El Ministerio de Energía de Ecuador anunció la reanudación de las operaciones de un campo petrolero ubicado en la reserva amazónica Yasuní, que permanecía bloqueado por protestas indígenas para reclamar por obras ofrecidas por la empresa.

“El proceso de reinicio de perforación tomará tres días; sin embargo, los pozos serán prendidos hoy mismo” en el Campo Ishpingo, en la provincia nororiental de Orellana, informó la cartera en un boletín citado por la agencia de noticias AFP.

El miércoles, la firma estatal Petroecuador había evacuado a funcionarios y contratistas que estaban en dicho campo, que junto con Tiputini y Tambococha forma parte del Bloque 43-ITT, ubicado dentro de la reserva natural amazónica del Yasuní. 

Según la cartera, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, “lideró con éxito” una mesa de negociaciones en la que participaron el Gobierno, autoridades locales y líderes de la comunidad indígena amazónica de Kawymeno, de la etnia waorani, en la cual se acordó el fin de las protestas que paralizaron la actividad.

Las autoridades ecuatorianas reafirmaron su compromiso de atender las peticiones de la comunidad que “lamentablemente no fueron cumplidas en administraciones anteriores por falta de voluntad política”, según Arrobo.

“Asumimos la responsabilidad de corregir estas omisiones y asegurar que cada comunidad reciba la atención y los recursos que merece. Estamos comprometidos a ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de cada ciudadano”, agregó la responsable del Ministerio de Energía.

Las protestas de los pobladores de la comunidad Kawymeno comenzaron el 25 de diciembre y ocasionaron “la reducción de unos 17.000 barriles de petróleo por día” desde el último miércoles, según Petroecuador.

Con el fin del bloqueo, fue levantada la declaratoria de fuerza mayor en dicho campo, emitida ayer por la estatal petrolera. 

En un referendo efectuado en agosto pasado, los ecuatorianos decidieron la suspensión de las actividades petroleras de este bloque, para lo cual el Gobierno debe desmantelar la infraestructura.

Sin embargo, el Ejecutivo dijo en ese momento que tenía “algunas consideraciones” que hacer antes de acatar el fallo, dado que la Constitución dice que quienes tienen que decidir sobre una actividad extractiva son los habitantes de la zona, los cuales en este caso habían dicho “no a la consulta” y manifestaron su deseo que “continúe la actividad”.

Antes de conocerse los resultados del referendo, el Gobierno no había objetado que la decisión la tomen los ciudadanos de todo el país.

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