Las recientes elecciones en Argentina marcan un quiebre político con un nuevo liderazgo impulsando cambios radicales. Aunque el presidente busca legitimidad para medidas revolucionarias, surgen contradicciones y resistencias. En el sector energético, propuestas de liberalización generan incertidumbre sobre el cumplimiento de compromisos ambientales. La privatización de empresas estatales y la urgencia en infraestructura plantean desafíos, mientras el país navega por un terreno desconocido con riesgos y vacíos conceptuales.
Las elecciones han producido un quiebre en la política argentina. Por primera vez llega a la presidencia un grupo dirigente que predica profundos cambios estructurales inéditos en todos los ámbitos de la sociedad y la economía desconociendo, si es necesario, principios republicanos ampliamente aceptados por nuestra sociedad desde el retorno a la democracia y que ya se consideraban un patrimonio ganado, no sujeto a discusión.
El presidente plantea que el resultado del ballotage de noviembre, donde obtuvo el 56% de los votos, le otorga suficiente legitimidad como para imponer medidas que cambiarían en forma revolucionaria las estructuras que le permitan al país volver a un sendero de crecimiento perdido, sin importar las consecuencias inmediatas porque el resultado final habilita todos los sufrimientos que haya que atravesar para salir de una situación económica terminal, al borde de la hiperinflación, con indicadores sociales alarmantes.
Sin embargo, algunas contradicciones muestran las dificultades y resistencias que se presentan en un camino sembrado de incógnitas y urgencias. Los cambios están en marcha, pero se desconocen los actores económicos que los llevarán adelante y si los mismos tienden a satisfacer el bienestar general o responden a una lógica ideológica corporativa inflexible donde los mercados libres sin controles representan el óptimo económico y social.
Llama la atención que la arquitectura teórica de esta transformación provenga de un grupo de técnicos aislados de la sociedad que prepararon estas ideas para un candidato derrotado, que ahora se ponen al servicio del triunfador de las elecciones, con la convicción que el camino propuesto es el único posible, y no admite discusiones. En un artículo reciente, el economista Ricardo Carcioffi dice, refiriéndose al DNU 70/2023 que “es difícil saber si se habrá elegido la mejor solución posible para cada tópico y si las respuestas resultarán aceptables para los actores involucrados”.
Decreto mencionado es un anticipo de un cuerpo legislativo que acaba de ingresar al Congreso y que comenzará a ser tratado en sesiones extraordinarias. En lo que respecta al sector energético el fondo de los cambios propician profundos cambios en las normas existentes remarcando la tendencia anteriormente mencionada hacia la liberalización total del sector energético, su internacionalización, y la primacía del sector privado en las decisiones de inversión e infraestructura.
En este torbellino, cuyo desenlace esta abierto, hay medidas que desde el Instituto Argentino de la Energía se consideran imprescindibles y que probablemente no sean consideradas en esta primera oleada de transformaciones. Por ejemplo: la ejecución de un Plan Energético integral y estratégico cuyos principios rectores son la seguridad de abastecimiento, la independencia energética, la eficiencia energética, la equidad territorial, la diversificación de la matriz energética y la descarbonización cumpliendo con los compromisos asumidos recientemente en la COP28 en Dubai que establecen triplicar hacia el 2030 la potencia eléctrica instalada proveniente de fuentes renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética.
Otras, largamente reclamadas desde nuestra institución son considerados dentro de la propuesta de ley, como por ejemplo la normalización y unificación de los entes reguladores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural.
También el reordenamiento institucional del sector eléctrico, que será en el futuro la pieza clave de la transición energética pareciera ponerse en marcha luego de más de dos décadas de intervenciones arbitrarias que distorsionaron completamente el funcionamiento del mercado eléctrico y permitieron su profundo deterioro poniendo en riesgo la seguridad de abastecimiento.
Para ello nuestra propuesta de políticas veía necesaria una inmediata regularización de las actividades de CAMMESA abandonando su rol de canalizador de subsidios del estado nacional y volviendo a su rol específico de Organismo Encargado del Despacho.
Quedan por definirse temas importantes del sector, cuyas empresas pertenecientes al Estado estarán casi íntegramente sujetas a privatización, en un remake de las transformaciones de la década de 1990, siendo no menor la discusión sobre el destino de las concesiones hidroeléctricas, una vez que sean revertidas al Estado nacional, o el próximo vencimiento de las licencias de transporte y distribución de gas natural, que podrían ser prorrogadas.
Por último, pero no por ello menos importante estos cambios monumentales tendrán que acomodarse al ritmo operativo del abastecimiento energético que se encuentra fuertemente comprometido, y al restablecimiento de una economía energética sana y sostenible, eliminando la profunda distorsión de precios relativos y la astronómica carga de subsidios que ponen límites a la capacidad de realizaciones en las reformas planteadas.
La infraestructura de transporte de gas natural requiere la continuidad de las ampliaciones realizadas el año pasado, con la extensión del sistema en el tramo Saliquelló – San Jerónimo y la reversión del gasoducto Norte que de no completarse pone en riesgo este invierno la región del NOA con déficit de suministro si desde Bolivia se confirma la imposibilidad de exportar gas natural hacia nuestro país. Este riesgo también puede arrastrar al sistema eléctrico, ya que el polo de generación térmico en Salta y Tucumán es fuertemente dependiente del suministro de gas, que en algunos casos puede ser reemplazado por gasoil y en otros no va a estar operativo.
En los picos de demanda eléctrica este escenario es un desafío, ya que la ausencia de generación del NOA es difícilmente compensada por el resto del parque térmico, y las importaciones de Brasil pueden no ser suficientes. También requiere urgente atención el sistema de transmisión eléctrica hacia los grandes centros urbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, con otros tramos en rojo por saturación en capitales provinciales.
Son inversiones poco atractivas para el sector privado, que en el pasado no mostró la intención de hundir capital en infraestructura de alto riesgo y bajo retorno, que además se requieren en forma urgente para no interrumpir un servicio público esencial.
Quedan abiertos grandes interrogantes como por ejemplo la terminación de las centrales hidroeléctricas sobre el rio Santa Cruz, y su sistema de transmisión hacia los centros de consumo; los acuerdos con China para la construcción de la cuarta central nuclear y el destino que tendrán las acciones de cambios en la matriz energética con la incorporación de fuentes renovables, la generación distribuida que tiene un crecimiento explosivo en Brasil, con más de 2 millones de productores-consumidores (prosumer) en casi dos años, y las acciones de incentivos a la eficiencia energética, que en el mundo requieren de normas, regulaciones y controles de estricto cumplimiento.
Comenzamos a caminar por terreno desconocido, con enormes riesgos y vacíos conceptuales que requieren mostrar un destino al que se pretende llegar. Todas las opciones quedan abiertas, aún no sabemos con qué destino estamos navegando ni a que puerto nos lleva este rumbo.
* Vicepresidente Segundo del Instituto Argentino de la Energía
“General Mosconi”
