“Esto demuestra que las consultas no son el obstáculo. Hubo muchas fallas en la parte de planeación. Y nosotros seguimos firmes en construir el proyecto para el 2025, honrando nuestro compromiso con todas las empresas en el país”.

Con estas palabras, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), responde a la pregunta de Energía Estratégica sobre las sensaciones que le deja a la compañía haber finalizado el proceso de consultas previas, luego de haber negociado con 235 comunidades étnicas certificadas.

El ejecutivo confía que en octubre del 2025 la obra entraría en operaciones “en el mundo ideal”, pero advierte que si hubieran contratiempos la fecha se postergaría a no más de diciembre de ese año.

“Esta obra tiene una tensión de 1.000 kV: dos línea de 500 (kV) paralelas que podrán despachar 2,5 GW” desde La Guajira hacia el centro del país, asegura el ejecutivo, quien destaca que ese departamento, de acuerdo a análisis de expertos, cuenta con un potencial de 20 GW solar fotovoltaico y eólico terrestre.

Según GEB, sobre esta doble línea, que recorrerá 475 kilómetros y surca 10 municipios en La Guajira y cuatro en el Cesar, dividido en dos tramos: Colectora-Cuestecitas y Cuestecitas-La Loma, se conectarán 7 parques eólicos localizados en La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con una capacidad de 1.050 MW.

De esos proyectos, cuatro, por 562 MW, han sido adjudicados durante el año 2019 en las subastas a largo plazo de energías renovables y la de Cargo por Confiabilidad; éstos son: Casa Eléctrica (180 MW) y Apotolorru (75 MW), de AES Colombia; y Tumawind (208 MW) y Chemesky (99 MW), de Enel, que necesitan de esta línea para despachar su energía limpia.

Ortega cuenta que durante el mes de julio radicarán la solicitud de licencia ambiental, proceso que finalizará en unos meses más. “En enero esperamos estar construyendo”, enfatiza el directivo.

Colectora 2

Cabe destacar que, antes que finalice el 2022, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) publicó el “Plan de Expansión de Transmisión 2022 – 2036” –VER-, “a través del cual se definen las obras necesarias para la incorporación de la segunda fase de renovables desde el Departamento de La Guajira, y obras relacionadas con la atención de la demanda, lo que contribuya a garantizar la confiabilidad y la seguridad del Sistema de Transmisión Nacional”, aseguró la entidad.

En efecto, el plan contempla siete obras de transmisión, entre las que se destaca el proyecto “Guajira – Cesar – Magdalena”. Se trata de una línea en HVDC a 600 kV, tipo VSC, bipolo con retorno metálico, interconectando la subestación Colectora 2 -500 kV- en el Departamento de La Guajira con la subestación Primavera 500 kV.

“El Caribe concentra la mayor porción de la capacidad asignada, los siete departamentos agregan 9.042 MW de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energías Renovables) y de fuentes convencionales”, informó la UPME.

Consultado sobre la posibilidad de que Grupo Energía Bogotá participe de esta obra una vez que se lance a licitación, Ortega es categórico: “tenemos la confianza y el diálogo con las comunidades, y tenemos la competencia para poder ejecutar estos proyectos, que claramente nos interesan. El futuro de las energías verdes en Colombia es muy importante”.

Las claves

En cuanto al secreto para sacar adelante este tipo de proyectos que requieren de semejante consenso, como lo es Colectora 1, Ortega recomienda “hablar con la comunidad antes de que el proyecto surja y que haya ya acuerdos y entendimiento y conocimiento con todos los estamentos, tanto políticos a nivel local como representantes de la comunidad y un conocimiento de las complejidades del territorio y de la cultura”.

“El gran error que se cometió cuando arrancó todo este proceso fue no haber hecho la investigación profunda de saber que en un territorio que tiene tradiciones ancestrales y las decisiones no son por mayoría ni son democráticas, sino que, por ejemplo, son las líneas maternas las que determinan afectaciones sobre el territorio donde los habitantes son de línea paterna y sienten que van a, de repente, poder ser desplazados o poder ser sujetos a que el territorio cambie de control porque los recursos y las compensaciones generan intereses contrarios a los de ellos”, observa Ortega, quien asumió la presidencia de GEB el 1 de julio del 2020.

Y agrega: “de ese modo se termina generando unos problemas y unos conflictos que hacen daño a la comunidad y que son producto de una mala planeación y de una falta de trabajo riguroso de respetar, conocer y anticipar los impactos de intervenciones tan grandes en un territorio”.

En esa línea, Ortega da otro ejemplo: “el que los linderos no existan y la gente no tenga clara cuál es la propiedad que A o B controla, pues te genera unos problemas gigantescos donde la gente empieza a cuestionar por qué el beneficio se lo dan a uno y no al otro cuando el chamizo, la piedra, el pedacito de carretera juzgan que están en los territorios del uno y del otro a la vez”.

“Todas esas conflictividades son falta de planeación y de trabajo previo y eso pues ha generado todos estos retrasos y costos tan grandes de subsanar, de aprender y de poder construir”, remata.

De acuerdo a la empresa, durante el proceso se construyó “una alianza con 217 comunidades indígenas certificadas por el Ministerio del Interior que están en el área de influencia, para desarrollar un trabajo armónico y sostenible que perdure”.

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