El primero de octubre de este año entrará en vigor el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), iniciativa que busca establecer un precio sobre las emisiones de carbono incorporadas en los productos importados, de manera que se evite una ventaja competitiva indebida para los productos de países con regulaciones más débiles.
Este tendría implicancias para México como exportador de productos hacia otros países, especialmente en sectores intensivos en carbono, como la producción de acero, cemento y petroquímicos. Como resultado, las empresas mexicanas que exportan productos intensivos en carbono podrían enfrentar un aumento en los costos asociados con el carbono incorporado en sus productos.
En este contexto, Irene Trujano, Marketing Manager en Regulus, la comercializadora de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, elaboró un informe en el que describe las condiciones y requisitos principales del impuesto.
«Este arancel se conciben como una herramienta fiscal para la protección ambiental y salud pública, que desde hace años que se aplican en Europa y se han integrado correctamente en la producción de bienes disminuyendo su impacto ambiental. La falta de regulación ambiental podría ocasionar que una empresa fabrique un producto de manera contaminante sin considerar su impacto sobre la salud del planeta o del medio ambiente lo cual se conoce en economía como Externalidad», explica la especialista
«El CBAM tiene como objetivo abordar el riesgo de fuga de carbono, que se produce cuando las políticas climáticas de un país o región se ven afectadas por áreas con regulaciones climáticas menos estrictas. El objetivo de este impuesto al carbono sobre ciertos bienes importados es en función de su huella de carbono, y pretende que las condiciones sean equitativas tanto para la industria nacional, como para la extranjera», agrega el reporte.
El reporte cita a Jordi Joan Cañas, consultor internacional en bioenergía, economía circular y cambio climático, experto del programa de la UE denominado “Low Carbon Business Action in México” quien explica: «La finalidad de los impuestos verdes es obligar a pagar una tasa a los contaminadores bajo el principio de “quién contamina paga” de tal forma que el precio refleje el costo de dichas externalidades».
En conversaciones con Energía Estratégica, Trujano destaca: “La necesidad de impulsar la inversión en tecnologías limpias requiere volver más atractivo el mercado de productos con bajas emisiones de carbono. Aunque el arancel representa un estímulo para sectores clave como la industria de las energías renovables, eficiencia energética y transporte sostenible, sin dudas tomará tiempo que este instrumento sea 100% efectivo y aplicable en todos los países”.
Los factores clave de este impuesto, según la especialista:
Fijación de precios del carbono: implica establecer un impuesto al carbono sobre los bienes importados, lo que refleja la cantidad de emisiones de carbono asociadas a su producción. Esto se logra mediante la medición de la huella de carbono de los bienes y la aplicación de un precio correspondiente.
Igualdad de condiciones: al imponer un precio al carbono sobre los bienes importados, el CBAM busca nivelar el campo de juego entre las industrias nacionales y extranjeras. Esto evita que las empresas nacionales se vean en desventaja debido a las regulaciones climáticas más estrictas a las que están sujetas en comparación con las empresas extranjeras.
Incentivo para la reducción de emisiones: el CBAM brinda un incentivo para que los países y las empresas reduzcan sus emisiones de carbono, ya que aquellos que adopten medidas de mitigación verán reducidos los costos asociados con el mecanismo. Esto promueve la transición hacia una economía baja en carbono.
Cumplimiento con las normas de la OMC: el diseño del CBAM debe estar en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para evitar posibles conflictos comerciales. Es importante garantizar que el CBAM no se convierta en una barrera comercial encubierta y cumpla con los principios de la OMC.
De esta forma, se espera que cada vez más empresas mexicanas adopten energías limpias en sus procesos de producción para no perder competitividad frente a otras compañías ubicadas en otros países. No obstante, muchos especialistas solicitan un marco regulatorio clave a largo plazo con certidumbre jurídica que permita realizar inversiones con un suministro sustentable.
Cabe destacar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen se comprometieron en acelerar este año el acuerdo de libre comercio entre la UE para desarrollar una asociación política, comercial y de cooperación más profunda. Este es considerado por muchos analistas como «la luz al final del túnel» y hace crecer las expectativas del sector privado en México.
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