Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza a la presidencia de Argentina, fue la persona más respaldada en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con poco más del 30% ciento de los votos a lo largo de todo el país y captó la atención de diversos sectores, entre ellos el energético.
Bajo ese contexto, Energía Estratégica se contactó con Eduardo Rodríguez Chirillo, principal referente energético de Milei con más de 28 años de experiencia en el sector Latinoamericano, para conocer los lineamientos que planifica La Libertad Avanza en torno a la transición energética y la incorporación de más renovables a la matriz nacional.
“Se trabajará para que la meta absoluta de emisiones netas para toda la economía, comprometida por la República Argentina (desde las últimas 3 gestiones de gobierno) alcance de la manera más costo-efectiva e inclusiva posible. en el contexto de un Estado que coadyuve al desarrollo de la actividad privada”, señaló.
“Contaremos con un área específica de Transición Energética con la que buscaremos generar condiciones e instrumentos para ayudar al sector privado a cumplir las metas y controlar el cumplimiento. En particular, se buscará articular y facilitar la transición energética a las PyMEs para que obtengan información necesaria para anticipar el contexto, identificar mejoras y acceder al equipamiento y financiación disponible, incluso internacional”, detalló.
Para ello, se prevé que las renovables, principalmente eólica y solar, y aquellas destinadas a cubrir demanda de calor para procesos industriales, calefacción y agua caliente sanitaria, sean parte de esa transición y la demanda sea la que impulse su desarrollo, con el Estado articulando y facilitando que esto ocurra.
“Sin lugar a duda nos orientaremos a mecanismos del tipo del Mercado a Término (MATER). Priorizaremos que la demanda se contractualice y que las distribuidoras pasen a tarifa los reales costos del servicio y de los contratos de abastecimiento que celebren”, aseguró en exclusiva para este portal de noticias.
Cabe recordar que a lo largo de los últimos años, el MATER ha sido uno de los principales drivers de crecimiento de las renovables en Argentina, a tal punto que el número de proyectos asignados con prioridad de despacho asciende a 77, por un total de 2.522,3 MW de capacidad.
Y la mayoría de los mismos fueron adjudicados recién a partir del segundo trimestre 2021, cuando la Secretaría de Energía de la Nación derogó el seguro de caución de USD 250.000 por megavatio adjudicado y lo reemplazó por un pago de USD 500 por trimestre hasta aquel que corresponda al plazo de habilitación comercial.
Por otro lado, el referente energético de Javier Milei planteó que la generación distribuida tendrá un papel “muy importante” al no verse afectada por la falta de capacidad de transporte.
“Esto aplica tanto para proyectos individuales como comunitarios y de una potencia de hasta 5 MW por considerarse que esta generación es capaz de desarrollarse en media tensión. Son los privados (usuarios industriales, residenciales, comerciales) y el propio estado en su rol de consumidor quienes decidirán cómo abastecer su demanda y cómo hacer su transición”, subrayó.
Y será desde el área de Transición Energética donde se articulará el vínculo entre agentes de un mismo sector y organismos de crédito, en pos de “facilitar la ejecución de los proyectos junto con la difusión de casos de éxito para incentivar el interés de todos los actores”.
Eduardo Rodríguez Chirillo – Líder del Instituto del Crecimiento Abogado egresado de la UCA, con un doctorado en cuya tesis estudió procesos de privatización de empresas en la Universidad de Navarra. Radicado en España hace 20 años, es consultor independiente y asesora al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Plan para las empresas con mayoría de capitales estatales
A lo largo de los últimos días circuló que, en caso de que La Libertad Avanza esté al frente del gobierno de Argentina por los próximos cuatro años, YPF será privatizada mediante la venta del paquete accionario en manos del Estado. Hecho que podría verse reflejado en otras entidades con similares características.
“La participación del Estado en empresas energéticas resulta en distorsiones en los mercados y posiciones dominantes, que se pretende que sean competitivos, y a menudo lleva a gestiones ineficientes, sujetas a influencias negativas por parte del poder político de turno. Sin embargo, la privatización de las mismas, al reducir la interferencia gubernamental, permitiría una gestión más eficiente de los recursos y promovería la competencia”, afirmó Eduardo Rodríguez Chirillo.
“El ingreso de nuevos actores privados incentivará la inversión en infraestructura y tecnología, mejorando la oferta de energía, lo que beneficiaría a la economía en general. (…) Aunque en una primera etapa se buscará generar el marco jurídico que asegure una venta, total o parcial, confiable y segura”, añadió.
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