La Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile determinó la eliminación de la mega licitación de sistemas de almacenamiento (SAE) que estaba incluída dentro del proyecto de Ley de Transición Energética (oficialmente iniciativa que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad). 

Dicha licitación primeramente fue impulsada por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo una convocatoria de USD 2000 millones para que las centrales de almacenamiento inicien operación a fines de 2026. 

A medida que se trató en las distintas instancias del Poder Legislativo, se estableció que sería una doble licitación (una de infraestructura y otra de servicios complementarios para la red); luego se definió que la capacidad a subastar salga de la diferencia entre 2000 MW [inicialmente previstos] y proyectos de storage que estén en operación, declarados en construcción o comprometidos en licitaciones, con un tope máximo de 500 MW (ver nota). 

Ello derivó en que finalmente se eliminara la convocatoria del proyecto de ley por propio pedido del Ministerio de Energía de Chile, con la argumentación de que entre junio de 2023 (mes en que se presentó el PdL) y la actualidad, se han declarado en construcción 1360 MW de sistemas de almacenamiento, otros 240 MW en pruebas, y 400 MW en operación, 

Es decir que todos esos SAE totalizarían los 2000 MW de capacidad de storage que se pretendían licitar, y, en consecuencia, ya no se justifica dicho llamado público previsto en la iniciativa del gobierno. 

“El proyecto de ley, en su mensaje original, consideraba que necesitamos 6 GW de almacenamiento al 2050 y 2 GW al 2030, siendo estos últimos donde requeríamos apurar el tranco. Esa licitación iba a considerar los 2 GW de manera residual respecto de lo que fuera la respuesta del mercado, que éste podía responder por sus propios medios a la demanda del almacenamiento y que el Ejecutivo seguiría avanzando en licitar terrenos fiscales para SAE”, sostuvo Diego Pardow, ministro de Energía de Chile. 

“Si aprobáramos este proyecto de ley, sujeto a la respuesta de mercado, estaríamos haciéndolo con condiciones ya cumplidas. Por ende, buscamos suprimir el artículo transitorio N°9 (…) Pero se seguirán trabajando en los sistemas stand – alone a través de terrenos fiscales ”, aclaró durante la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado. 

Pardow hizo referencia al plan nacional para impulsar proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en terrenos fiscales, cuyo destino sea conectarse a alguna subestación del Sistema Eléctrico Nacional, relanzado por el Ministerio de Energía y el de Bienes Nacionales a principios de mes. 

Dicho proceso está abierto a todo tipo de tecnologías (química, potencial, térmica, entre otras), pero con la la particularidad de que existirá límite de capacidad de almacenamiento a emplazar en cada una de las macrozonas identificadas por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), por lo que la sumatoria de los proyectos comprometidos en las subestaciones específicas no podrá sea superior al máximo indicado en el siguiente cuadro. 

Además, cada sistema propuesto deberá tener una duración mínima de 4 horas y el plazo de concesión solicitado para el terreno fiscal no podrá exceder de 40 años, contados desde la suscripción del contrato de concesión. 

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