El Gobierno de Argentina envió al Congreso Nacional el proyecto de Ley Ómnibus con las modificaciones consensuadas con los distintos bloques de la oposición durante y luego de la Plenaria en Diputados.
Tras señalar en distintas oportunidades que el proyecto de ley “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” no era negociable, Javier Milei finalmente cedió ante la oposición con el objetivo de lograr dictamen favorable y conseguir los votos para su media sanción en la Cámara Baja del Poder Legislativo.
La inclusión de YPF en el listado de empresas públicas sujetas a privatización fue uno de los principales puntos del primer borrador que generó controversias en materia energética, pero el nuevo documento elevado al Congreso desestima esa posibilidad.
Es decir que Yacimientos Petrolíferos Fiscales seguirá teniendo mayoría de capitales estatales (51%), a pesar de que el líder de La Libertad Avanza tuvo como promesa de campaña la venta del paquete accionario de la empresa y que sus asesores más allegados plantearon que la participación del Estado en empresas energéticas resulta en “distorsiones en los mercados y posiciones dominantes”, lo que podría derivar en “gestiones ineficientes, sujetas a influencias negativas por parte del poder político de turno”.
Hecho que incluso captó la atención y debate por parte de las autoridades energéticas de la gestión de Alberto Fernández, como por ejemplo Flavia Royon (hoy secretaria de Minería de la Nación), Cecilia Garibotti, ex-subsecretaria de Planeamiento Energético, y Florencia Terán, ex-directora nacional de Energías Renovables.
“YPF es sinónimo de una política pública basada en la soberanía energética y, por ende, en la soberanía de un país que entiende a este sector como estratégico para su crecimiento y desarrollo”, señaló Royon en aquel entonces a través de la plataforma X (anteriormente llamada como Twitter).
Mientras que Terán subrayó que “con su compromiso en proyectos de energía renovable, YPF demuestra su responsabilidad hacia un suministro de energía confiable y asequible para los argentinos”, y destacó que su privatización pondría en peligro tales proyectos y la soberanía energética nacional.
Y cabe recordar que YPF Luz cuenta con 497 MW capacidad renovable instalada, de los cuales 100 MW corresponden al parque solar El Zonda (puesto en marcha en mayo de 2023), mientras que el resto es eólico.
Pero ese número se incrementará una vez la compañía termine de construir el parque eólico General Levalle, de 155 MW de potencia. Hecho que está previsto en el corto plazo ya que recientemente arribaron los primeros aerogeneradores de la central ubicada en la provincia de Córdoba.
Otras empresas no correrán con el mismo destino
YPF fue la única entidad eliminada del listado del proyecto de Ley Ómnibus, por lo que aún existen otras compañías estatales que finalmente sí estarán sujetas a privatización, en concordancia con el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei lanzó a fines de diciembre del 2023.
Energía Argentina SA (ENARSA) es una de las firmas involucradas con las renovables que todavía está prevista a pasar a manos privadas. Situación que se dará en medio de un proceso por concretar proyectos de hidrógeno verde.
La compañía había lanzado una convocatoria pública para la presentación de expresiones de interés (EDI) para el desarrollo de la primera central de H2V en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde los interesados podían postularse para la venta del desarrollo de un proyecto eólico de 200 MW de capacidad o suministrar 1 TWh/año de energía eléctrica al hub de H2V en Bahía Blanca.
Y tras realizar el estudio de prefactibilidad y licitar la ingeniería de detalle para la planta electrolizadora y para la terminal portuaria de exportación, el escenario se iba a preparar para una convocatoria EPC del parque eólico, la planta electrolizadora y la propia terminal portuaria de exportación, tal como informó Energía Estratégica a principios de septiembre del año pasado (ver nota).
Por lo que restará saber si la iniciativa del Poder Ejecutivo finalmente se aprueba o se rechaza en el Congreso, ya sea durante las sesiones extraordinarias tras la prórroga de las mismas hasta el 15 de febrero, o en las propias sesiones ordinarias.
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