Puerto Rico registra un importante aumento en capacidad instalada y número de clientes con Medición Neta y Energía Renovable Distribuida. Durante 2023 casi se llegó a duplicar el acumulado histórico.

Considerando las cuentas facturadas, se añadió 310 MW en 2023, casi duplicando los 382MW que existían al fin de 2022, para un total de 692MW de medición neta al fin del 2023.

La cifra asciende a 766 MW en generación distribuida, si se considera el último Informe de Progreso de Interconexión de Sistemas de Generación Distribuida publicado esta semana por LUMA (ver).

Los pronósticos para este año son esperanzadores tras la aprobación de la Ley 10-2024, que enmienda los artículos 4 y 9 de la Ley 114-2007 conocida como «Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica», a los fines de reformular el término provisto para realizar un estudio sobre medición neta y energía distribuida, entre otros objetivos.

Según expresó el senador Juan Zaragoza, proponente de la iniciativa legislativa, el proyecto considera la inestabilidad de la red eléctrica, incluyendo los altos costos de servicio eléctrico y le ofrece un salvavidas a los ciudadanos, las empresas y las organizaciones no gubernamentales que inviertan en sistemas solares de generación.

De esta manera, Zaragoza asegura que se sientan las bases para «resistir cualquier intento de imponer un «impuesto al sol» para financiar un modelo de generación ineficiente, atrasado y contaminante».

«¡Impulsemos el progreso sostenible y rechacemos cualquier intento de socavar los incentivos solares!», aseguró en su cuenta de la red social X.

La nueva Ley fue bien recibida por la industria. Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas en la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA), valoró como positivo el enfoque que se antepone a cualquier argumento que pueda evitar la interconexión de nuevos sistemas fotovoltaicos al 2030:

«Bajo la ley anterior, existía un riesgo real y presente de que tan pronto como abril de este año, los nuevos prosumidores solares del país sufrieran una devaluación del valor de su energía limpia solar exportada, descarrilando radicalmente, o incluso paralizando, la única política pro-renovables clara y consistentemente exitosa en la isla».

«Esta enmienda asegura estabilidad regulatoria prospectiva para que nuevas familias puertorriqueñas puedan continuar instalando sistemas solares en sus techos y puedan seguir generando ahorros en sus facturas eléctricas mientras ayudan a sus vecinos, y a toda la red mediante la energía limpia que exportan. Todo nuevo cliente solar puede estar ahora seguro que si instala su sistema solar antes del 2031 (pues la ley provee un año de transición a cualquier nueva estructura tarifaria post 2030) este podrá beneficiarse de la tarifa de medición neta por no menos de 20 años subsiguientes a la instalación», expresó el referente consultado.

«El valor económico y social que genera para toda la isla esta buena política pública es inmenso: de no ser por los alrededor de 700MW en sistemas solares distribuidos ya interconectados por LUMA, Puerto Rico experimentaría apagones diurnos constantes, ante el déficit persistente de generación central para suplir los picos diarios de demanda eléctrica. Esta funcionalidad colectiva y extraordinario beneficio socioeconómico ya se empieza a expandir a horas de la noche mediante el uso de las baterías solares coordinadas como centrales virtuales que estos prosumidores ponen voluntariamente a disposición de la utilidad».

«Es preciso pues agradecer y felicitar a LUMA por su eficiente y medible gestión de interconexión de sistemas solares, al grupo ecológico y comunitario Sierra Club por peticionar el proyecto de Ley, al Senador Zaragoza por radicarlo, al Senado y Cámara de Representantes de Puerto Rico por aprobarlo unánimemente y, muy especialmente, al señor Gobernador Pierluisi por rapidamente haberlo convertido en Ley con su firma», añadió Rúa-Jovet.

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