Ecuador tiene un gran potencial para la generación distribuida de energía debido a sus prometedores recursos renovables, ubicación geográfica privilegiada y su ley de incentivos para que más usuarios generen su propia energía.
Conscientes de esos atributos, J3M compañía nacional dedicada al autoconsumo revela el número de proyectos que tienen en cartera y sugiere actualizaciones en el marco regulatorio para superar las barreras existentes e impulsar la industria renovable a través de este segmento.
“El objetivo para el 2023 es instalar 200 proyectos que aúnan eficiencia energética y generación solar aislada e interconectada a la red. Ya llevamos instalados 165 proyectos que suman alrededor de 2 MW de potencia”, explica a Energía Estratégica, Juan Jose Del Valle Gasanz, director ejecutivo de la compañía.
“Si bien instalamos generación distribuida al sector comercial e industrial estamos más enfocados en el sector residencial. Eso tiene que ver con nuestro propósito social, para nosotros es muy importante la democratización de energías renovables”, agrega.
En este sentido, la empresa tiene como meta acelerar la acción climática y sus líneas de negocio son la eficiencia energética y generación de energía limpia a través de sistemas fotovoltaicos.
De acuerdo al análisis de la compañía, aproximadamente existen 30 mil hogares con un consumo de energía superior a los 100 dólares al mes en la factura que podrían acoger la tecnología solar fotovoltaica.
“En los últimos años, solo se han hecho 500 instalaciones en Ecuador, lo cual es un número muy pequeño. Podríamos llegar a ejecutar en los próximos años hasta 29.500 instalaciones y que más familias generen su propia energía”, añade.
Las principales barreras para el desarrollo de renovables en el país
A pesar del potencial de crecimiento que existe en Ecuador para el desarrollo de proyectos de generación distribuida, Gasanz detalla algunos de los desafíos que existen y propone acciones que ayuden a desplegar la industria.
“Tenemos un límite de 1 MW de potencia para instalaciones industriales y 300 kW para instalaciones residenciales. La regulación es estable y generosa en cuanto a incentivos. No obstante, creemos que aumentar esté límite podría ayudar a muchas empresas a apostar aún más a la generación distribuida”, explica.
Por otro lado, el experto señala que en Ecuador hay una pronunciada ineficiencia energética motivada por el bajo costo de la tarifa de luz y gas. Según los informes del Ministerio de Energía y Minas, el precio real de la electricidad está alrededor de 15 centavos de dólar. Sin embargo, las tarifas para el sector industrial rondan los 10 centavos y las del residencial van desde 9 centavos a 25 centavos.
“Ecuador es uno de los países con la energía más barata. El precio de la factura no refleja el costo real de la energía eléctrica. Eso se convierte en un desincentivo para que las personas sientan la urgencia de ser más eficientes y de generar su propia energía. Los subsidios deberían aplicarse a la gente que realmente lo necesita y cobrar un precio real al resto de la población”, comenta.
Además, Gasanz considera una dificultad para el impulso de las renovables que el Ministerio de Energía y Minas coordine la generación eléctrica del país.
“En Ecuador hace falta un Ministerio de Eficiencia Energética y Energía Renovable. Sería bueno separar la actividad de la industria fósil para avanzar mucho más rápido en la transición energética”, agrega.
Por último, sugiere impulsar la formación profesional de los instaladores para dotarlos de competencias técnicas y evitar siniestros.
“Necesitamos enseñarles a realizar instalaciones eléctricas de calidad. Muchas personas en el país que se dedican a la actividad no tienen estudios formales ni han aprendido los oficios. Notamos que hay muy baja calidad en comparación con las instalaciones de Europa lo cual desincentiva a la industria”, explica.
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