Por instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación, la estatal ENARSA se hará cargo transitoriamente del control de las centrales hidroeléctricas patagónicas (ubicadas en Neuquén y Río Negro) cuyas concesiones en manos privadas por treinta años vencerán en los próximos meses (entre agosto y diciembre), confirmaron fuentes oficiales.

Se trata de los complejos El Chocón (1.200 MW) y Arroyito (120 MW), actualmente operados por la italiana Enel; Alicurá (1.000 MW) en manos de AES Argentina, Piedra del Aguila (1.400 MW) a cargo de Cantral Puerto, y Planicie Banderita (450 MW) concesionada a Orazul Energy.

La Secretaria Flavia Royón notificó tal instrucción al presidente de ENARSA, Agustín Gerez, puntualizando la «necesidad de garantizar la seguridad pública y la continuidad en el abastecimiento de energía eléctrica que requiere el sistema”, atendiendo al vencimiento de las concesiones.

“Una vez extinguidos los plazos de las concesiones y revertidos los bienes al Estado Nacional, el desarrollo de la actividad de generación de energía eléctrica de los complejos hidroeléctricos quedará asignada, conforme los instrumentos legales que correspondan, a ENARSA”, dispuso Energía (en la órbita del ministerio de Economía).

En los contratos de concesión esta contemplada la posibilidad de activar un plazo de transición de hasta 12 meses, a partir del vencimiento, en los cuales los concesionarios podrían seguir operando estas usinas hasta su traspaso (al Estado o a nuevos operadores privados).

De hecho, el audodenominado Grupo de ex Secretarios de Energía, allegados a la oposición, planteó recientemente la presunta inconveniencia de que sea el actual gobierno nacional quien resuelva sobre esta cuestión a pocos meses del final del mandato, y prorrogue las concesiones por un año.

En la definición del criterio a aplicar sobre estas concesiones también procuran tallar los dos Estados provinciales que alojan a las hidroeléctricas, y así lo manifestaron en los últimos meses.

Fuentes consultadas por E&N admitieron que existen conversaciones con autoridades provinciales en este sentido.

Un criterio posible a seguir sería la creación de una empresas, donde ENARSA tenga al menos el 51 por ciento de las acciones y las provincias una participación a definir, que estará a cargo del control de gestión de estas centrales. Pero la operación y mantenimiento de las hidroeléctricas estaría en manos de privados, y serían concesionadas antes que terminen los respectivos contratos.

En el marco de las conversaciones Nación-Provincias se considerarían cuestiones tales como la remuneración de la energía generada para determinar la renta del negocio, y el nivel de las regalías para las provincias y los municipios aledaños a las Centrales. También, la determinación de la tarifa de electricidad que se aplica en la región, y la posible creación de un fondo para infraestructura hidroeléctrica para la cuenca Comahue.