México, junto con otros 100 países, tiene la meta de generar el 35% de la electricidad a partir de energías limpias este año y el 50% para 2050.
No obstante, en los últimos 5 años se han otorgado permisos para centrales que utilizan combustibles fósiles con inversiones estimadas de más de 4,300 millones de dólares y el 70% de la capacidad de generación que se encuentra a la espera de un permiso es basada en combustibles fósiles.
En este contexto, la investigadora y consultora socioambiental Marilyn C. González Ojeda y la especialista en electricidad y circularidad para la descarbonización y democratización de los recursos (DERS) Valeria Amezcua Santillán, hacen una crítica a la política energética del gobierno actual y sugieren acciones que debería tomar México para acelerar la transición energética, en diálogo con Energía Estratégica.
“Mientras sigan existiendo inversiones en centrales de generación a base de combustibles fósiles, la transición energética está cada vez más lejos, ya que estas centrales que están por construirse tienen tiempos de vida útil de 40 a 60 años y son un reflejo del desincentivo a las renovables en nuestro país”, advierte González Ojeda.
Por ello, para la investigadora es necesario contar con una estrategia nacional que acelere la electrificación de las actividades que dependen de los combustibles fósiles como el transporte y la agricultura.
Y propone: “La agrivoltaica por ejemplo, es una oportunidad para cultivar y producir electricidad en un mismo espacio; los paneles fotovoltaicos y los cultivos generan una relación simbiótica en donde cada uno aporta beneficios al otro. Además, se convierte en una fuente local de electricidad para que los agricultores puedan dejar el uso de combustibles fósiles en el pasado”.
Además, González Ojeda asegura que la reducción de la intensidad energética va a definir la velocidad con la que logremos la transición, por ello, se requiere consumir de manera más eficiente, para tener menos necesidad de quemar combustibles fósiles.
A su turno, Amezcua Santillán, recomienda una serie de acciones a nivel normativo que podrían ayudar a satisfacer esa demanda energética que está en constante crecimiento en México.
“El marco regulatorio en materia de generación de energías limpias es robusto; no obstante, existen algunos cambios que pueden acelerar la integración de las energías renovables, como son la necesidad de reglas claras para el almacenamiento de energía y el remunerar de mejor manera los servicios conexos que aportan estabilidad a la red”, comienza.
No obstante, la especialista puntualiza que lo más urgente del marco regulatorio en México es que “se haga cumplir” al retomar las Subastas de Energía de Largo Plazo, respetando todas las obligaciones y sanciones que establece la Ley.
De acuerdo a Amezcua Santillán, otro ejemplo de una omisión importante es la falta de inversión en las redes del Sistema Eléctrico Nacional.
Y denuncia: “Aunque en nuestra tarifa pagamos los costos de esas obras, no se ejecutan. Esto ha sido uno de los principales frenos para la entrada de las renovables este sexenio que nos ha llevado a un incumplimiento de las metas de energías limpias”.
En conclusión, la experta advierte que el retroceso en la política energética en el último sexenio obliga a mejorar la eficiencia energética de todas las industrias, comercios, transporte e incluso residencias.
“Así como la meta de energías limpias se transformó en una obligación para todos a través de los Certificados de Energías Limpias (CELS), también debería de transformarse esta obligación a través de la medición de la eficiencia energética de todas las actividades económicas del país, tanto de sector público como privado”, argumenta.
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