El Secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, anunció que habrá importantes modificaciones en el actual esquema de reducción de subsidios en las facturas del servicio de provisión de gas natural por redes, en el contexto de una reestructuración que además apunta a una Revisión Tarifaria Integral (RTI) en un plazo máximo de dos años, con incrementos transitorios en los valores de transporte y de distribución, además del precio del gas (PIST).

Chirillo fue el primer expositor en la Audiencia Pública 104, convocada por el interventor en el ENARGAS, Carlos Casares, para analizar la situación del sector, que contó además con presentaciones de las empresas TGN, TGS, MetroGas, Naturgy, Gasnor, Cammuzzi, Gas NEA, entre otras operadoras.

También participaron representantes de cooperativas subdistribuidoras, Asociaciones de Consumidores, Intendentes, y del sector industrial.

El secretario de Energía trazó un panorama de la situación que reviste el área energética, de la incidencia negativa que que la política de subsidios en el rubro ha significado en materia de déficit fiscal, y las razones del cambio que se propone el gobierno nacional.

“El esquema anterior tuvo ciertas falencias, puntualizó:
⦁ Los usuarios de N1, N2 y N3 siguieron recibiendo subsidios generalizados porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cubrían el total de costos.
⦁ Superposición de los beneficiarios de planes sociales con estos subsidios. La mayoría categorizados como Nivel 2 (de bajos ingresos).
⦁ Falta de control del padrón de usuarios del ReNuT y coherencias o discrepancias con el RASE y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS)
⦁ El subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente”.
⦁
⦁ Chirillo señaló que la propuesta de cambio tiene cinco pilares fundamentales:
⦁ Determinar los ingresos totales del Grupo Conviviente en una unidad familiar. 
⦁ Determinar una “canasta energética básica” (electricidad+gas), que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de MM3 o kwH/mes que sería el máximo de lo que se considera subsidiable (la Canasta Básica).
 
⦁ A los fines de determinar la canasta básica se establecerán tipos de consumos en distintas zonas del país.
 
⦁ Contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando la diferencia. “subsidio a situaciones de vulnerabilidad”
 
⦁ El subsidio que otorgará el Estado será el diferencial. Es cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del Grupo Conviviente.

⦁ Se propone el traslado gradual total del componente precio de gas PIST de las tarifas finales para la readecuación progresiva de subsidios.
⦁ Ese traslado gradual del PIST, el cual se adecua en función del precio que resulta del tipo de cambio, se propone realizar de la siguiente manera:
⦁ 33% desde el 1º de febrero de 2024 y
⦁ 33% desde el 1º de marzo de 2024.
⦁ 33% desde el 1° de abril de 2024. 
⦁ La readecuación de los subsidios para su focalización en el sector más vulnerable de la sociedad.
⦁ La implementación de un sistema más justo para garantizar el consumo básico energético a los usuarios residenciales que lo necesiten en función de sus ingresos.
⦁
⦁ La segmentación actual se mantiene hasta el 1° de abril de 2024. El nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de dicha fecha, previa audiencia pública que se realizará al efecto.

⦁ Con esta propuesta se cumple con lo dispuesto por la CSJN en el fallo Cepis en tanto y en cuanto se otorga certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad a los nuevos cuadros tarifarios que resulten, señaló Rodriguez Chirillo.

El funcionario hizo referencia al DNU 55/2023 que declaró la emergencia energética y establece la reapertura de la RTI quinquenal. Hasta tanto podran aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas para garantizar el normal suministro a los usuarios.

Hizo hincapié además en la ley marco 24.076 que es la base para establecer la adecuación tarifaria. Esta deberá proveer a los transportistas ingresos para afrontar costos y una rentabilidad razonable. También, que el precio de venta de gas de las distribuidoras a los consumidores incluirá el costo de su adquisición.

“La interrupcion de revisiones tarifarias y el congelamiento de las tarifas llevaron a que éstas no cubran los costos, y a que las operadoras dejaran de hacer inversiones en la expansión del servicio”, señaló Chirillo.

Por la Administración anterior y la falta de señales adecuadas tenemos un sistema energético altamente desinvertido, una balanza comercial deficitaria. Rescató las iniciativas para incentivar la produccion de gas (Programa Gas Ar y Plan Gas Plus) para asegurar el abstecimiento del mercado interno. Y también que el Estado invirtió en el GPNK y procura inversión para la reversión del Gasoducto Norte.

“Se deberan adoptar medidas para que los usuarios paguen una tarifa justa y razonable, se asegure que la energia producida cubra la demanda, se revierta el deficit comercial del sector, y que el sector privado realice las inversiones para expandir la infraestructura”, describió.

A su turno, las empresas transportadoras y las distribuidoras coincidieron en señalar los retrasos tarifarios para cubrir sus respectivos servicios, la consecuente limitación en las inversiones realizadas, que en muchos casos se limitaron a garantizar el suministro en las condiciones de seguridad y eficiencia necesarias.

Por ello, coincidieron en señalar una pronta recomposición de lo que deberían percibir para recuperar tal atraso en relación a la evolución de los costos de sus insumos, y la fuerte diferencia a la baja entre lo que se han movido sus tarifas en los últimos años, comparado con la evolución de diversos índices de la economía.

Todas coincidieron, además, en señalar la necesidad de que el gobierno disponga una actualización mensual de los montos que perciben (VAD, VAT), en base a la evolución del Indice de Precios IPIM, un criterio que Energía comparte “para evitar nuevos retrasos a futuro”.

Las actualizaciones propuestas son por porcentajes que varían según las varias categorías de usuarios residenciales, y comerciales e industriales. y su incidencia en las facturas finales es proporcional a la incidencia que tiene en su integración cada componente tarifario.

En la conformación de la factura por el servicio de provisión de gas natural por redes el precio del gas representa 36 %, el transporte 12,5 %, la distribución 25 % , e impuestos 26,5 % aproximadamente.

A modo de referencia, cabe señalar que los ajustes por actualización propuestos en sus índices por las empresas promedian el 400 por ciento. El reflejo en las factura varía además según la región.

A los efectos de considerar el caso de una de las más importantes empresas del rubro cabe señalar que la propuesta de ajuste tarifario realizada por MetroGAS, operadora en la región del AMBA.

Se enmarca en las facultades conferidas por el decreto 55/2023 de adecuar transitoriamente las tarifas y ajustarlas periódicamente hasta tanto culmine el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Representa un aumento punta a punta del 376,52 %, aplicable a partir del 1° de febrero de 2024 y tienen en cuenta que durante más de 4 años los aumentos que se dieron (marzo de 2021, junio 2022 y mayo 2023) se mantuvieron por debajo de la inflación.

“El porcentaje de actualización surge tomando el algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución ENARGAS 4356/17, cuya base es el índice de febrero de 2018 versus el mismo índice a noviembre 2023 y estimando el incremento de costos del mes de diciembre 2023, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (REM-BCRA) del 19,95 %, y descontando, obviamente, aquellos incrementos ya otorgados entre tales períodos”, describió la compañía al momento de la remisión de la propuesta al Enargas.

De esto resultaría que para los usuarios residenciales (R1 y R2), que representa el 80 % de los 2,4 millones de usuarios que tiene la compañía distribuidora, un incremento mensual promedio de 6.000 pesos. En cuanto al impacto en la factura también depende de lo que el gobierno compute el valor del gas (PIST), mas el transporte y los impuestos.

En los próximos días el Enargas deberá resolver el ajuste tarifario provisorio que regirá para este servicio a partir de febrero.