“Con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible”, el gobierno nacional oficializó a través del decreto 375/2024 su decisión de postergar por 30 días (hasta el 1° de junio) la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y al Dióxido de Carbono, cuyó último ajuste pendiente había programado para el 1 de mayo.

Un criterio similar llevó a Economía a postergar también los preanunciados nuevos aumentos para el gas y la electricidad. “Priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, respondió disgustado Luis Caputo por redes sociales a una nota periodística. El clima social no ayuda.

Acerca del ICL, se trataba del último tramo de un cronograma que había diseñado en enero último el ministerio de Economía para regularizar la aplicación de éste impuesto, que estuvo suspendido durante el año 2023 en procura de una menor incidencia del precio de los combustibles en la inflación.

El cronograma diseñado por Economía (Administración Milei) contempló una actualización gradual -a lo largo de cuatro meses- del ICL y al CO2 correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2023, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, cuyo último tramo resultaría aplicable a partir del mes en curso, inclusive.

Detrás de esta decisión, y también en la de una postergación de los ajustes tarifarios en gas y electricidad preanunciados para abril, y luego para mayo, subyace el objetivo de mostrar un descenso del costo de vida después de los altos índices anotados post devaluación en diciembre, enero, febrero y marzo.

El ministro Caputo remarca en las redes sociales que existe “un sendero fiscal sostenible”, aún considerando que estas postergaciones tienen efecto sobre los ingresos, y que los egresos por subsidios persistirán contra sus objetivos originales de acelerar su reducción en el primer semestre del año.

Los efectos de menores ingresos fiscales se están acentuando además por la menor actividad en diversos rubros de la producción industrial, y también en la comercial por merma de la demanda.

Acerca de las tarifas, hasta última hora del martes (30/4) persistían las dudas acerca del criterio que aplicaría el gobierno respecto del momento de entrada en vigencia de los ajustes a la suba ya calculados para las tarifas del suministro de electricidad y de gas natural por redes domiciliarias.

En el ministerio de Economía -que tiene en su órbita a la Secretaría de Energía – seguían considerando su aplicación a partir de mayo y tenían todos los cálculos hechos.
Fuentes empresarias del sector dudaban al respecto ya que esperaban ver publicadas las resoluciones antes del fin del mes.

Ya había ocurrido que el ajuste tarifario se había preanunciado para abril, criterio que fue revisado al evaluar su incidencia en el índice de la inflación del mes que acaba de finalizar. “Pisar” las tarifas va contra el objetivo fiscal de reducir subsidios, pero restaba la decisión política y económica acerca de la oportunidad de aplicación en tiempos de ajuste y desregulación.

Tal parece que tampoco será en mayo, y habrá que ver si el gobierno se anima a disponer en junio nuevos precios del gas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) y nuevos valores para el Transporte y la Distribución del gas.

En el caso del PIST, se inicia el período de nuevos precios (en dólares) correspondiente al invierno, que va desde mayo hasta setiembre. Pasará de U$S 2,94 por millón de BTU que rigió para el verano -octubre hasta abril- a U$S 4,50 el MBTU.

Está previsto que se aplicaría pleno (sin subsidio) para los usuarios residenciales N1 (de altos ingresos). Pero para los precios para los usuarios N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios) serían menores por efecto del subsidio. También será pleno el costo del gas para la MIPYMES y, desde ya, para el resto de los comercios e industrias.

Una novedad en este esquema, diseñado por la Secretaría de Energía, lo constituye la actualización mensual en las facturas del precio del gas PIST, en base a la variación del dólar contra el peso, según cotización del BNA.

La estructura tarifaria del servicio se completa con los valores por el Transporte y por la Distribución del gas, además de la carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales.