El nuevo presidente argentino, Javier Milei, asumió el cargo en medio de controversias protocolares. Su postura negacionista del cambio climático genera incertidumbre sobre el compromiso internacional de reducción de emisiones. La falta de un programa energético claro y las declaraciones sobre el fin de las obras públicas generan preocupaciones sobre la dirección del gobierno en el sector. La necesidad de un plan aprobado por el Congreso para las inversiones energéticas y la transición hacia fuentes sostenibles es crucial.

Jorge Lapeña (*)

El 10 de diciembre asumió un nuevo gobierno encabezado por el presidente Javier Milei. Es el noveno presidente electo de este periodo de 40 años que nos separan del histórico momento en que Raúl Alfonsín asumiera como el primer presidente de este periodo -que es el más largo de nuestra historia democrática- y que dejó de lado para siempre el golpe y cuartelazo como forma espuria de acceder al poder iniciado el 6 de setiembre de 1930 con el golpe militar fascista del general José Félix Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen.

La asunción del nuevo presidente merece ser comentada por cuestiones de forma y de fondo ocurridas en la ceremonia de traspaso del mando. En ese acto se cometieron errores soslayando cuestiones esenciales que hacen a las formalidades que debe cumplir un acto protocolar y solemne como es la transmisión del mando de un Presidente de la Nación saliente a un Presidente de la Nación entrante en una República auténticamente democrática.

Han sido ya comentados por la prensa en todas sus formas las actitudes de la Vice presidenta de la Nación saliente con gestos displicentes hacia el presidente electo; el no saludo entre ésta y el presidente saliente Alberto Fernández; el rápido abandono de este último del estrado de la Asamblea Legislativa sin saludar; el insulto chabacano e impropio de la Vicepresidenta saliente a un militante con un gesto grotesco.

Todo lo cual se hizo a la vista del público asistente a la ceremonia, y de la ciudadanía en general que siguió el acto por la red nacional de medios del Estado; ante la mirada de los mandatarios extranjeros y ante los miembros del Congreso Nacional reunidos en Asamblea y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en pleno.

Transcurrido ya traspaso presidencial cabe hacer algunos comentarios específicos que vayan más allá de lo anecdótico de una ceremonia que careció de grandeza y de gestos de amabilidad entre quienes finalizaban su mandato y quienes los reemplazaban por los mecanismos democráticos vigentes en la república.

No fue una buena idea del nuevo Presidente asumir en un acto protocolar que se realiza desde siempre en el Congreso Nacional en la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, y omitir nada menos que el discurso inaugural del mandato ante dicho cuerpo.

El discurso que no fue pronunciado frente al pleno de la Asamblea fue reemplazado por el pronunciado en las escalinatas de frente al monumento de los dos Congresos y teniendo como objetivo no hablar ante los representantes del pueblo democráticamente elegidos , sino ante una ínfima proporción del pueblo que en modo alguno sirve para representar razonablemente a “todo el pueblo”.

Si nos focalizamos en el sector energético en particular es claro que el presidente Milei y su gobierno se encuentran en una encrucijada política de difícil salida y que requerirá un replanteo de lo dicho y hecho hasta ahora. El problema más urgente que tiene el nuevo presidente es definirse a sí mismo en una posición clara respecto a la transición energética mundial. Del posicionamiento del Sr. Milei dependerá el posicionamiento de nuestra cancillería y esto condicionará nuestra relación con el mundo en múltiples aspectos.

El ahora Presidente de la Nación se definió a sí mismo como un “negacionista del cambio climático”; lo hizo precisamente en el primer debate entre candidatos realizado en la Facultad de Derecho de la UBA en octubre pp. En esa oportunidad negó que el cambio climático tenga causas antropogénicas en contra de lo postulado por el panel de científicos de Naciones Unidas que ha afirmado lo contrario.

La acción humana mediante la tala indiscriminada de bosques nativos; mediante los cambios en el uso del suelo; y la quema de combustibles carbonosos –carbón, hidrocarburos líquidos y gaseosos- y la emisión de metano y otros gases son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global que experimenta el mundo desde la era preindustrial. Ese calentamiento global se hará insostenible y debe ser controlado.

Una postura política y técnica como la que profesa y sostiene el presidente de la Nación no puede tener otro resultado práctico que el no cumplir con los compromisos asumidos por la Argentina con la comunidad internacional en materia de reducción de emisiones; o al menos un replanteo de las metas comprometidas.

Esta circunstancia podría impulsar al gobierno actual a realizar un giro copernicano respecto a las acciones ya comprometidas con la comunidad internacional en materia de reducción de emisiones. Por otro lado una política negacionista podría enfrentar a las exportaciones argentinas a represalias para-arancelarias por parte de la comunidad internacional produciendo un impacto negativo en nuestras exportaciones de bienes y servicios hacia los países que cumplen con los compromisos de reducción de emisiones.

Desde otro punto vista el gobierno del presidente Milei ha iniciado sus acciones sin un programa energético explícito. No consta en la información que ha sido publicada hasta el presente la existencia de una “plataforma programática editada del espacio LLA” en donde consten los lineamientos básicos de la acción de gobierno. Este hecho introduce de hecho fuertes dudas respecto al accionar futuro del gobierno. Todo indica que el tema se irá develando paso a paso por boca de los funcionarios designados con el transcurso del tiempo.

La inexistencia de un partido político tradicional como sostén del gobierno del presidente Milei y la carencia o simplicidad del discurso de él mismo como candidato y ahora como presidente hacen impredecible el programa de acciones futuras. El presidente mismo introdujo tempranamente el tema de la privatización de YPF, pero la liviandad de las afirmaciones hacen pensar que -como ocurrió en el caso de la “dolarización prometida”- podrían tratarse o bien expresiones de deseos, o bien de solo proyectos con base ideológica liberal; pero todavía muy inmaduros y no factibles. El tema se irá aclarando con el paso de las semanas.

En este contexto debería enmarcarse también la afirmación presidencial de que se acaban las obras públicas en la Argentina, una afirmación temeraria. Lo que se debe acabar es la obra pública mal decidida, la obra pública impulsada con fines inconfesables; la obra pública como sinónimo de corrupción o de cambio de favores políticos; se debe acabar la obra pública como vehículo de coimas o como forma de sumar votos en el Congreso.

Por otra parte me resulta un razonamiento infantil pensar, por ejemplo, que nuestro parque de centrales hidroeléctricas de gran porte -cuyas concesiones vencen a partir del año en curso – y que por lo tanto, constituyen un tema de urgente tratamiento por parte de esta administración puedan ser objeto de interés privado para realizar las cuantiosas inversiones para extender la vida útil de las mismas.

Me pregunto a título de ejemplo: ¿hay en la Argentina algún inversor privado que tenga interés en extender la vida útil de la central hidroeléctrica del Chocón por 50 años hacia adelante afrontando todos los costos de inversión y recuperando los mismos a lo largo de la vida útil del emprendimiento. Si así fuera: ¿Cuál sería la tasa interna de retorno que pretendería el inversor en las actuales circunstancias económicas?

El nuevo gobierno debe tomarse su plazo para meditar acciones y decisiones sobre las inversiones energéticas públicas y privadas que sea necesario realizar en los próximos años; esas decisiones deberían formar parte de un plan de largo plazo que debería contemplar la transición energética posible. Ese plan debería ser aprobado por ley del Congreso.

Dicho lo anterior creo importante destacar dos decisiones que creo oportunas tomadas por el gobierno en estos pocos días de gestión y aún con los elencos de funcionarios incompletos. La primera de ellas está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual se Declara la Emergencia del sector Energético Nacional que incluye la generación, transporte y distribución de la Energía Eléctrica; y el transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Decreto faculta en forma amplia a la Secretaria de Energía de la Nación para establecer mecanismos para la sanción de precios de competencia que permitan la recuperación de los costos operativos y cubrir la realización de las inversiones para sostener la expansión de los servicios. Asimismo determina se inicien los procesos de revisión tarifaria conforme a los establecido en las leyes de marco regulatorio vigentes.
Un punto realmente importante es disponer a intervención de los Entes Reguladores ENRE y ENARGAS como lo postula el artículo 4 del decreto. La unificación de ambos entes en un ente único podría ser una buena idea y ahorrar muchos gastos repetidos.

En este contexto sería importante que el gobierno encomiende a los interventores designados un Informe inicial dejando constancia de las anomalías institucionales detectadas al comienzo de la intervención; y correlativamente exigir un informe final un mes antes de la finalización de la intervención donde se detalle lo actuado y cómo fueron corregidas las anomalías detectadas al inicio de la intervención.

Tener presente que la experiencia prueba que es muy fácil intervenir una institución; y muy difícil finalizar dicha intervención cumpliendo los objetivos de transformación y reparación que dieron origen a la misma.

(*) Es Secretario de Energía y Presidente del Instituto Argentino
de la Energía Gral. Mosconi