Como ya había anticipado este medio, los proyectos renovables a gran escala se encuentran en stand by en México debido a las cancelaciones de las Subastas a Largo Plazo (SLP) por parte de la actual Administración.
Sin embargo, especialistas esperan que la situación cambie de cara a las elecciones por la gran demanda de energía que tiene el país.
Uno de ellos es Maximiliano López Moreno, abogado especializado en regulación y normalización del sector energético quien pronostica un escenario positivo para las energías limpias e identifica las metas que deberá cumplir el Gobierno para descarbonizar su economía, en conversaciones con Energía Estratégica
¿Se esperan nuevos proyectos renovables para 2024?
Se han anunciado proyectos significativos en los últimos años y se espera que continúen desarrollándose. Además, es innegable que el país siempre ha tenido un gran potencial para la generación de energía solar y eólica debido a su ubicación geográfica.
Por su parte, la conciencia sobre la importancia de la energía limpia está creciendo en la sociedad mexicana, lo que podría impulsar la demanda y la inversión en proyectos de energías renovables en un futuro próximo, así como la promoción de generación distribuida en distintos puntos de la república.
¿Cuáles son los temas que más les están preocupando a sus clientes?
La lucha por el control del sector energético. La disputa se centra en la política energética de México, donde el presidente busca dar prioridad a la CFE y limitar la participación privada en el sector, argumentando que esto es en interés del país. En ese sentido, el logro de las metas de generación eléctrica con tecnología limpia en 2024 dependerá en gran medida de la consistencia y la claridad de las políticas públicas futuras.
La situación legal en torno al marco normativo que regula el sector energético en México aún no está completamente resuelta y continuará desarrollándose a medida que los juicios de amparo avancen y lleguen a instancias judiciales superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La interpretación de la ley por parte de los jueces y la aplicación de las suspensiones concedidas serán elementos clave para que se generen condiciones de confianza en la participación de energías renovables.
En este contexto, ¿cuáles son los desafíos para este año?
Impacto en la Transición Energética: la Secretaría de Energía (SENER) emitió un cambio regulatorio en 2019 que permite que centrales eléctricas de generación limpia que entraron en operación antes de la Reforma Energética puedan acreditar CELs. Esto ha resultado en una sobreoferta de CELs en el mercado, generando un despropósito en el mecanismo de otorgamiento. Lo que plantea como interrogante es sí México podrá alcanzar sus metas de generación limpia en el largo plazo y si la transición energética se verá afectada.
Nuevo Equilibrio de Mercado: la reducción de capacidad renovable afectará el equilibrio del mercado eléctrico. A medida que los precios de la electricidad aumenten debido a la reducción de capacidad renovable, podría haber un nuevo incentivo para invertir en generación limpia en el futuro.
Impacto en el Desarrollo de Proyectos de Energía Limpia: los cambios regulatorios para el despacho de centrales, así como en los procesos de interconexión de centrales limpias han generado incertidumbre en la industria eléctrica y puede afectar el desarrollo de proyectos de energía limpia a largo plazo.
México comienza a transitar de lleno a la campaña para las elecciones presidenciales de 2024 por lo que la estabilidad y la previsibilidad en el marco regulatorio del sector eléctrico son fundamentales para atraer inversiones en proyectos de energía renovable. La incertidumbre en las políticas gubernamentales y las preocupaciones sobre el respeto a las leyes pueden disuadir a los inversores y hacer que busquen oportunidades en otros lugares más predecibles.
Considerando los intentos de la actual administración en cambiar el paradigma del sector energético, nos lleva a pensar que en el próximo sexenio existirán pretensiones por impulsar una reforma constitucional en materia energética y/o en su caso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). La reforma constitucional buscaría:
Limitar aún más la participación privada, estableciendo un porcentaje mínimo de generación para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ordenando la cancelación de contratos con empresas privadas sin mencionar causas específicas.
Eliminar la autonomía de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (Comisión Reguladora de Energía), lo que podría tener un impacto en la supervisión y regulación del sector energético.
Cambio en la estructura del sistema energético, regresando al modelo monopólico de la CFE.
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