La Secretaría de Energía dispuso una prórroga por CIEN (100) días corridos, a contar desde el vencimiento del plazo inicial de 60 días corridos dispuesto en julio último (Resolución 574/2023), para que las concesionarias de las Centrales Hidroeléctricas ALICURÁ, EL CHOCÓN ARROYITO y CERROS COLORADOS continúen a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente, debiendo cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido periodo.

Ello, fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, y en el marco de los previsto en los respectivos contratos de concesión por 30 años, que estan concluyendo en estos meses. En los contratos referidos -privatizaciones dispuestas en 1993- esta contemplada la posibilidad de una prórroga por hasta 12 meses por las razones antes señaladas.

A través de la Resolución 815/2023, publicada en el Boletín Oficial, también se establece “la continuidad como veedor, para todas las centrales referidas, a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA), quien actuará con el alcance establecido en cada uno de los Contratos de Concesión”.

El gobierno nacional, a través del ministerio de Economía, ya anunció su decisión de no renovar tales concesiones. En principio entonces vuelven al Estado.

En los considerandos de la R-815 se explica que “habida cuenta de la información presentada por ENARSA y el ENRE-organismo descentralizado en la órbita de la S.E.- respecto al avance en la transición de las Centrales Hidroeléctricas referidas, se estima conveniente” disponer la prórroga indicada “a los fines de realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales, haciendo uso del Artículo 67.1 de los Contratos de Concesión, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de ampliarlo hasta el plazo máximo fijado en los contratos”.

El veedor ENARSA “tiene el derecho de asistir a todas las reuniones de la Asamblea y del Directorio de la concesionaria para lo cual deberá ser formalmente citado, como así también el de examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido”, describe la resolución firmada por Flavia Royon.