La Resolución 40042, expedida el 7 de febrero de 2024 por el Ministerio de Minas y Energía (MME), establece lineamientos para modificar la Fecha de Puesta en Operación (FPO) de proyectos de energía renovable y ajustar los esquemas de garantías.
Si bien la CREG tenía un plazo de tres meses para regular lo dispuesto en los numerales 7.1 y 7.2, con el 7 de mayo del 2024 como fecha límite, está en mora de cumplir con lo ordenado.
En este contexto, expertos del sector alertan que esta demora en la regulación podría traer serias complicaciones en la industria renovable.
Uno de ellos es Iván Martínez Ibarra, presidente de EGAL, firma dedicada a la investigación y la ejecución de proyectos energéticos a gran escala, quien en exclusiva con Energía Estratégica, explica las consecuencias de la actitud del órgano regulador y enfatiza en la necesidad de acelerar los ajustes normativos necesarios para garantizar la viabilidad de los proyectos FNCER y apoyar la transición energética de Colombia.
¿Qué efectos negativos puede tener para Colombia esta mora de la CREG?
Muchos proyectos, por diferentes razones ajenas a los mismos, no pueden cumplir las Fechas de Puesta en Operación (FPO). Esto podría resultar en la pérdida de la autorización de conexión, un proceso largo y complejo de obtener, causando que los inversionistas pierdan todo su capital y la confianza en el gobierno colombiano. Esto sería percibido como una abierta injusticia.
Además, la falta de cumplimiento de la Resolución 40042 de 2024 del MME por parte de la CREG está afectando la credibilidad en el proceso regulatorio y en la capacidad del gobierno para apoyar la transición energética. Esta mora podría resultar en una avalancha de proyectos que no se construirán, lo cual incrementa la desconfianza en este sector y en las instituciones gubernamentales responsables.
¿Por qué motivos cree que la CREG está demorando esta regulación y cuando cree que saldrá?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Al parecer, los problemas de gobernanza y de coordinación han sido un factor significativo en esta demora. La falta de acciones por parte de la CREG refleja una desconexión entre las políticas gubernamentales y la implementación regulatoria efectiva.
Dada la urgencia y la importancia de esta regulación para la viabilidad de los proyectos FNCER, se espera que la CREG actúe de inmediato para solucionar esta situación.
¿Cómo deberían ser los lineamientos de la regulación para garantizar la viabilidad de los proyectos FNCER y apoyar la transición energética en Colombia?
Si bien se deben mantener las garantías actuales, que son diez veces más altas que las anteriores, los requisitos para mover las FPO deben ser más flexibles y las causas de dichos cambios más amplias.
En caso de que el interesado no desee proporcionar explicaciones, debería tener la opción de aumentar el valor de la garantía acorde al tiempo que necesita. No debería perder la conexión por un incumplimiento de la FPO.
La regulación debe permitir ajustes razonables en las FPO sin penalizar excesivamente a los desarrolladores de proyectos, promoviendo así un entorno más favorable para las inversiones en energías renovables. Además, se deben establecer procedimientos claros y transparentes para el ajuste de las FPO y el manejo de las garantías.
¿Qué tan necesario es ajustar los esquemas de garantías y cómo deberían ser?
Es muy necesario ajustar los esquemas de garantías actuales, ya que las condiciones son extremadamente riesgosas. Se deben proporcionar mayores garantías y seguridad, además de flexibilizar el cambio de las FPO.
Estos esquemas deben reflejar el riesgo real de los proyectos y ofrecer opciones para ajustar las garantías sin poner en riesgo la viabilidad del proyecto ni la autorización de conexión. Ajustar estos esquemas es crucial para fomentar la inversión y asegurar que los proyectos FNCER puedan desarrollarse y operar de manera sostenible y efectiva.
En conclusión, si no se ajusta el tema de las FPO y garantías, desde EGAL estamos seguros que tendremos una fuga inmensa de capitales del sector de renovables.
Además, las garantías ya se aumentaron por 10 para evitar especulaciones, por lo tanto, todos los que tienen garantías actuales están demostrando la seriedad de sus proyectos con montos importantes.
Si bien debemos asegurarnos de que los proyectos se construyan y presionar para que así sea, el Estado, antes de amenazar e intimidar con hacer efectivas las garantías, debe ayudar y colaborar para que los inversionistas, desarrolladores y toda la cadena puedan llevar a feliz término los proyectos, evitando aprovechamientos y riesgos innecesarios.
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