de comenzar a solucionar el problema de los subsidios a la energía.