En Puerto Rico, la política pública energética está experimentando una revolución, encaminada hacia un sistema resiliente y confiable. Francisco Berríos Portela, secretario auxiliar de Asuntos Energéticos en La Fortaleza, destacó recientemente en el Foro Soluciones Sostenibles para el Desarrollo de Energía Renovable a Gran Escala los avances y logros de las leyes y políticas que están transformando el panorama energético de la isla.
Principalmente, la Ley 17 del 2019, conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, se presenta como el faro que guía el rumbo de la isla hacia un sistema energético resiliente, confiable y robusto. Según Francisco Berríos Portela, la implementación de esta ley no es una opción, sino una necesidad imperante para lograr los objetivos energéticos deseados.
Uno de los hitos más notables de esta legislación es el aumento exponencial de sistemas de generación distribuida interconectados a la red eléctrica. Actualmente, más de 102,000 sistemas están en funcionamiento, un marcado contraste con los menos de 20,000 previos a cuando se aprobó la ley. Ahora bien, la Ley 114 en el 2007 fue de las primeras leyes que motivó a que los consumidores se sumaran a la medición neta.
Pero el alcance de la política pública va más allá. El sistema energético de la isla se va alejando de su pasado centralizado y se orienta hacia un modelo más descentralizado y sostenible. El desarrollo de proyectos de energía solar a gran escala, con varios megavatios en funcionamiento y muchos más en construcción, junto a microrredes y sistemas de generación distribuida que van camino a la masificación refleja este cambio de paradigma.
Mientras se promueve la generación distribuida, permitiendo a los ciudadanos y empresas producir su energía y, en caso de excedentes, exportarla a la red eléctrica con beneficios financieros. Se esperan unos 3700 MW de renovables adicionales en gran escala y al menos 1000 MW de almacenamiento equivalente producto de los Solicitudes de Propuestas (RFP). Erigiendo a las energías renovables como un pilar de la política pública.
En tal sentido, la diversificación de fuentes de energía es un componente fundamental de la política pública. La Ley 82 del 2007, promueve la integración de energías renovables, incluyendo fuentes como la energía solar y eólica. Pero actualmente también se están explorando oportunidades en biogás, landfill gas y energía oceánica bajo una visión clara: «no poner todos los huevos en una sola canasta», sino aprovechar una mezcla diversificada de fuentes energéticas para garantizar la resiliencia y confiabilidad del sistema.
Así mismo, la política pública también promueve la transformación del sistema eléctrico. La Ley 120 del 2018, “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, exige la segregación de servicios en las empresas que gestionan la red eléctrica y la generación, un paso crucial para abrir el mercado y promover la competencia. En tal sentido, Luma Energy y Genera PR avanzarían en el mercado pero sin desplazar la participación de las empresas privadas y prosumidores que se requieren para la ampliación de generación y almacenamiento en el sistema.
Pero eso no sería todo. Según indicó Berríos Portela, la política pública energética también abre las puertas a conceptos como el «wheeling» que ya está dando sus primeros pasos.
«Para lo que es el transbordo ya tenemos una reglamentación y estamos próximos a tener un Service Wheeling Agreement que está en período de comentarios», precisó el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos en La Fortaleza.
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