Puerto Rico está en alerta por el ataque al programa de medición neta que ha iniciado la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB, por sus siglas en inglés).
La controversia se acentuó la semana pasada, cuando se venció el plazo de revisión legislativa impuesto por la Junta para derogar o enmendar la Ley 10 del 2024, ley que no está bien vista por dicha entidad federal, pero que tiene la aprobación unánime de la legislatura puertorriqueña, amplísimo apoyo de la sociedad civil y de la industria de la isla, pues protege la medición neta hasta después del 2030, al posponer a esa fecha un estudio que posibilitaría la devaluación de la compensación al detal de la electricidad limpia que los prosumidores exportan a la red.
Como las autoridades puertorriqueñas no han acatado el ultimátum de la Junta, existe un riesgo claro y presente de que la Junta inicie un litigio para anular la ley, tal como lo indica expresamente su carta publicada el 5 de febrero del 2024:
«Si el Gobernador y la Legislatura no derogan o modifican la Ley 10, la Junta de Supervisión, que se reserva todos sus derechos, tomará las medidas que considere necesarias, incluido el inicio de un litigio para anular la Ley 10».
Ante esta situación, asociaciones civiles y empresariales se encuentran uniendo esfuerzos para comunicar y socializar los beneficios de la energía distribuida en medición neta, así como para exigir se mantenga la vigencia de la Ley 10 del 2024, para mantener el rumbo hacia al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad del sector energético que indican que las energías renovables deben alcanzar un 40% al 2025 y un 100% al 2050 en el archipiélago puertorriqueño.
«Necesitamos construir los proyectos a escala de servicios públicos que están en marcha. Necesitamos seguir aumentando la generación distribuida. Y necesitamos aumentar la eficiencia energética porque cuanta más eficiencia energética tengamos, menos energías renovables se necesitarán para llegar al 100%. Todas esas cosas son importantes para continuar», expresó PJ Wilson, presidente de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA).
Durante un Solar & Storage Briefing llevado a cabo el pasado viernes 10 de mayo, el director ejecutivo de SESA observó que no es la primera vez que la Junta se antepone al crecimiento de la generación renovable en Puerto Rico:
«FOMB ha rechazado en reiteradas ocasiones las decisiones del Negociado de Energía de Puerto Rico:
En verano del 2021 FOMB publicó una cruda carta cancelando 450 MW de proyectos solares a escala de utilidad;
-sin ningún análisis conocido
-luego de dos años de negociaciones entre los desarrolladores solares, la utilidad y el regulador
-luego de que el Negociado de Energía de Puerto Rico dio su aprobación final a dichos proyectos
-si FOMB no hubiera anulado los mismos, eso 450 MW de energía solar ya estarían construidos al momento y estarían produciendo 4,5% de la energía de la isla y estaríamos en 16.5%
-al haber frenado esos 450MW (luego de haber sido aprobados por el regulador independiente) marcaron a Puerto Rico como una mercado de “alto riesgo” ahuyentando compañías de energía solar multinacionales y muy posiblemente propiciando precios más elevados (por ser considerada de alto riesgo) en futuras ofertas.
-por ende, no existirá un “regulador independiente” mientras exista la presión de FOMB».
Sorprende esta postura, ya que la Junta se ha pronunciado a favor del despliegue de las renovables en reiteradas ocasiones y, de hecho, incluyen el siguiente párrafo en su carta solicitando la revisión legislativa de la Ley 10:
«La energía renovable es clave para el futuro sistema energético de Puerto Rico y para una electricidad más confiable, y la Junta de Supervisión apoya la transición hacia más energía renovable. La transición de la red energética de Puerto Rico a la gestión privada, como se define en la Ley 17 y los Planes Fiscales, ya aumentó considerablemente los hogares con energía solar en los tejados, y la Junta de Supervisión aprobó los contratos para construir más suministros de energía renovable a gran escala que la AEE había adquirido y el NEPR había aprobado».
Desde SESA observan la inconsistencia entre estas declaraciones y la reticencia a las renovables que demuestra la Junta en sus requerimientos recientes. Además, la Junta no tendría argumentos ante el bajísimo nivel de penetración renovable, que apenas alcanza el 12%.
«La devaluación de las exportaciones solares en California y Hawai, lo cual, dicho sea de paso, destruyó la industria y miles de empleos en esos estados, de todos modos comenzó cuando allí habían alcanzado altísimas penetraciones de generación distribuida, pero en Puerto Rico recién estamos comenzando. Denos una oportunidad de crecer y mantener esta importantísima industria local», expresó Javier Rúa-Jovet, director de políticas públicas de SESA.
A aquel pedido se sumó el hacedor de la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019, Eduardo Bhatia Gautier, exsenador por el Partido Popular Democrático y expresidente del Senado de Puerto Rico, quien además puso el acento en fomentar el diálogo con los tomadores de decisión durante este mes para no tomar medidas que vayan en detrimento de la generación distribuida renovable:
«Estén atentos, los próximos 30 días van a ser cruciales. Ayúdenos a abrir esas puertas para tener una conversación que nos asegure de extender el programa de medición neta que tenemos ahora».
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