La Ley Ómnibus enviada el miércoles por el Poder Ejecutivo al Congreso incluye modificaciones que pueden afectar los precios y abastecimiento de combustible, como la derogación del artículo 1 de la ley 26.741 que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos. Además, a través de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, elimina el “barril criollo”.
La eliminación del barril criollo borra la posibilidad de desacoplar los precios internacionales de los combustibles con el del mercado interno, lo que puede implicar una suba de las naftas en los surtidores.
En su artículo 306, la Ley Ómnibus deroga el artículo 1 de la Ley 26.741, el cual declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, la exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
Por otro lado, en su artículo 258 reemplaza el artículo 6 de la Ley 17.319, conocida como de hidrocarburos. En la modificación establece que los permisionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan, podrán comercializar sus derivados libremente, y establece que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en ninguna etapa de la producción. Además, dice que las empresas estatales podrán vender a “precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, a las correspondientes paridades de exportación o importación”. También ratifica la libertad de exportación y elimina la obligatoriedad de priorizar las necesidades internas.
La ley de hidrocarburos establecía las condiciones para lo que se conoció como barril criollo, que plantea la separación del precio internacional del petróleo del que se maneje en el mercado interno. En ese contexto, en la pandemia y ante la caída del consumo, el Gobierno presentó el decreto 488/2020 que establecía el precio que debía pagarse por el barril en el mercado interno. El precio se desprendía del promedio de la cotización de dos tipos de barriles o del que determinara l autoridad de aplicación.
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