Las compañías agrupadas en la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), que representan al 91% de la capacidad instalada eléctrica del país y entre las que sobresalen Pampa Energía, Central Puerto, AES, MSU y Albanesi, emitieron un duro comunicado rechazando la propuesta de la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, para reestructurar la deuda de US$ 1.200 millones mediante un bono en dólares que, en los hechos, implica una quita del 50% por la venta de energía eléctrica y gas natural.
De este modo, se abre un grave conflicto en un sector clave de la economía que podría tener consecuencias operativas en el funcionamiento del sistema eléctrico, según advirtieron en el sector. La oferta del gobierno “afecta los derechos contractuales de los agentes generadores” e implica “una violación a su derecho de propiedad privada”, afirma el comunicado de Ageera.
El gobierno publicó este miércoles la resolución 58/2024 en el Boletín Oficial que le da un ultimátum de cinco días hábiles (la medida original les daba dos días hábiles, pero fue modificada mediante la resolución 66/2024, también publicada este mismo miércoles) para que las generadoras y petroleras acepten la propuesta. Tal como había anticipado EconoJournal, el Ejecutivo propuso saldar la deuda mediante un bono en dólares con vencimiento en 2038 y que hoy cotiza un 50% debajo de la par. Los saldos adeudados tienen que ver con la decisión del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, de no cubrir los costos del sector eléctrico entre diciembre de 2023 y enero de este año.
Ageera señala que la propuesta del Poder Ejecutivo “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales”. A su vez, la asociación remarcó que “implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que venden su energía al spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses”.
También aseguraron que la reestructuración que propuso el gobierno “afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión” y que “resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones, como ya sucedió en el pasado”.
Seguridad jurídica
Ageera subrayó que la resolución 58/2024 impulsada por el Ministerio de Economía «compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado Nacional (Secretaría de Energía), en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los Agentes Generadores los cuales forman parte de su propiedad». A su vez, la entidad aseguró que la decisión oficial “afecta la seguridad jurídica en general, y de manera particular en el Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM, en la que la administración pública modifica unilateralmente contratos de abastecimiento”.
“Es relevante recordar que los PPAs (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) son contratos que se gestaron como un compromiso de Cammesa en el marco de regímenes de promoción de inversiones en un sector en el cual, a pesar de existir la necesidad de nueva generación, no estaban dadas las condiciones para la inversión privada producto de una señal de precio fuertemente distorsionada por los subsidios”, aseguró Ageera.
La modificación unilateral de los contratos y los derechos adquiridos “repercutiría fuertemente en el mercado eléctrico y las señales para inversión futura, así como en la credibilidad financiera de las empresas, del mercado y del país. De esta manera, un problema financiero del mercado energético se convertiría en un incumplimiento del Estado Nacional, fuerte signo de falta de seguridad jurídica”.
Además, Ageera sostiene que “el hecho de sujetar el pago de febrero, para el cual Cammesa posee fondos disponibles desde mediados de abril, a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”.
Por último, remarcan que “ante el escenario de incumplimiento de los pagos descripto, muchos de nuestros asociados han debido reprogramar mantenimientos, diferir la cancelación de costos operativos corrientes, aplazar el tratamiento de paritarias sindicales, siendo objeto de medidas de fuerza y hasta se han visto forzados a poner en riesgo el pago de salarios, encontrándose en muchos casos al límite de sus capacidades financieras. Esta situación afecta el desarrollo normal de nuestra actividad y compromete críticamente la continuidad operativa del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.
, Roberto Bellato
