El gobierno de Chile presentó al Congreso su proyecto de transición energética, con el que se busca modernizar la regulación del mercado eléctrico y que el sector eléctrico sea habilitante para ser un país carbono neutral al 2050 y dinamizar las economías locales.
La iniciativa forma parte de la Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética que encabeza la gestión de Diego Pardow, ministro de Energía, y también prevé destrabar algunas dificultades que actualmente atraviesa la industria renovable.
¿Cómo? Mediante acciones “urgentes” para incentivar las inversiones requeridas para la descarbonización, considerando que hay un conjunto de proyectos por más 16 GW de capacidad que poseen RCA vigente pero no fecha de construcción
“El primer pilar está vinculado con el desarrollo eficiente de obras de transmisión, el segundo con adecuaciones del sector eléctrico al cambio climático y, finalmente, la promoción de competencia y fomento al almacenamiento”, aseguró el titular de la cartera energética de Chile.
Es decir que el proyecto de ley contempla la necesidad de acelerar el paso en infraestructuras habilitantes para la transición, especialmente en transmisión, dado que algunas regiones del país no cuentan con capacidad disponible para transportar la energía renovable generada.
Ya sea por falta de planificación para tales regiones o mismo para hacerse cargo de redes abandonadas o con atrasos importantes, como por ejemplo la línea Charrúa – Chillán que no posee avance a pesar que sea una obra aprobada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) correspondiente al plan de expansión 2018.
Además, tal como adelantó Energía Estratégica a mediados del mes pasado (ver nota), la iniciativa del Poder Ejecutivo fomentaría la mega licitación de almacenamiento de gran escala anunciada días atrás por Gabriel Boric a través de un artículo transitorio que habilite a la CNE a desarrollar un proceso de licitación por única vez “que responda al diagnóstico común establecido en distintos instrumentos de política pública”.
“Este es el proyecto de ley que lo viabiliza y nadie del sector renovable discutirá la necesidad de desplegar sistemas de almacenamiento, la congestión de nuestras líneas de transmisión en 8 de 24 horas del día”, manifestó Pardow.
“El storage es una necesidad y así queda reflejado en nuestra planificación de largo plazo. ¿Por qué a través de una licitación? Porque el tiempo es apremiante en la transición y, por ello, significa que después de largas conversaciones con actores, especialmente del mundo financiero, los proyectos de almacenamiento, al menos stand alone, están sometidos a un efecto de canibalización”, agregó.
Y continuó: “Sus ingresos por arbitraje de precios dependen mucho de lo que hagan otros proyectos, de que se vayan situando conjuntamente. Es parte de las reglas del juego, pero también por ello es difícil encontrar financiamiento externo para un emprendimiento de esas características y, por lo tanto, toma más tiempo y se carga excesivamente del lado del capital”.
Con ello se proyecta replicar un mecanismo ya conocido para el sector y brindar certidumbre de las zonas y precios de los sistemas de baterías y mirar al 2024 con “mayor tranquilidad” respecto de los compromisos renovables y climáticos del país.
Otras normativas
El PdL reformula el proceso de Planificación Energética a Largo Plazo (PELP), la incorporación de nuevo concepto de la operación coordinada tal como la “operación baja en emisiones”, la modificación del proceso de estudio de franjas y de la definición de potencia de punta.
Pero a su vez, el gobierno de Chile propuso redefinir la reasignación de ingresos tarifarios por retrasos de líneas de transmisión y por acumulación de renta extraordinaria, mediante la modificación al Art. 114° bis de la Ley General de Servicios Eléctricos más una disposición transitoria de aplicación inmediata.
VER PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA
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